Tres meses después, el préstamo de USD 600 millones que Gutiérrez proyectó para agosto sigue sin novedades
El ministro de Economía había estimado unas 12 semanas para avanzar con la operación. La Legislatura aprobó el endeudamiento en tiempo récord y el Gobierno salió a buscar inversores en Londres, Boston y Nueva York. Septiembre comenzó, pero la colocación del bono todavía no tiene fecha.
Tres meses atrás, el Gobierno de Marcelo Orrego puso en marcha una de sus apuestas económicas más ambiciosas. El objetivo era conseguir financiamiento internacional por hasta 600 millones de dólares para infraestructura y obra pública. Hubo una ley aprobada a toda velocidad, bancos internacionales contratados y hasta una gira por Londres, Boston y Nueva York para tentar inversores. Sin embargo, septiembre comenzó y el denominado “Bono San Juan” todavía no fue colocado.
El calendario adquiere relevancia por las propias estimaciones que había realizado el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez.
El 3 de junio, cuando asistió a la Legislatura para defender el proyecto enviado por Orrego, el funcionario calculó que la Provincia necesitaría alrededor de 12 semanas para completar los trámites administrativos y legales necesarios para estructurar la operación y avanzar hacia la colocación del bono.
“Existe un plazo promedio de 12 semanas para la confección de todos los trámites que implica la estructuración y finalmente colocación del bono. A partir de ahí habrá que definir cuál es el momento más adecuado para la provincia”, explicó entonces.
Gutiérrez fue prudente respecto de la fecha. No aseguró que los dólares fueran a ingresar en agosto. Estimó que San Juan podría estar en condiciones de acceder al financiamiento entre agosto y diciembre, dependiendo de las condiciones que ofreciera el mercado.
Pues bien, agosto terminó. Y este 3 de septiembre se cumplen exactamente tres meses desde aquellas declaraciones. El préstamo no se concretó y, por ahora, tampoco existe una fecha anunciada públicamente para la emisión.
Una ley aprobada en tiempo récord
El primer paso había sido político. A comienzos de junio, Orrego envió a la Cámara de Diputados un proyecto para conseguir autorización para tomar deuda por hasta USD 600 millones.
El trámite fue veloz. El lunes comenzó a tomar estado público la iniciativa y apenas unos días después, el jueves de esa misma semana, la Cámara de Diputados la aprobó sobre tablas.
La velocidad elegida por el oficialismo provocó cuestionamientos del peronismo, que reclamó mayor tiempo para discutir una autorización de endeudamiento de semejante magnitud. La tensión trascendió incluso el recinto. En aquellos días se viralizó un cruce entre Orrego y el intendente de Angaco, José Castro, durante una visita del gobernador a la Legislatura.
De todos modos, el Ejecutivo consiguió rápidamente la herramienta que necesitaba.
Ese punto resulta relevante tres meses después. Cuando Gutiérrez habló de los tiempos necesarios para avanzar con la operación, la aprobación legislativa aparecía como uno de los pasos previos. La Legislatura despejó ese obstáculo prácticamente de inmediato.
El ministro también había anticipado que el Ejecutivo trabajaría en paralelo sobre las futuras licitaciones. Según explicó aquel 3 de junio, los proyectos ejecutivos ya estaban preparados y, una vez habilitada la emisión, el Gobierno podría avanzar rápidamente con ellas.
JP Morgan, Santander y una gira para seducir inversores
La operación tuvo novedades durante julio. Hacia el 21 de ese mes, Orrego confirmó que San Juan avanzaría con la emisión y anunció la selección de JP Morgan y Santander como coordinadores del proceso de colocación.
El plan ya empezaba a tomar forma. La intención oficial era realizar una gira por algunos de los principales centros financieros internacionales para presentar las cuentas de San Juan y medir el interés de posibles compradores. Orrego habló entonces de intentar conseguir al menos un 10% del financiamiento previsto en una primera etapa, aunque volvió a supeditar la decisión final a las condiciones del mercado.
