Sturzenegger ataca las librerías de barrio con su nuevo paquete desregulador: ¿cuáles serían las consecuencias en San Juan?

El Gobierno nacional prepara un nuevo mega paquete de reformas legislativas que incluye más de 100 desregulaciones en sectores comerciales. Una de las que más destacadas consiste en modificar la Ley de Fomento del Libro y derogar la Ley de Protección de la Actividad Librera.

Ambas leyes fueron sancionadas en 2001. La primera define al Estado nacional como responsable de reconocer en el libro y la lectura instrumentos «idóneos e indispensables para el enriquecimiento y transmisión de la cultura». La segunda, que es la más defendida desde el sector librero, tiene como objetivo que el editor o importador fije un precio de venta al público que debe ser el mismo en todo el territorio nacional. De esa manera, se garantizan condiciones de competencia equitativas, se protege la supervivencia de las librerías independientes de barrio ante las grandes superficies y se asegura un acceso federal a la lectura.

Andrés Martinez, una de las personas detrás de la librería independiente sanjuanina Baker Street, declaró a La Mecha: «Sin duda alguna cambiarían las reglas del juego. Ya de por sí, nosotros que llevamos 6 años en esto no competimos en las mismas condiciones que las grandes librerías». El librero también advirtió que la derogación de las leyes implicaría la pérdida de herramientas para gestionar y programar la logística de traslado de libros desde Buenos Aires y Córdoba hacia San Juan.

Martínez explicó que, sin un precio fijo establecido por ley, las grandes cadenas pueden vender a precios extremadamente bajos (operando a pérdida), lo que dejaría a las librerías independientes «con migajas». Esta metodología se llama dumping.

El Gobierno sostiene que al eliminar restricciones y permitir que los actores compitan libremente, los consumidores se ven beneficiados con mejores precios y más opciones. Sin embargo, desde el sector editorial advierten que, aunque inicialmente podría haber mejores precios, a largo plazo la desregulación producirá precios más altos y una mayor concentración de la oferta.

La «bibliodiversidad», en jaque

La desregulación y las reglas del libre mercado fomentarían la exclusión de propuestas literarias diversas, lo que favorecería únicamente a los libros masivos y de gran tirada (best sellers). «Se nos ha reducido muchísimo la diversidad en cuanto a los géneros, ni hablar de los títulos, porque no se venden. Este tipo de imposiciones, como la de derogar la ley, fomentarían mucho más y potenciarían mucho más la exclusión de propuestas literarias», expresó Martínez. El librero también señaló que lo que más se vende son libros de educación financiera y autoayuda.

Felipe Echeverría, fundador de la editorial Abdulah que publica a autores sanjuaninos, opinó que la iniciativa del oficialismo es «totalmente nociva» porque la desregulación amenaza la diversidad editorial y la pluralidad de voces, lo que favorecería a los grandes actores del mercado.

Por otro lado, el editor expresó que sospecha de las intenciones del Gobierno, porque «es una falsa preocupación por abaratar el precio de los libros, doy fe de primera mano porque soy tesorero en una biblioteca popular hace más de 12 años. Te puedo decir que no les calienta ni la cultura ni el libro».

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El camino legislativo por delante

El proyecto, que consta de 100 artículos distribuidos en ocho capítulos, está atravesando las últimas revisiones en las áreas de Legal y Técnica de la Casa Rosada. Una vez finalizada esta etapa, la propuesta será enviada al Congreso de la Nación. Antes de tratarse en sesión, el paquete desregulador será tratado en comisiones. Sin embargo, debido a que el Gobierno planea enviar las reformas en un único expediente que abarca sectores muy variados, el tratamiento en comisiones se presenta como un desafío.

Es que el paquete de medidas incluye la derogación de la Ley de Farmacias; cambios en la regulación del gas licuado de petróleo; modificaciones en el Código Civil y Comercial y el mercado de capitales; y desregulación en los rubros de carnes y vitivinicultura. Esta amplitud de temas genera dudas entre los bloques aliados (PRO, UCR y fuerzas provinciales), quienes advierten que debatir actividades tan diversas en un solo expediente complica la construcción de mayorías, ya que el paso por las distintas comisiones especializadas podría fragmentar el apoyo de los legisladores según el tema tratado.