Pese al protocolo antipiquetes, los sanjuaninos marcharon por la Ley de Emergencia en Discapacidad
Personas con discapacidades, familiares y prestadores de servicios se movilizaron para reclamar por sus derechos.
En la mañana de este jueves se llevó adelante la marcha en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La manifestación se realizó en el marco de un reclamo a nivel nacional y la novedosa implementación del protocolo antipiquetes en la provincia.
Personas con discapacidades, familiares y prestadores de servicio se congregaron en la Plaza 25 de Mayo, frente a la catedral, para iniciar la larga caminata que habría de llevarlos hasta Casa de Gobierno, donde harían entrega de un petitorio escrito al gobernador Marcelo Orrego.
La marcha se desarrolló sin complicaciones en un primer momento. La columna enfiló por la Av. José Ignacio de la Roza, dobló por Av. Leandro N. Alem y continuó por Av. Libertador Gral. San Martín seguida de cerca por la Policía que observó el acatamiento del protocolo antipiquetes.
Sin embargo, hacia el final de la marcha, la Policía sanjuanina cercó a los manifestantes frente a la 4° Comisaría, impidiendo su paso. Luego de un rato, accedieron a dejar pasar a dos de las profesionales autoconvocadas a Casa de Gobierno para presentar su reclamo por escrito. En este punto, el jefe del operativo, Gustavo Santander, cerró el paso a los periodistas de La Mecha.
Días atrás, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, anunció la vigencia del protocolo antipiquetes en San Juan. El funcionario explicó que las manifestaciones deberán atenerse a las condiciones impuestas por la Policía, como ocupar solo media calzada o únicamente la vereda. En el caso de ocupar completamente la calle se considerará un delito flagrante, es decir, que las fuerzas no necesitarán de una orden judicial para intervenir.
Gema Galván, psicóloga, autoconvocada, una de las conductoras de la marcha que pudo pasar a través del cordón policial, conversó con La Mecha: «Es una marcha que responde a una convocatoria nacional. El fin es visibilizar lo que está pasando en el área y pedir la intervención del Gobierno Provincial ante las entidades nacionales».
Ley de Emergencia en Discapacidad ¿De qué se trata?
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad establece, hasta diciembre de 2027, medidas para asegurar el acceso pleno a prestaciones de salud, educación, trabajo y protección social; regularización de pagos atrasados a prestadores y actualización de aranceles; cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad y beneficios para las empresas que las contraten, y fortalecimiento de los servicios básicos y de atención.
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La inflación acumulada en los últimos 4 meses es del 11%. Durante esos 4 meses, el Nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad tuvo un 0% de aumento. El último, que fue en diciembre de 2024, fue de un 0.5%. A esto se le suma el atraso de hasta tres meses en los pagos, que ya quedaron por debajo del salario mínimo, vital y móvil ($308.200).
Carina Barbero, directora de un centro de prestación de servicios, declaró a este medio: «Nosotras estamos recién empezando a percibir el mes de febrero y este año no hemos recibido ningún aumento. Está en peligro la prestación, no vamos a poder sostener pacientes con discapacidad con obra social si se corta la cadena de pagos«.
Candelaria, una fonoaudióloga presente en la marcha, dijo que «actualmente el monto del nomenclador es de 12.000 pesos la sesión, mientras que una sesión como particular está en 25.000 pesos aproximadamente, o sea que nos están pagando menos de la mitad de lo que debería ser. Estamos casi en junio y recién cobramos lo que trabajamos en febrero«.
«Es problema de la familia, no del Estado»
La ley encuentra resistencia en el Poder Ejecutivo Nacional, que argumenta que la medida es incompatible con las metas de «déficit cero». El director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, cuestionó: «Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar estacionamiento y vos no?«.
Guillermo Miguel López, integrante de la organización Visión Baja, declaró a La Mecha: «A veces es difícil transportarnos, conseguir medicamentos, estudiar. La Ley implica que nos traten como personas. Hace mucho que somos tratados como objetos, ahora somos sujetos de derechos».
