Pauta oficial: los números que muestran cómo se distribuyeron los fondos entre medios sanjuaninos
Documentos oficiales revelan qué empresas concentraron mayores recursos y exponen fuertes brechas en la asignación durante el último trimestre de 2024.
Según información a la que accedió de forma exclusiva La Mecha, entre octubre y diciembre del 2024, el Gobierno de San Juan destinó alrededor de 5.000 millones de pesos a pauta oficial. Se trata de resoluciones provinciales que muestran los pagos correspondientes a octubre (efectivizados en noviembre) y los de noviembre y diciembre, que se abonaron juntos durante el último mes del año.
La cifra permite dimensionar el peso que la publicidad oficial tiene en el financiamiento del sistema de medios provincial. Y, al mismo tiempo, abre interrogantes sobre los criterios con los que se distribuyen esos fondos.
Entre los portales y empresas periodísticas con mayor visibilidad provincial, Diario Huarpe encabezó el listado con $217,3 millones en el período analizado. Le siguió Tiempo de San Juan con $126 millones, luego Diario de Cuyo con $114 millones y El Zonda con $95,5 millones. Más abajo aparece Diario Móvil con $50,7 millones, seguido por 0264 Noticias con $40,5 millones. Dame Noticias cerró el listado con $13,5 millones.
En contraste, el medio cooperativo La Mecha recibió $1,2 millones en el mismo período.
Los montos de Diario Huarpe superan en más de 180 veces los de La Mecha. Una brecha que, por sí sola, habla del esquema de asignación.
También figuran en las resoluciones otros medios cooperativos, con estructuras considerablemente más pequeñas. Es el caso de Radio Cooperativa —cuya razón social es Cooperativa de Trabajo Cóndor Andino— que registró en el período analizado $360.000 en concepto de pauta oficial. La diferencia de escala respecto de otros actores del ecosistema mediático vuelve a mostrar la disparidad en la asignación de recursos.
Otro aspecto relevante es que varios medios facturaron la pauta oficial a través de distintas razones sociales o personas físicas. En el caso de Diario Huarpe, por ejemplo, los pagos se canalizaron a través de las firmas El Huarpe S.A. y Madero S.A. Otros medios recurrieron a estructuras distintas para facturar.
Diario Móvil, en ese período, registró cobros a nombre de una persona física. Algo similar ocurrió con 0264 Noticias, donde los pagos aparecen distribuidos parcialmente a nombre de Marcela Yanina Sosa y Julio César Turcuman. Estas modalidades de facturación forman parte de los registros oficiales y son relevantes para comprender cómo se organiza administrativamente la percepción de la pauta.
Las resoluciones también incluyen a otros actores del ecosistema comunicacional. Por ejemplo, el consultor político Maxi Aguiar y sus empresas —MAYA SRL y Fundación Centro de Investigaciones— facturaron en concepto de publicidad un total cercano a los $390 millones. A su vez, la cartelería pública de Daniel Olivera —Street Comunicación SRL y JOFEDI SAS— registró $677,46 millones.
Entre los pagos consignados en las resoluciones también figura Roberto Nicolás Trombino, quien registró en el período analizado un total de $135 millones. Según información pública, Trombino actúa como representante de la productora Búho, dedicada a la generación de contenidos audiovisuales y digitales, incluidos trabajos de comunicación institucional y producción para redes sociales.
Se supone que la pauta oficial es el conjunto de recursos públicos que los gobiernos destinan a difundir actos de gestión, campañas institucionales e información de interés general a través de los medios. En definitiva, es una herramienta estatal de comunicación que cumple una función pública. En términos democráticos, su distribución puede contribuir a ampliar la pluralidad de voces. O, por el contrario, reforzar estructuras ya consolidadas.
Precisamente por su carácter público, resulta relevante conocer cuánto dinero se asigna, con qué criterios y bajo qué esquema de distribución. Esos fondos provienen del presupuesto estatal y, en última instancia, de la ciudadanía. La transparencia en esta materia permite analizar el impacto que esa inversión tiene sobre la estructura del sistema de medios.
San Juan no cuenta con una ley de acceso a la información pública. En ese contexto, los datos a los que accedió La Mecha adquieren una relevancia particular para entender cómo funciona el sistema mediático provincial.
La pauta provincial fue mayor que la nacional
A nivel nacional, la llegada de Javier Milei a la Presidencia marcó un giro abrupto en la política de publicidad oficial. Durante los primeros meses de gestión, el Gobierno redujo prácticamente a cero la pauta. Hasta julio de 2024 destinó apenas $96 millones a publicaciones obligatorias por ley —como edictos judiciales y avisos de licitaciones—, según datos del Centro de Datos de Chequeado obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública.
En agosto y septiembre de 2024, la administración nacional reactivó parcialmente el gasto con $1.424 millones destinados a dos campañas vinculadas al blanqueo de capitales. Aun así, el desembolso total del primer año representó apenas el 1,2% de lo ejecutado en 2023 durante la gestión anterior.
Ese recorte drástico volvió a poner en discusión el rol de la pauta oficial en el sostenimiento del sistema de medios. Y hasta qué punto su eliminación o concentración impacta en las condiciones materiales para ejercer el derecho a la información.
La comparación entre ambos casos no puede hacerse de manera lineal. Los datos relevados por La Mecha sobre el Gobierno de San Juan corresponden al período octubre–diciembre de 2024 —abonados en noviembre y diciembre—.
En cambio, los datos publicados por Chequeado sobre la pauta nacional refieren a los primeros meses de ese año y a campañas puntuales posteriores. La escala presupuestaria entre Nación y provincia es diferente. Sin embargo, los datos permiten observar tendencias en el uso de la herramienta.
Aun considerando esas diferencias temporales y metodológicas, el contraste permite advertir que en términos proporcionales y en lapsos comparables, el gasto provincial en publicidad oficial presenta una magnitud significativamente superior al ejecutado por el Gobierno nacional durante el mismo año.
En un contexto donde la libertad de expresión no se reduce a la ausencia de censura —porque también depende de las condiciones materiales para producir información—, la discusión sobre la pauta oficial adquiere una dimensión estructural. Y eso que, en este caso, solo se habla de números en una planilla presupuestaria y no de las condiciones concretas en las que se produce y circula la información ni de los salarios precarizados de los trabajadores de prensa.