Una olla a presión en Perú

Melisa Trad
30/01/2023

El gobierno de Dina Boluarte eligió reprimir a los peruanos y peruanas que salieron a las calles después de la destitución de Castillo, dejando un saldo de más de 50 muertos. ¿Qué hay detrás de un pueblo cansado?

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La última vez que escribimos sobre Perú, el presidente Pedro Castillo acababa de anunciar la disolución del Congreso y la «reorganización» del sistema de justicia, al tiempo que declaraba que gobernaría a través de decretos ley. Así selló Castillo su final en lo que el mundo calificó como un «autogolpe»: el Congreso lo destituyó horas más tarde y terminó detenido por la Policía Nacional de Perú. Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, asumió el cargo.

La última vez que escribimos sobre Perú, terminamos diciendo que era muy difícil imaginar que Boluarte pudiese finalizar su mandato previsto hasta julio de 2026. Dicho y hecho, la olla a presión en ese país no augura, por ahora, buenas noticias para la actual presidenta.

Pedro Castillo y una muerte anunciada en Perú

Sin embargo, sería ingenuo pensar que las imágenes que nos llegan desde Perú son un reflejo de la actitud desafortunada de Pedro Castillo antes de ser detenido. El país está viviendo, quizá, uno de esos momentos que pueden refundar su propia idiosincrasia. De todo eso hablamos en esta nota.

¿Qué está pasando en Perú?

Ni bien asumió Dina Boluarte el cargo de presidenta de Perú, la gente se volcó a las calles. Pero la geografía de las protestas, en este caso, no puede pasar desapercibida. No es casual que quien más está agitando el avispero en Perú sea el sur, probablemente el lugar más relegado del país. En regiones como Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno -la llamada sierra sur de Perú-, campesinos, campesinas, comunidades indígenas decidieron que la destitución de Castillo, uno de “los suyos”, había sido una injusticia. Se sumaron sindicatos y estudiantes. Si bien el ex presidente proviene de la localidad de Cajamarca, más al norte del país, se trataba de un maestro desconocido de una región también empobrecida que traía una mirada de reparación de las provincias en un país fuertemente centrado en Lima. Fue entonces la sierra sur la que lo eligió mayoritariamente en las urnas, la que denunció en su momento que a Castillo no lo dejaban gobernar y la que sintió con su destitución que su voto fue ninguneado.

Hoy en las calles se pide la cabeza de Dina Boluarte, que se disuelva el Congreso y se llame a elecciones. Algunes también exigen la liberación del expresidente Castillo o abogan por una nueva Constitución para Perú. Para ello decidieron bloquear decenas de rutas y paralizar la economía. Les analistas hablan de que el agro ha perdido más de US$150 millones en lo que va de la crisis: los alimentos se pudren cuando los camiones quedan atrapados en los bloqueos, la imposibilidad de llegar hasta los puertos está perjudicando las exportaciones, haciendo que los productos peruanos se vean desplazados por competidores en los mercados internacionales y algunas zonas del país están sufriendo desabastecimiento y aumento de precios. El turismo, otra importante fuente de ingreso para Perú, también se ha visto perjudicado. Les manifestantes han intentado tomar aeropuertos, se ha afectado el transporte de turistas y por lo tanto el monumento más emblemático del país, el Machu Picchu, ha debido cerrar hasta nuevo aviso. Entre las historias más tristes se encuentra la muerte de un bebé prematuro que no pudo llegar al hospital porque las protestas impidieron el paso a la ambulancia que lo trasladaba. Pero esa no es la única muerte que lamentar hoy en el Perú. 

¿Y el derecho a la protesta?

Ante el panorama de manifestaciones que luego se trasladaron también a la capital, el gobierno decretó el estado de emergencia, implementó el toque de queda en algunas regiones y salió lisa y llanamente a reprimir a la población. Y no, no hablamos solamente de gases lacrimógenos para dispersarlos. Manifestantes y organizaciones de derechos humanos denuncian que la policía está utilizando munición letal de manera indiscriminada. La cantidad de víctimas lo confirman: más de 50 personas han perdido la vida desde que Dina Boluarte asumió el poder. En un solo día –el 10 de enero- se estima que murieron 19 personas en la ciudad de Juliaca. En Lima, por su parte, estudiantes y manifestantes fueron brutalmente desalojados de la Universidad Nacional de San Marcos.

En un solo día –el 10 de enero- se estima que murieron 19 personas en la ciudad de Juliaca.

