Trump, la geopolítica del cobre y el futuro de San Juan: la visión de un politólogo calingastino de una minería para el desarrollo
Adolfo Medalla Araya, Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, compartió con La Mecha una columna en la que, desde su visión de docente, investigador y gestor universitario, cuenta cómo impactará el cambio de mando en EEUU en la economía sanjuanina.

La presidencia de Donald Trump tendrá un impacto significativo a nivel mundial, ya que utilizará el poder económico y militar para transformar la matriz productiva y redefinir las relaciones de Estados Unidos con otros países. Pero no es solo un presidente, sino el régimen político de familia capaz de sucederse por décadas y una oligarquía de magnates tecnológicos que ejercerán el poder sin límites constitucionales.
Estados Unidos buscará dominar la inteligencia artificial, incrementando la demanda de energía, servidores y baterías con insumos metálicos y minerales de tierras raras. La aparición de Trump y una tecno-oligarquía es un evento inesperado que romperá todas las previsiones.
Pensemos en términos estratégicos ¿Cómo afecta este cambio de mando lejano a nuestra Provincia? La invitación al gobernador de San Juan para asistir a la asunción de Trump, debe interpretarse por el interés que despierta la incorporación de una nueva pieza en un juego estratégico de nivel mundial.

Argentina posee el 2% de las reservas mundiales de cobre, más del 70% de ellas en San Juan. Aunque es un porcentaje bajo, su producción resulta atractiva porque implica la incorporación de un nuevo proveedor global en un contexto de alta demanda que se acelerará con Trump.
Esta vez no se trata de limones o de la cuota Hilton de carne. En la era Trump, la explotación y el comercio del cobre estarán cada vez más fuera del libre comercio internacional y más dentro de la política internacional. Argentina, tal vez apresuradamente, ya está alineada con Estados Unidos en esta confrontación que no solo utilizará la diplomacia y la política exterior. El uso de la fuerza militar ya está discursivamente habilitado por el nuevo presidente para alcanzar objetivos de seguridad nacional.
Según la Agencia Internacional de Energía, la mitad de la producción mundial de cobre se concentra en Chile (24%), la República Democrática del Congo (10%) y Perú (11%). Pero los principales importadores son China (60%), Japón (14%) y Corea del Sur (6%).
Estados Unidos no es un actor principal en la producción o importación de cobre, excepto en el cobre refinado, un mercado pequeño, pero estratégico que requiere de materia prima. Ese declive industrial y peores empleos para los norteamericanos contribuyeron a la elección de Trump.
Con Trump podemos esperar que se impulse la producción norteamericana de nuevas tecnologías, sustituya importaciones de China y busque que sus aliados compren sus productos a cambio de la protección militar que hoy gozan.
Es probable que Estados Unidos busque asegurar la exclusividad del cobre argentino. China solo tiene el 50% de un proyecto de cobre en Argentina, La Ortiga en Iglesia, pero ya es dueña del 50% de Veladero que produce oro. La propietaria es una gigantesca empresa estatal, Shandog.
Argentina necesita producir cobre, debemos discutir cómo hacerlo, a quiénes va a beneficiar y en qué medida. La balanza comercial es deficitaria. En 2024, según INDEC, el país exportó cobre por USD 1 millón, pero importó por USD 23 millones. En 10 años, la Secretaría de Minería de la Nación pronostica que las exportaciones podrían alcanzar los USD 11.100 millones, con 8 minas en producción. El nuevo escenario geopolítico podría hacer que sea aún mayor.
El cobre será escaso y valioso, pero esto no garantiza que San Juan experimente un desarrollo ambientalmente sustentable y socialmente justo.
Este nuevo auge podría ser otra oportunidad perdida, no por la minería en sí, sino por lo que decidamos hacer con ella. La falta de planificación estratégica del desarrollo humano ha generado enormes consecuencias en el pasado, agotamiento del recurso, desempleo, migraciones, gasto corriente de todos los ingresos, entre otros. Los calingastinos ya vivimos la misma fiebre, varias veces, durante más de dos siglos: minas del Carmen, Hilario, Castaño, Castaño nuevo, sulfato de aluminio, Casposo -excepto porque su planta será reactivada-.
No abogamos por una planificación centralizada ni por un monopolio estatal. Proponemos innovar y estudiar las experiencias de los países más avanzados como Canadá y Australia, una competencia transparente, una inserción internacional inteligente y un modelo de producción y distribución humano, sustentable y justo.
El Congreso Nacional, junto con las comunidades locales, el sector científico y los representantes del trabajo y la producción, debería reformar y modernizar la legislación minera. Los legisladores sanjuaninos deberían ser los primeros en liderar ese debate en lugar de ser impuesto por el cabildeo en la Ciudad de Buenos Aires.
Es necesario reconsiderar el modelo colonial de concesiones y regalías. En Chile, desde el 1 de enero, rige la nueva Ley de Royalty Minero, impulsada por el Presidente Boric y aprobada casi en forma, incluso por la derecha. El Estado tendrá un porcentaje de las ventas de cobre y las empresas un tope máximo a la carga tributaria. Las empresas obtienen previsión y estabilidad tributaria. Los recursos adicionales irán a las regiones, a las comunas mineras productoras y a las más pobres.
Debería ser más restrictiva la renovación de permisos de exploración para desalentar la especulación financiera de las empresas que no realizan inversiones productivas.
También podría establecerse la competencia por las concesiones de explotación, con una indemnización de la explotadora a la exploradora que justifique la inversión realizada, en caso de perder la concesión. Esto podría desalentar la mera certificación de reservas sin intenciones de producción, para la reventa del proyecto a una nueva multinacional que renueva el ciclo. Las empresas deberían ofrecer a las provincias y a las comunidades mayor valor agregado, desarrollo local, cuidado ambiental y contribución social.
La política exterior y la legislación minera de fondo están en manos de la Nación, pero es mucho lo que San Juan puede definir, proponemos tres ejes:
1. Modelo productivo: Decidir si se impulsará la producción de cobre de mina o refinado, si se optará por una minería extractivista o por una minería circular -como propone el proyecto Los Azules- y, si la Provincia podría adquirir acciones para asociarse con las empresas explotadoras e incidir en sus decisiones.
2. Distribución de la cadena de valor y relación con las comunidades locales: Determinar si San Juan se convertirá en un enclave con proveedores extranjeros de bienes y servicios o si se fomentará el desarrollo de clusters de pequeños y medianos proveedores locales, como hace Australia con las METS (Mining Equipment, Technology and Services).
3. Capitalización de regalías o royalties: Ir más allá de la inversión en infraestructura que eventualmente agotan el capital y conformar un fondo soberano. Este fondo permitiría acumular capital e intereses, siguiendo el ejemplo de los países árabes y nórdicos, con los ingresos extraordinarios y efímeros del petróleo.
Nuestra provincia será una pieza en el vasto tablero global. Hemos alineado nuestra posición con Estados Unidos en la geopolítica del cobre, lo que traerá costos y beneficios aún por descubrir. Sin embargo, podemos decidir qué modelo productivo, social y ambiental queremos para la actividad minera en nuestro territorio.