¿Qué tienen en común la cultura y la salud mental?
Exploramos los límites donde estos dos ámbitos se entrecruzan, cómo están siendo amenazados por la propuesta del Gobierno nacional, cómo reaccionaron los sectores sanjuaninos y qué es lo que se viene.
¿Qué tienen en común la cultura y la salud mental? Si empezamos a hilar fino podríamos decir que vivimos en un mundo donde la cultura no solo es una manifestación de nuestras raíces sino también un componente intrínseco de nuestra salud mental. Y que la relación entre ambas es un vasto terreno que merece nuestra atención y comprensión, porque influye en la manera en la que percibimos, abordamos y experimentamos el bienestar emocional. Ahora bien: en nuestro contexto actual (Argentina, año 2024), trabajadores de la cultura y de la salud mental se encuentran unidos en contra de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y de un proyecto de Ley que amenazan con desmantelar instituciones esenciales para el tejido cultural y de salud mental en el país.
El proyecto de Ley “Fundamentos y Bases para la Libertad de los Ciudadanos Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus, encendió alarmas en ambos sectores al proponer cambios sustanciales en la estructura y en el financiamiento de instituciones tales como el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Fondo Nacional de las Artes (FNA), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y el Instituto Nacional de la Música (Inamu). También se le sumó la inquietud del ámbito de la salud mental, ya que esta propuesta de legislación plantea modificaciones que afectarían -negativamente- la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), lo que significaría ir en contra de avances logrados en la atención y en el respeto de los derechos de las personas con trastornos mentales.
No solamente son estos dos sectores los que se encuentran hoy luchando contra las reformas del gobierno de Javier Milei. Hay una sensación de que tanto el DNU como la Ley Ómnibus son paquetes que están pensados para distraer, dividir y que cada sector pelee por lo suyo, poniendo en juego la estructura del país. Trabajadores, organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad -posiblemente no mayoritarios, pero sí con fuerte representación- confluyen en el reclamo contra este paquete de medidas impulsadas por el Gobierno nacional.
Asamblea, organización y movilización en San Juan
El viernes 29 de diciembre pasado, distintos sectores de la cultura sanjuanina se reunieron en la Plaza 25 de Mayo aludiendo emergencia cultural. Allí se estableció la necesidad de organizar una Multisectorial y de establecer una red de protección legal. Se acordó marchar todas las semanas. El miércoles 10 de enero, volvieron a juntarse en la plaza principal de la provincia y a ellos se les sumaron profesionales de la salud mental.
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Ya se habían realizado dos movilizaciones en la provincia contra las primeras iniciativas del presidente Milei. El ajuste contra la clase trabajadora, la liberación de los precios de la nafta y mercaderías, la búsqueda de una flexibilización laboral, entre otras cosas, fueron los tópicos más comunes entre los reclamos de las distintas organizaciones que se habían movilizado en esas dos oportunidades.
Todo parece confluir en el paro general del próximo 24 de enero convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras tanto, el oficialismo avanza junto a los sectores dialoguistas de la oposición (UCR, Juntos por el Cambio y el espacio de Miguel Pichetto «Hacemos Coalición Federal) para darle media sanción a la Ley Ómnibus. Hoy por hoy, todo parece que habría quórum para ser aprobada en Diputados, aunque con unos 100 artículos modificados a pedido de los legisladores opositores más afines a La Libertad Avanza (LLA) que al kirchnerismo-peronismo.
Por su lado, la “Multisectorial Cultura San Juan” tuvo su ronda de reuniones con legisladores sanjuaninos en el Congreso. Así, mientras que los legisladores de Unión por la Patria Sergio Uñac y Celeste Giménez manifestaron comprometerse con el derecho a la cultura y el federalismo, José Peluc de La Libertad Avanza les aclaró que no habrá presupuesto para el sector y que cada ente cultural deberá “arreglarse por sí mismo”. Nancy Picón, de Juntos por el Cambio, se mostró abierta al diálogo pero indicó que no habrá un compromiso suyo para abogar en contra de la ley.
Para el viernes 19 de enero, desde el Foro de Salud Mental y DDHH San Juan convocaron a una asamblea frente a la Legislatura Provincial para debatir sobre las consecuencias de las posibles modificaciones a la Ley de Salud Mental actual. Urge la necesidad de poder visibilizar el reclamo y de frenar lo que serían retrocesos en esta materia.
