Ministerio de Defensa: un DNU habilita a personal militar en actividad a ocupar cargos políticos
Un decreto modifica una ley clave en la organización histórica de las Fuerzas Armadas. La oposición advierte por la creciente militarización de la cartera conducida por Carlos Presti y la politización del Ejército.
A través del Decreto 34/2026, el Gobierno nacional habilitó al personal militar en actividad a ocupar cargos políticos en el Ministerio de Defensa. El DNU modifica la Ley 19.101 de forma que el militar activo que ocupe estos cargos no pasará a situación de disponibilidad. Sin embargo, el decreto aclara que no podrá realizar tareas en el ministerio y en las Fuerzas Armadas en simultáneo.
La medida busca fomentar el ingreso de personal militar en la cartera liderada por Carlos Alberto Presti, por lo que reavivó el debate sobre la conducción civil y la participación militar en el Estado. Por otra parte, el hecho de que una ley sensible haya sido modificada por DNU (es decir, sin pasar por el Congreso) generó el rechazo de la oposición. Agustín Rossi, ex Ministro de Defensa, calificó de «retroceso absoluto» la «politización de las Fuerzas Armadas» y la «militarización del Ministerio de Defensa» que promueve el decreto. «La necesaria e imprescindible neutralidad política de las FFAA queda claramente vulnerada», señaló el ex funcionario.
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El episodio es un nuevo guiño del Gobierno nacional a las Fuerzas Armadas. Carlos Alberto Presti, el nuevo ministro de Defensa, era Jefe del Estado Mayor General del Ejército al momento de asumir su cargo. Además, el militar es hijo de Carlos Roque Presti, quien ejerció como comandante del Regimiento de Infanteria 7 de La Plata durante la última dictadura cívico-militar. Presti padre estuvo imputado por delitos de lesa humanidad contra 44 personas, pero murió antes de ser juzgado. Diversas organizaciones de derechos humanos expresaron su repudio cuando Presti hijo fue nombrado ministro de Defensa, alegando que jamás se pronunció sobre los crímenes de los que fue acusado su padre.
Los guiños del gobierno libertario hacia el sector militar datan desde que asumió. «Estamos reconciliando las Fuerzas Armadas con la política», dijo Javier Milei durante la ceremonia de egreso conjunto de los nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2024. El presidente también señaló en aquel entonces que uno de los «legados nefastos de la casta» fue «fracturar la relación entre la política y nuestras queridas Fuerzas Armadas durante décadas».
En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Defensa justificó: «La urgencia de la medida responde a la necesidad operativa de cubrir puestos estratégicos con personal idóneo». La cartera liderada por Carlos Presti también señala que «el decreto se inscribe en una política de integración entre personal civil y personal militar en actividad dentro del Ministerio de Defensa».
Con la nueva legislación, los militares designados en cargos políticos mantendrán el cómputo de años de servicio activos, lo cual repercute directamente en las posibilidades de ascensos y jubilaciones. Sin embargo, el beneficio no incluye al personal militar «que haya alcanzado el grado máximo» dentro de las FFAA.
La ley 19.101, modificada por el Decreto 34/2026, fue sancionada en 1971 —es anterior a la última dictadura cívico-militar—. Las críticas al DNU están enfocadas en distintos ejes: que fue emitido a un mes de la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa; que pone en riesgo la neutralidad del Ejército; y que, recientemente, el Ejecutivo permitió a agentes de la SIDE detener personas sin orden judicial (también por decreto).
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