Las autoridades dicen que se actuó en defensa propia y de manera proporcional. Ante las voces del continente que durante la cumbre de la CELAC empezaron a levantar la voz por las presuntas violaciones a los derechos humanos en ese país, la canciller del gobierno peruano, Ana Cecilia Gervasi, aseguró aquí en Argentina que “no existe instrucción alguna de reprimir con violencia las manifestaciones” y agregó que “grupos autoritarios han actuado en esas manifestaciones con la deliberada intención de generar violencia con fines políticos”.

Alguien deberá responder por aquellos que no volvieron. El gobierno ha prometido investigar las muertes y a su vez la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra la presidenta y el primer ministro, Alberto Otárola, por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. 

Boluarte propuso adelantar las elecciones, tal como lo exigen les manifestantes, pero hasta ahora el Congreso no definió nada al respecto. La cuenta de Twitter oficial de la presidencia ha exhortado a las bancadas a “deponer sus intereses partidarios y grupales y colocar por encima los intereses del Perú para allanar una salida a la crisis política”.

Todo lo que vemos en Perú en este momento se da además en el marco de un fuerte racismo hacia quienes están levantando su voz. Ya sabemos de qué va el cuento, la criminalización de la protesta no es una novedad en nuestra región. Sin embargo, cuesta imaginar un diálogo posible cuando se cataloga a la gente en las calles de “terroristas”. Así, por ejemplo, volvió a sonar el nombre de “Sendero Luminoso”, una organización armada que surgió a fines de los años 60, desató una ola de ataques terroristas en Perú en la década de los 80 y que se reflota cada vez que se quiere desprestigiar a un movimiento popular.

Pero las acusaciones cruzaron fronteras. El gobierno de Dina Boluarte le prohibió la entrada al país al expresidente boliviano Evo Morales y a ocho ciudadanos bolivianos más por «actividades de índole política proselitista». Esto además de acusar al grupo boliviano Ponchos Rojos de introducir armas en Perú en el marco de las protestas. Hasta ahora se desconocen las pruebas que tienen las autoridades para sostener dicha teoría.

Perú, el país ingobernable

Lo que está pasando en Perú no es una serie más de protestas. Es el reflejo de un país que parece ingobernable. Hemos hablado ya del diseño institucional que atenta contra esa gobernabilidad. 

Pedro Castillo y una muerte anunciada en Perú

También del debate jurídico que rodea a la figura de “vacancia por incapacidad moral”, utilizado para presionar y destituir a Pedro Castillo (que se enfrentó tres veces a esta moción) y a otros ex presidentes de ese país.

Son resabios de una Constitución redactada por el fujimorismo en 1993. Constitución que, muches coinciden, urge modificar. La discusión ronda alrededor de si para esto alcanza una reforma constitucional o si es necesario convocar a una Asamblea Constituyente. El problema, susurran algunos, es que en cualquier caso se trataría de la misma élite política ampliamente deslegitimada que viene gobernando al país hace tiempo. De hecho, según números del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 71% de la población desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte y un 88% de las y los ciudadanos desaprueban la labor del Congreso.

Mucho de eso está relacionado con que parte de la población no se siente representada por les que están sentados a la mesa. Menos después de que se destituyó al único presidente con el que se sintieron identificados. El único que volvió a hablarles directamente a ellos, los nadies. Esos mismos que viven en las principales regiones productoras de minerales del país, rico en cobre, oro, plata, plomo y zinc pero que poco lugar tienen en la discusión sobre la distribución de esos recursos y el impacto en el ambiente. El sur se sentía postergado frente a un Estado que nunca invirtió lo suficiente en ellos y que hoy los mata por salir a las calles. “Esto es una lucha de quechuas, aymaras con un Estado criollo que tiene 200 años de República y que sigue marginándonos”, decía alguien en las protestas. 

Hay que reconocer que aunque les manifestantes consideran a Dina Boluarte una traidora y usurpadora del poder, la mandataria asumió su rol en línea con lo que dicta la Constitución. A Dina Boluarte no le faltó legalidad, pero muy rápido perdió cualquier tipo de legitimidad, sobre todo cuando se distanció de su compañero de fórmula. La derecha que hoy la sostiene puede en cualquier momento soltarle la mano: Boluarte no está exenta de terminar como sus predecesores y que continúe el círculo vicioso. Bien le valdría entonces tomar las medidas que haya que tomar para no ser recordada como la presidenta que estuvo un par de meses al frente del país para masacrar a su propia población

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