Recta final en la elección del próximo Fiscal General: candidatos clave y la pulseada política entre orreguistas y uñaquistas
El Consejo de la Magistratura define la terna para Fiscal General en San Juan, entre tensas negociaciones y alianzas cruzadas.
Esta semana comienza la etapa decisiva en la designación del nuevo Fiscal General ante la Corte de Justicia de San Juan, tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani. El Consejo de la Magistratura deberá reducir la lista de 35 postulantes a solo tres, que luego serán elevados a la Cámara de Diputados.
La definición está prevista para este lunes 29 y martes 30 de septiembre. Aunque inicialmente se esperaba que el listado estuviera listo el lunes, las negociaciones intensas y la falta de votos llevaron a especular con una postergación hasta el martes.
Además de la decisión final, el Consejo de la Magistratura entrevistará entre lunes y martes a los aspirantes a dirigir el Ministerio Público Fiscal. De esas audiencias saldrá la terna definitiva, integrada por tres nombres.
Contexto político y disputa por los votos
La conformación del listado final funcionará como un nuevo termómetro del enfrentamiento entre oficialismo y oposición. La definición está atravesada por versiones cruzadas y negociaciones constantes, producto de la composición dividida del Consejo de la Magistratura. El objetivo de cada sector es asegurar al menos un candidato propio y evitar que la terna final incline la balanza hacia el adversario.
La atención está puesta en los dos representantes de la abogacía libre, Valeria Torres y Raúl Acosta, cuyos votos resultan decisivos para garantizar la presencia de un aspirante en la terna. Ambos llegaron al cargo con el respaldo de la Agrupación de Abogados Justicialistas y se especula si actuarán como líberos o mantendrán sus vínculos con el peronismo.
Aunque fueron 35 los profesionales inscriptos, la disputa política se ha reducido a siete nombres con posibilidades reales de integrar la terna. Cuatro de ellos se vinculan al orreguismo: Guillermo Baigorrí, Ignacio Achem, Adriana Tettamanti y Daniel López. Los otros tres están ligados al peronismo: Rolando Lozano, Fernando Rahmé y Celia Maldonado.
Una vez que el Consejo de la Magistratura defina la terna, la decisión quedará en manos de la Cámara de Diputados, que tendrá la potestad final de elegir al sucesor.
Existe la posibilidad de que miembros del Consejo, como la ministra Laura Palma (oficialismo) y la diputada Fernanda Paredes (oposición), soliciten unos días para reflexionar sobre los candidatos tras las entrevistas de lunes y martes, antes de confeccionar el pliego final.
Hay quienes especulan que, ante la falta de votos y las negociaciones, se busca ganar tiempo, lo que podría llevar a que la sesión de la Cámara de Diputados para el nombramiento se realice después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, con el objetivo de otorgar al oficialismo un mayor peso político en caso de resultar victorioso.
El perfil de los posibles ternados
La elección del nuevo Fiscal General ante la Corte de Justicia de San Juan se concentra en siete nombres con posibilidades reales de integrar la terna, pese a que al inicio se postularon 35 profesionales del derecho. Es difícil que entre los ternados aparezca un nombre alternativo a estos. Esta reducción obedece a una disputa política marcada por la puja de poder entre el oficialismo provincial (orreguismo) y la oposición peronista.
La estrategia del Gobierno provincial es clara: busca que la terna final esté integrada por candidatos que, por trayectoria o afinidad política, resulten cercanos al Ejecutivo.
Guillermo Baigorrí es uno de los nombres que más resuena. No convence al Consejo porque no es penalista, sino camarista laboral. Posee amplia experiencia política y judicial: fue legislador provincial, presidente del partido Producción y Trabajo, diputado nacional y senador electo en 2011. Es juez desde hace casi 13 años y se lo reconoce como especialista en derecho laboral.
Es el candidato más promovido por el Gobierno de Marcelo Orrego. En 2011 mostró lealtad al renunciar a su cargo de senador electo para que asumiera Roberto Basualdo. Sin embargo, circulan rumores —reconocidos incluso por fuentes oficialistas— de que “no están los votos” para su designación dentro del Consejo de la Magistratura.
Hay quienes especulan que Baigorrí podría ser un mascarón de proa y que el elegido definitivo surja en realidad de entre los otros 33 postulantes.
En segundo lugar aparece Ignacio Antonio Achem, abogado y fiscal con destacada trayectoria en el Poder Judicial, hermano de Emilio Achem, actual secretario General de la Gobernación en la gestión de Marcelo Orrego.
Desde hace ocho años trabaja en el Ministerio Público Fiscal de San Juan. Desde febrero de 2024 se desempeña como coordinador de la Unidad Fiscal Genérica.
Adriana Tettamanti es la actual jueza del Contencioso Administrativo. Es promovida por el oficialismo y vinculada al sector desde antes de la gestión actual. Su nombre circula en los pasillos de Tribunales como posible candidata.
