Orrego echó a su Secretario de Seguridad: un polémico video, relaciones complicadas y el descontrol con el narcotráfico lo habrían puesto bajo la mira

En la noche del último viernes se conoció la noticia de que el gobernador Marcelo Orrego separó del cargo al secretario de Seguridad de San Juan, Gustavo Sánchez. Es el primer miembro del Gabinete destituido en la gestión orreguista. Si bien no hay motivos oficiales, varios sucesos puntuales ocurridos en los últimos meses habrían desgastado la confianza que tenía el Gobernador con quien fue policía durante la época de la dictadura militar, abogado de esa fuerza de seguridad y también miembro del Opus Dei.

En esta nota podemos identificar al menos tres sucesos que podrían haber desgastado la relación entre Sánchez y Orrego: la mala relación entre el ahora ex Secretario de Seguridad con quien fue hasta julio el jefe de la Policía de San Juan, Eduardo Lirola; el video que demuestra la presunta relación entre Sánchez y el abogado procesado por trata de personas Gustavo de la Fuente y el trato preferencial hacia este cuando fue custodiado desde la cárcel hasta la Legislatura; y los recientes hechos de narcotráfico que vinculan a una banda que operaba desde el Penal de Chimbas con una posible connivencia o negligencia con el mismo Servicio Penitenciario, que responde a la Seguridad de la Provincia.

Fuentes consultadas por La Mecha indicaron que había algunos cortocircuitos internos también. Es posible que, en el transcurso de los próximos días, puedan salir a la luz nuevos acontecimientos que justifiquen la destitución de Sánchez. Por el momento, será Sandra Chamorro, subsecretaria de Seguridad de la Provincia, quien asuma la conducción del área en su reemplazo.

La relación entre Sánchez y Lirola que salpica por casos de corrupción a integrantes de la Policía

Desde un principio de la gestión, Sánchez mantuvo una relación difícil con quien fue hasta julio de este año el jefe de la Policía, Eduardo Lirola. El vínculo entre ambos estuvo signado por tensiones y cortocircuitos, principalmente por discrepancias sobre el manejo administrativo de la Policía.

Sánchez había pedido remover al personal vinculado a la gestión anterior y señalado por irregularidades financieras. Lirola los mantuvo a pesar de que aparecieron varias denuncias por desvíos de fondos y compras irregulares.

Las diferencias entre ambos se fueron profundizando. Salieron a la luz nuevos casos de presunta corrupción: fraude millonario con combustibles y sobreprecios en compras de insumos. Lirola no avanzó en la investigación pese a la presión de Sánchez. Esto culminó con la salida del Jefe de la Policía en julio por pedido de Orrego.

El video con el abogado procesado por trata de personas y el trato preferencial

Una situación que meses atrás generó cierto recelo en el Gobernador fue el tratamiento preferencial que se le dio a Gustavo de La Fuente, abogado detenido en el Penal por una causa de trata de personas, que compitió por un cargo como Defensor Oficial en el Poder Judicial de San Juan.

Si bien su candidatura fue preseleccionada antes de su procesamiento, esto generó una situación inédita en la Legislatura Provincial. Por un lado, debido al delito gravísimo se le cuestionó la idoneidad para el cargo. Por otro, el operativo de traslado desde la cárcel hasta la Cámara de Diputados fue bastante polémico.

En ese momento, De La Fuente tenía que ser entrevistado por los diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad en el marco del concurso público. Al ser citado para que el jurado evalúe su postulación, se desplegó un operativo de traslado que buscó minimizar la exposición pública del abogado detenido por trata.

Fue trasladado en dos vehículos de la Policía Federal, custodiado por nueve agentes de seguridad e ingresó a la Legislatura por una puerta alternativa por calle Laprida, en vez de ingresar por la puerta principal y evitando así el contacto con periodistas.

A raíz de un video de una reunión informal de colegas que circuló en las redes se supo que De la Fuente y Sánchez mantenían una conexión personal. Esto generó suspicacias sobre la influencia del en ese momento Secretario de Seguridad en el traslado y operativo del abogado detenido por trata.

La polémica se desató por el trato preferencial y por el operativo que buscó evitar un espectáculo mediático. ¿Se buscó proteger su imagen? ¿Se debió a un posible favor político o personal de Sánchez hacia De la Fuente? Esto se sospechó durante un tiempo y puertas adentro generó malestar en el oficialismo.

Narcotráfico dentro del Penal de Chimbas, la gota que podría haber rebalsado el vaso

En las últimas semanas se produjo un decomiso enorme de droga en San Juan. Si bien los números oficiales fueron variando, las primeras informaciones indicaron que se trató de 140 kilogramos de marihuana y 2 kilogramos de cocaína. El cargamento era transportado en una furgoneta oficial del municipio de 25 de Mayo y destapó una operación de narcotráfico que involucra a una banda criminal organizada que operaba desde el Servicio Penitenciario de Chimbas.

Si bien la banda estaba integrada por ocho miembros, uno de ellos empleado municipal de 25 de Mayo, se supo que operaban desde el Penal a través de teléfonos celulares. Luis Garipe, el cabecilla, coordinaba los cargamentos de droga desde la cárcel. Raúl Vargas dirigía la venta al menudeo y daba instrucciones a su cuñada Melisa González, quien distribuía. Otro preso, como Héctor Guiñez, gestionaba los cargamentos de cocaína y su pareja manejaba la comercialización y recaudaba el dinero.

La exdirectora de la Escuela Nacional de Inteligencia, María Luisa Velasco, es especialista en crimen organizado y contó en el programa Off the record que este podría no ser un hecho aislado y que para que estos acontecimientos delictivos puedan llevarse a cabo requieren de una “connivencia de sectores políticos, policiales o penitenciarios”. Incluso advirtió que podría tratarse de una red mayor.

El control logístico desde el Penal a través de la posesión ilegal de teléfonos celulares por parte de los presos implica graves fallas en la supervisión penitenciaria. El narcotráfico es un delito federal que investigan la Policía Federal y la Justicia Federal, mientras que es la Provincia la que maneja el Penal. El ahora ex secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, era el principal responsable de garantizar la administración de las cárceles.

La infiltración de celulares y la operación de la banda narco desde el penal indican una posible connivencia o negligencia por parte de Sánchez. La destitución en su cargo por parte de Orrego podría servir para dar respuesta al escándalo. Es común que funcionarios de alto rango sean responsabilizados políticamente por el fracaso de prevenir y detectar estas operaciones.