YPF: la ofensiva de Milei contra los Eskenazi y el vínculo que llega hasta San Juan
El Gobierno de Javier Milei busca que Estados Unidos investigue el origen de la participación que el Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi, tuvo en YPF. En San Juan, la disputa tiene una derivación directa por el vínculo de los Eskenazi con el Banco San Juan.
La disputa judicial por la estatización de YPF tiene un nuevo capítulo vinculado a la familia Eskenazi. El gobierno de Javier Milei busca que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigue el origen de la participación del Grupo Petersen en la petrolera, mientras tanto en San Juan el apellido que aparece en el centro de esa ofensiva tiene una presencia concreta en el sistema financiero provincial.
Los Eskenazi están vinculados con el Banco San Juan S.A., una de las principales entidades financieras de la provincia. El banco participa de operaciones con el Estado sanjuanino, entre ellas el pago de sueldos públicos, la recaudación de impuestos de Rentas y la administración fiduciaria de fondos vinculados con la actividad minera.
La conexión adquiere relevancia porque, mientras el Gobierno nacional cuestiona en Estados Unidos el origen de la participación de los Eskenazi en YPF y busca revisar los antecedentes del litigio, en San Juan una entidad vinculada con la familia mantiene un papel central en el circuito financiero de la administración provincial.
El objetivo de la ofensiva de Milei es neutralizar el intento de Burford Capital de revivir la condena de 16.000 millones de dólares ante la Corte Suprema de EE.UU. y ejecutar activos del país.
El origen del conflicto
El caso comenzó con la estatización del 51% de YPF en 2012, pero el origen de la disputa se remonta algunos años antes. Según una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada por La Nación, la Casa Rosada busca que el Departamento de Justicia estadounidense concentre su atención en la adquisición del 25% de YPF que realizó el Grupo Petersen en 2008.
Los Eskenazi ingresaron entonces a la petrolera mediante préstamos otorgados por Repsol y un consorcio de bancos. El esquema contemplaba que esas obligaciones se cancelaran con los dividendos futuros de YPF.
Para el Gobierno argentino, esa estructura constituye un elemento central para revisar el origen de una disputa que luego terminó en el litigio que hoy impulsa el fondo buitre Burford Capital.
«El objetivo fue que el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos debía iniciar una investigación con foco en el hecho precedente a lo que se estaba debatiendo en el juicio en Nueva York, porque consideramos que todo lo que vino después, con el fondo Burford, estaba contaminado», explicó a La Nación un exalto funcionario del gobierno de Milei que participó directamente en las tratativas de carácter confidencial.
La estrategia oficial apunta, de ese modo, a cuestionar los antecedentes de la operación antes de concentrarse en las consecuencias de la estatización de 2012.
La ofensiva en Estados Unidos
La estrategia del Gobierno incluyó gestiones en Estados Unidos y la contratación de una consultora privada de inteligencia con oficinas en Washington, según fuentes gubernamentales citadas en la investigación.
La firma recibió el encargo de recopilar y revisar información financiera y societaria vinculada con la familia Eskenazi y sus empresas en el exterior. El objetivo era verificar los antecedentes que el Gobierno pretendía presentar ante el Departamento de Justicia.
«Elaboró un informe, sí», confirmó una de las fuentes que tuvo acceso a los movimientos oficiales. «La orden fue que procesara toda la información disponible y que pudiera conseguir, para estar seguros de que los datos que fuéramos a presentar ante el Departamento de Justicia estuvieran verificados».
Las gestiones también alcanzaron al ámbito político de Washington. Según la información difundida, funcionarios argentinos mantuvieron reuniones para intentar conseguir el involucramiento de Pam Bondi, exfiscal general de Florida y figura cercana a Donald Trump.
Después de esas conversaciones, el Gobierno preparó y presentó una nota formal con los argumentos de la Argentina. En paralelo, emisarios oficiales sondearon a firmas de lobby con presencia en Washington para sumar respaldo político y técnico ante la administración Trump.
Hasta el momento, no existe una confirmación pública de que el Departamento de Justicia haya abierto formalmente una investigación penal.
Burford y la pelea por la indemnización
La ofensiva del Gobierno se produce después de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara la sentencia de primera instancia que había condenado a la Argentina a pagar US$16.000 millones.
Burford Capital, el fondo buitre que compró los derechos de litigio de las sociedades Petersen, anticipó que buscará llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El fondo adquirió en 2015 los derechos de litigio de las sociedades Petersen radicadas en España por 15 millones de euros. Ahora analiza recurrir ante la Corte Suprema para intentar recuperar la validez de la condena dictada originalmente por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York.
«Acreedores e inversores han perdido miles de millones de dólares a causa de los actos ilegales del Gobierno argentino», sostienen voceros oficiales de Burford Capital.
El fondo sostiene que la Argentina incumplió los estatutos de YPF al no realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) cuando nacionalizó el 51% de las acciones de la compañía en 2012.
El capítulo sanjuanino
La dimensión provincial del caso no se limita a la relación de los Eskenazi con el Banco San Juan. La relación con Vicuña suma otro elemento a la discusión. El reciente fideicomiso por US$250 millones contempla una comisión de hasta el 0,45% más IVA para el Banco San Juan, por su participación como entidad financiera. Según publicó 0264 Noticias, se trata de un ingreso que el banco percibiría “de arriba” en el marco del acuerdo.
La relación entre el banco y el Estado provincial contrasta con la disputa que el grupo empresario mantiene con el Estado nacional. Mientras en Washington la administración de Milei busca revisar los antecedentes de la operación que dio origen al litigio por YPF, en San Juan el Banco San Juan continúa ocupando un lugar central en el circuito financiero de la administración provincial.
Según Forbes, el patrimonio de la familia Eskenazi alcanzó los US$1.150 millones en 2024. En el escenario planteado por la sentencia inicial de Preska, las sociedades vinculadas con los Eskenazi habrían recibido el 30% de una eventual indemnización, unos US$4.600 millones.
El caso YPF, que se disputa en tribunales estadounidenses y ahora también en los despachos del Departamento de Justicia, tiene así una consecuencia que excede a la disputa entre la Argentina, los Eskenazi y Burford. En San Juan, la familia que quedó en el centro de la ofensiva judicial del Gobierno nacional mantiene una presencia económica y financiera relevante a través del Banco San Juan.