El debate sobre la salud mental: ¿cuáles son las dos miradas?
Hay dos visiones contrapuestas: la que avala y defiende la Ley de Salud Mental promulgada en 2010; y la que defiende los cambios propuestos por la Ley Ómnibus.
En diálogo con La Mecha, Valeria Rambaldi, psicóloga sanjuanina y defensora de la Ley Nacional de Salud Mental (2010), se mostró preocupada acerca de las posibles consecuencias de la Ley de Milei. Según la psicóloga, las modificaciones propuestas podrían atentar contra el espíritu de la Ley de Salud Mental, especialmente en lo que respecta a la desinstitucionalización y la reinserción de las personas con padecimientos mentales en la sociedad.
Rambaldi enfatizó que la autorización de la existencia de manicomios y hospitales psiquiátricos, así como la eliminación de la obligación de internación en hospitales generales, sería un retroceso en los avances logrados en términos de derechos humanos en salud mental.
La psicóloga sanjuanina alertó sobre el riesgo de que intereses como los de profesionales y laboratorios primen sobre el bienestar de las personas con padecimientos mentales.
La crítica se enfoca en la pérdida de poder que tendría el equipo interdisciplinario, considerado fundamental en el abordaje de la salud mental. Además, cuestiona el otorgamiento de más poder a los jueces en la toma de decisiones sobre la internación de personas, en contraparte a la Ley del 2010 que busca descentralizar el proceso judicial y priorizar la mirada de profesionales especializados.
Así, la Ley Ómnibus amplía los mecanismos para implementar internaciones involuntarias, otorgando a los jueces poder para tomar medidas urgentes sin la evaluación previa del equipo interdisciplinario, convirtiendo la internación en un acto jurídico en lugar de uno sanitario. Al permitir implícitamente un plazo irrestricto para las internaciones, contradice la idea de la internación como último recurso terapéutico y por el menor tiempo posible.
Una de las cuestiones que generaron alertas es la modificación del proceso de internación-externación. ¿Por qué? Porque la eliminación de la posibilidad de que el representante legal solicite la externación y la facultad de oponerse a la misma altera el sentido de la internación-externación como acto terapéutico coordinado por un equipo interdisciplinario.
Otro punto importante que diversos profesionales e instituciones vinculadas a la salud mental destacan sobre la modificación propuesta por el Gobierno nacional tiene que ver con el desconocimiento de normativas internacionales. La iniciativa gubernamental obvia las normativas internacionales suscritas por Argentina en materia de derechos humanos, desatendiendo a los compromisos constitucionales.
Además, es importante mencionar que no solo son profesionales los que se oponen a estas modificaciones, sino que también hay un colectivo de autoconvocados conformado no solo por psicólogos, psiquiátras, trabajadores sociales, sino que también asociaciones de padres o familiares de personas con autismo, discapacidad, incluso los mismos usuarios.
De igual manera, en el debate sobre la salud mental en Argentina no todas las opiniones convergen en una sola dirección. Las modificaciones propuestas por el Gobierno nacional en la Ley Ómnibus fueron respaldadas por sectores, como la Asociación Argentina de Psiquiatras. Para esta asociación, la legislación vigente -del 2010- que busca la antimanicomialización no se pudo traducir efectivamente en la creación de dispositivos alternativos y adecuados para la atención de pacientes con enfermedades mentales.
Estos profesionales destacan que las modificaciones propuestas van a permitir una supervisión más efectiva del tratamiento, reconociendo la necesidad de una instancia que garantice las condiciones adecuadas. Además, subrayan la importancia de los hospitales especializados en psiquiatría argumentando que estos centros ofrecen programas específicos y basados en la evidencia empírica y científica.
Para ellos, el hecho de que la propuesta autorice a los jueces a facilitar la hospitalización involuntaria en casos específicos es positivo ya que así se agilizaría la atención en situaciones de emergencia. Además, sostienen que la eliminación de la prohibición para crear nuevos centros de salud mental y neuropsiquiátricos va a permitir una mayor flexibilidad en la infraestructura de atención.
Sector cultural en alerta: voces disidentes ante la Ley Ómnibus
Además de las movilizaciones en todo el país, en los últimos días se escucharon diversas opiniones en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde varios representantes del sector cultural expresaron sus preocupaciones y desacuerdos con el proyecto de Ley Ómnibus. Las voces disidentes, provenientes de distintas ramas de la industria cultural, destacaron los posibles impactos negativos que tendría en la producción artística y en la protección de derechos fundamentales.