En esa línea también figura Daniel López, de perfil más técnico. Posee trayectoria en el Banco San Juan, donde se desempeña como gerente de Asuntos Legales. Su cercanía al Ejecutivo lo ubica como un candidato del riñón oficialista. Mantiene un estrecho vínculo con el gobernador Orrego, ya que compartieron equipo en la liga de profesionales de fútbol. Llamó la atención que no se inscribiera en concursos anteriores.
Por su parte, la oposición peronista apuesta por nombres con experiencia directa en el Ministerio Público Fiscal y con claras ligazones al justicialismo sanjuanino.
Rolando Lozano es secretario relator del Ministerio Público y supervisor de al menos tres Unidades Fiscales de Investigación (UFI). Dentro de la justicia es visto como el representante de la Fiscalía. Aunque no es funcionario ni militante, algunas voces señalan que su nombre “cerraría en el peronismo”.
Es considerado uno de los profesionales más preparados en el manejo del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, no contó con el respaldo del Partido Justicialista cuando fue ternado en dos ocasiones para camarista penal (2015 y 2016).
Fernando Rahmé también es secretario relator del Ministerio Público, supervisor de UFI y cuenta con el respaldo del peronismo. Tiene el “plus” de ser sobrino del fallecido Fiscal General, Eduardo “Jimmy” Quattropani. Es valorado, junto a Lozano, por su conocimiento del funcionamiento interno del Ministerio Público.
Por último, surge la posibilidad de que integre la terna Celia Maldonado, jueza de Garantías con larga trayectoria. Fue designada en diciembre de 2020 y estuvo ternada previamente para el cargo de cortista en 2018. Además, es madre del expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez, vinculado a agrupaciones de abogados justicialistas.
Se especula que su nombre “encajaría en el espacio de los consejeros abogados” (Valeria Torres y Raúl Acosta), cuyos votos resultan decisivos en la definición de la terna.
Quiénes eligen la terna de candidatos
El Consejo de la Magistratura de San Juan es el órgano encargado de proponer la terna de candidatos para el nuevo Fiscal General ante la Corte de Justicia. Está integrado por cinco miembros, todos con vinculaciones políticas.
El representante del Poder Judicial es Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia y presidente del Consejo. Asumió en el máximo tribunal en 2019, durante la gestión uñaquista. Está vinculado al peronismo, en particular al sector del senador Sergio Uñac. Antes fue asesor en la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Santa Lucía y jefe de Legales en la Municipalidad de Rawson, durante la gestión de Juan Carlos Gioja.
Por el lado del Poder Ejecutivo, la representante es Laura Palma, ministra de Gobierno, que responde directamente al gobernador Marcelo Orrego. Además, es candidata a diputada nacional en segundo término por el frente Por San Juan.
La representante del Poder Legislativo es Fernanda Paredes, diputada provincial del sector peronista, identificada con el uñaquismo.
Los otros dos miembros provienen de la abogacía libre (Foro de Abogados). Una de ellas es Valeria Torres, quien ingresó con el respaldo de la Agrupación de Abogados Justicialistas. En su momento estuvo alineada con el exministro de Gobierno uñaquista y exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi. Hoy es considerada una líbera, aunque con afinidad hacia los matriculados del peronismo.
En la misma línea se encuentra Raúl Acosta, quien ingresó al Foro de Abogados con el respaldo de la Agrupación de Abogados Justicialistas. Está vinculado a Carlos Lorenzo, exasesor letrado de la gestión anterior. Algunos señalan que podría dar un salto al orreguismo, aunque actúa como un líbero con cierta autonomía. Sus votos, junto con los de Torres, son considerados decisivos en la definición de la terna.
¿Por qué es clave el cargo de Fiscal General?
Se trata de uno de los cargos judiciales de mayor peso político en la provincia. Se ubica entre los de mayor envergadura, junto con la Corte de Justicia.
Históricamente, el cargo ha estado ligado a la política partidaria. La elección actual desata una intensa disputa entre el oficialismo y la oposición peronista, con la conformación de la terna como un “nuevo termómetro del enfrentamiento” entre ambos sectores.
La elección no se define solo por méritos, sino también por una compleja red de negociaciones políticas. La composición de la terna final refleja esos equilibrios de poder entre los sectores. La estrategia es que cada espacio busque imponer candidatos que, por trayectoria o afinidad, resulten cercanos al Ejecutivo o a la oposición.
El Fiscal General es el jefe del Ministerio Público Fiscal. La vacante, tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, cerró una era de 32 años en el Poder Judicial sanjuanino. El cargo impacta directamente en el funcionamiento diario de la Justicia, sobre todo desde la implementación del Sistema Acusatorio. De allí la relevancia de esta figura en la dirección y orientación de las investigaciones penales.
El cargo de Fiscal General es vitalicio. Esa condición genera cautela en el proceso de selección, ya que quien resulte elegido tendrá influencia asegurada a largo plazo en el sistema judicial de la provincia.