Mientras los regantes exigen “milagros” a un río exhausto, el Gobierno aplica parches a un sistema hídrico ineficiente
En marzo de 2026, la tensión por el reparto del agua en San Juan volvió a escalar. El Gobierno provincial confirmó un nuevo recorte en el pronóstico oficial: el volumen disponible para la temporada rondará los 600 hectómetros cúbicos (hm³). Es un número muy por debajo de los 700 hm³ anunciados en diciembre y lejos de los 950 hm³ que se habían estimado en octubre de 2025.
La menor cantidad de agua que trae el río San Juan —en febrero llegó a bajar a apenas 20 metros cúbicos por segundo— obligó a las autoridades a cambiar el esquema de reparto. Y eso impacta de lleno en la planificación de los productores.
El malestar en las Juntas de Riego es generalizado. Los productores —sobre todo del sector vitivinícola— reclaman que se cumpla la promesa de los 700 hm³ anunciados a fines del año pasado. Sostienen que en los embalses todavía hay agua suficiente para compensar lo que hoy no aporta el río.
En diálogo con La Mecha, Nicolás Yanzón, Consejero de Hidráulica regante explicó que la preocupación de los productores tiene que ver con una falta de anticipación del Gobierno respecto al calendario hídrico. Explicó que hubo tres pronósticos distintos sobre el agua del río y ajustes tardíos. Esto se traduce en días adicionales de corte de agua que los productores no tenían previstos en su planificación agrícola.
El sistema de diques —Los Caracoles, Punta Negra y Ullum— está en niveles críticos. En el caso de Ullum, el agua ya se ubica por debajo de la cota considerada segura. En términos simples: el sistema arrastra un saldo negativo de 19,2 hm³.
Abrir más las compuertas para cumplir con la demanda agrícola implicaría un riesgo estructural para las presas y, además, enturbiaría el agua, complicando su potabilización para el consumo humano en la planta de OSSE.
Hasta ahora, la respuesta oficial frente a la escasez ha sido extender los días de corte en la red de canales. Para este ciclo se calculan cerca de 180 jornadas sin agua, cuando en un principio se hablaba de 158. Son medidas que alivian el momento, pero no resuelven el problema de fondo.
Un artículo que quedó viejo
Según especialistas, la raíz del conflicto es la legislación. La misma prohíbe aplicar criterios distintos según el tipo de cultivo o la necesidad real de cada finca. En la práctica, obliga al Estado a repartir la misma cantidad de agua a todas las tierras que tienen derecho de riego, sin hacer diferencias.
Según el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGIAA) —que integran el INTA, el INA-CRAS, la UNSJ y el propio Gobierno provincial—, de cada 100 litros que salen del embalse hacia los canales de riego, menos de 20 llegan a ser aprovechados por los cultivos.
El resto se pierde en canales deteriorados, en la evaporación y en un sistema que no distingue entre una viña, un olivo, un tomate o un pistacho. El agua llega igual para todos y al mismo tiempo, sin tener en cuenta el tipo de suelo, la variedad ni el momento del ciclo de cada cultivo.
¿Crisis es oportunidad?
El escenario actual abre, al menos en teoría, una posibilidad para encarar el problema de fondo. Algunos especialistas plantean que, con un pronóstico inferior a los 600 hm³ para el ciclo 2025-26, podría aplicarse una excepción legal que habilite un reparto más flexible del agua.
Como el Artículo 127 hoy no permite esa flexibilidad, el Consejo de Hidráulica —con el respaldo de un decreto del Poder Ejecutivo— podría autorizar un sistema de “entrega por demanda” para atravesar esta coyuntura crítica. La idea sería dejar atrás el reparto uniforme, basado en las hectáreas empadronadas —muchas hoy sin cultivar— y avanzar hacia un esquema ajustado a la necesidad real de cada plantación.
Para aplicar este cambio haría falta un relevamiento rápido, mediante declaración jurada, en el que cada regante informe cuántas hectáreas tiene efectivamente cultivadas y no solo las que figuran en el padrón. Como la superficie realmente plantada es menor que la empadronada, los días de corte podrían reducirse. Eso aliviaría el estrés hídrico de los cultivos y permitiría usar mejor el poco volumen disponible.
Sin embargo, para que este giro sea realmente efectivo, harían falta inversiones en infraestructura. En especial, compuertas automáticas que permitan dirigir caudales precisos hacia los canales secundarios y terciarios, mejorando la distribución.