Días después llegó el viaje. El gobernador encabezó una comitiva junto con Gutiérrez y el ministro de Infraestructura, Fernando Perea. La agenda incluyó reuniones en Londres, Boston y Nueva York bajo el formato conocido como Non-Deal Roadshow. En términos sencillos, la Provincia salió a mostrarse ante potenciales inversores antes de decidir cuándo y en qué condiciones emitir la deuda.
Durante esos encuentros, los funcionarios expusieron los números fiscales de San Juan y pusieron especial énfasis en el potencial minero y energético de la provincia. Del otro lado participaron representantes de grandes administradores de activos y entidades financieras internacionales.
El viaje, sin embargo, no terminó con la colocación del bono. La conclusión oficial fue que San Juan había quedado presentado ante los inversores y que la emisión se concretaría cuando las condiciones financieras fueran consideradas convenientes para la Provincia. Ese momento, al menos hasta ahora, no llegó.
Agosto trajo otros USD 250 millones
Mientras el préstamo internacional seguía pendiente, agosto incorporó otro elemento al esquema de financiamiento de obras del Gobierno. El 19 de ese mes, la Legislatura aprobó un acta compromiso entre la Provincia y la minera Vicuña por USD 250 millones, destinados a financiar infraestructura vial vinculada, entre otras intervenciones, con las rutas nacionales 40 y 150.
El acuerdo permitió al Gobierno mostrar una nueva fuente de recursos para infraestructura, aunque bajo una modalidad completamente diferente a la emisión de deuda que había impulsado en junio. También abrió otra discusión política.
La oposición cuestionó distintos puntos del convenio y planteó reparos sobre su constitucionalidad. Entre otras críticas, objetó las modificaciones sobre obligaciones ambientales previamente asumidas por la empresa, el compromiso provincial respecto de futuros aportes y la posibilidad de llevar eventuales controversias a instancias de arbitraje internacional.
El convenio con Vicuña, de todas maneras, no reemplaza formalmente la autorización para tomar deuda por hasta USD 600 millones. Al menos el Gobierno no anunció públicamente que haya abandonado o modificado aquel plan.
Sí introduce una pregunta nueva. Si la Provincia consiguió otros USD 250 millones para determinadas obras de infraestructura, resta conocer si ese ingreso modificó el monto que San Juan pretende buscar en los mercados internacionales o la lista de proyectos que originalmente esperaba financiar con el Bono San Juan.
Las 12 semanas ya pasaron
El escenario de septiembre es, entonces, diferente al de principios de junio. La autorización legislativa está. Los bancos encargados de coordinar la operación fueron seleccionados. La Provincia realizó su presentación ante inversores internacionales y el Gobierno sostiene que encontró interés por San Juan. Incluso apareció, en el medio, el acuerdo por USD 250 millones con Vicuña. Lo que todavía falta es el bono.
La cautela que mostró Gutiérrez en junio es importante para entender los tiempos. El ministro nunca garantizó que los USD 600 millones ingresarían en agosto y dejó abierta una ventana hasta diciembre. También advirtió que variables centrales —la tasa, los plazos y hasta el monto definitivo— dependerían del contexto financiero existente al momento de salir al mercado.
Pero las aproximadamente 12 semanas que había calculado para avanzar con la estructuración de la operación ya transcurrieron. Tres meses después quedan, por eso, varias preguntas abiertas.
Cuándo piensa San Juan salir finalmente al mercado, cuánto dinero buscará en una primera emisión, qué tasa está dispuesta a aceptar la Provincia y si el acuerdo con Vicuña modificó el esquema de obras que justificó el pedido de endeudamiento.
En junio, el Gobierno pidió rapidez para contar con la herramienta financiera y la Legislatura respondió en cuestión de días. Agosto era el primer mes que aparecía en el horizonte trazado por Economía. Agosto pasó. El Bono San Juan, por ahora, sigue esperando su momento.