La propuesta contempla el cierre o desfinanciamiento de instituciones clave como el FNA, el INT, y la Enerc. Esta medida, según argumentan, pondría en riesgo la producción artística, la formación de nuevos talentos y la riqueza del panorama cultural argentino.
En cuanto a las modificaciones en la Ley de Cine, el proyecto de Milei busca alterar aspectos fundamentales que afectarían al Incaa y a los fondos destinados a la producción cinematográfica. Santiago Mitre, director y guionista reconocido por «Argentina, 1985», compartió su perspectiva sobre el proyecto en la Cámara de Diputados y cuestionó la necesidad de modificar esta ley. Mitre destacó el prestigio internacional del cine argentino y alertó sobre los posibles perjuicios que la Ley Ómnibus podría traer a la industria cinematográfica, defendiendo la existencia del Incaa como un organismo autárquico que contribuye al desarrollo del cine en el país.
El Incaa, por ejemplo, se financia con la Ley de Fomento Cinematográfico, integrada por un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD’s) y el 25% de la recaudación del ENACOM, a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable, y otras cosas. Para ser sintéticos: NO se financia con los (tus) impuestos.
El desplazamiento de organismos autárquicos también preocupa por la posible pérdida de autonomía. Los cambios en la gestión de derechos de propiedad intelectual amenazan con modificar su gestión colectiva y así privilegiar una más individualizada. Así, afectan la protección de los derechos de creadores e intérpretes y socavan décadas de esfuerzos por garantizar una distribución equitativa de regalías.
Una entidad o institución «autárquica» es aquella que posee autonomía financiera y administrativa, puede autofinanciarse y tomar decisiones independientes respecto a su gestión y funcionamiento sin depender directamente del presupuesto general del Estado o de otras instituciones gubernamentales.
Jorge Marrale, presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), resaltó la importancia de una política cultural sostenida y expresó su preocupación sobre el impacto del artículo 350 en la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Criticó la gestión individual propuesta por la Ley Ómnibus y enfatizó la necesidad de una gestión colectiva fuerte para empoderar a los creadores e intérpretes.
Además, la derogación propuesta de la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que establece el precio único de venta al público (PVP) para libros, también plantea riesgos para la diversidad y accesibilidad de la oferta de libros. Esto, advierten, podría generar aumentos de precios que perjudicarían tanto a consumidores como a librerías independientes.
Por lo tanto, ¿qué tienen en común la cultura y la salud mental?
La propuesta de esta ley amenaza con desgarrar el delicado equilibrio no solo entre estos dos ámbitos, sino también el de muchos otros. Pero centrándonos solo en la cultura y la salud mental, estamos en condiciones de afirmar que la expresión artística, ya sea a través del cine, la literatura, la música o las artes visuales, entre otros, es un medio clave para canalizar experiencias emocionales y promover valores como la comprensión y la empatía. Las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus van a afectar la diversidad y accesibilidad cultural, con un impacto directo en la expresión artística y, por ende, en la salud mental.
Ambos ámbitos enfrentan desafíos similares en términos de estigmatización y falta de comprensión. La cultura, en sus diversas formas, desafía las percepciones y promueve la inclusión social. Las modificaciones propuestas en la ley podrían amenazar la capacidad de la cultura para abordar y desestigmatizar temas relacionados con la salud mental y debilitar así los esfuerzos por construir una sociedad más comprensiva.
Podemos imaginar que la cultura, en sí misma, puede actuar como una forma de terapia. La participación en actividades culturales y artísticas tiene beneficios significativos para la salud mental porque le proporciona a las personas una salida creativa y una fuente de conexión social. La Ley Ómnibus pondría en peligro la existencia de instituciones culturales y por ende reduciría la accesibilidad a las mismas, destruyendo la capacidad de la cultura para desempeñar un papel terapéutico en la sociedad.
La resistencia a la Ley Ómnibus se convierte así en un acto de defensa de la diversidad cultural y también es un llamado a preservar un espacio en el cual conviven la expresión artística y la salud mental. La sociedad argentina está siendo llevada a un terreno donde la decisión sobre esta Ley va a determinar el futuro de muchos pilares fundamentales de nuestra identidad en nombre del «avance de la libertad».
