Megacausa III: El juicio que reescribe la historia de San Juan

Este viernes 7 de julio se conocerá la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de San Juan en la denominada Megacausa III. Se trata del tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la provincia. El proceso judicial agrupa en total seis causas que involucran a 35 acusados, entre ellos 20 ex militares, 14 ex policías y un ex fiscal federal. Y a 150 víctimas, de las cuales 22 se encuentran desaparecidas y 6 fueron asesinadas.

El juicio está a cargo de los jueces Alberto Carelli, Gretel Diamante y Paula Marisi, quienes desde las 14 horas realizarán la lectura de cargos imputados y el fallo final. La fiscalía está encabezada por Dante Vega, que acusa privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones. Desde su inicio hace cuatro años, precisamente el 25 de junio de 2019, han declarado alrededor de 400 testigos.

Esta demora, debida a la pandemia y la complejidad del caso, provocó que de los 38 imputados que comenzaron el proceso, tres de ellos fallecieran sin sentencia condenatoria. Estos son Hilario Rodríguez, José Claudio Guzmán y Osvaldo Benito Martel. A ellos se les suman ocho acusados apartados por sufrir incapacidades sobrevinientes: José Eladio Escudero, Carlos López Patterson, Darvin Vianor Mejías, Rubén Arturo Ortega, Jorge Horacio Páez Senestrani, Agustín Alejandro Pereyra, Eduardo Daniel Vic y Adelmo Zuliani.

La militancia a la espera de Justicia

A partir de las 11 horas el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan abrirá sus puertas al público para proyectar la lectura del fallo en la pantalla central ubicada en el salón principal. Quienes asistan podrán presenciar la muestra fotográfica de la organización de derechos humanos H.I.J.O.S., dedicada a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en la década de 1970. Además, Radio Universidad 93.1, junto a emisoras amigas, emplazarán una radio abierta para quienes deseen acercarse a interactuar. Se especula que asistan el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el titular del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Di Toffino.

Organizan y convocan a este evento la UNSJ junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la agrupación H.I.J.O.S. San Juan. Ni Una Menos se suma e invita a la comunidad sanjuanina a acercarse al edificio de Mitre y Av. Rioja para participar de lo que será un hecho histórico para la provincia.

Gabriel Farías, referente de H.I.J.O.S., dijo en diálogo con La Mecha que «los juicios de lesa humanidad sirven para reescribir la historia de la provincia en lo que respecta al terrorismo de Estado. Se ha demostrado en todo el país el rol que tuvieron tanto los militares como los cómplices civiles en el plan sistemático de exterminio que llevó a cabo la última dictadura. Ahora los acusados han tenido la oportunidad de tener un juicio justo con derecho a defenderse, algo que no tuvieron nuestros desaparecidos«.

También dijo que «las pruebas desechan la teoría de los dos demonios. Acá no hubo ninguna guerra, sino un plan de exterminio de todo aquel que pensara distinto o militara en algún partido político«.

Las acusaciones

La Megacausa III tiene la particularidad de imputar tanto a policías (si bien se han juzgado anteriormente a integrantes de esta fuerza en forma aislada, es la primera vez que se investiga el rol de la Policía de San Juan en el terrorismo de Estado) como al ex fiscal federal Juan Carlos Yannello, además de ex miembros del Ejército. Al civil se lo acusa de ser partícipe primario en 13 homicidios agravados, en 65 hechos de tormentos agravados, privación abusiva de la libertad, robo y violación cuando ejercía el cargo de fiscal de primera instancia en la Justicia Federal.

Entre las causas acumuladas destacan cuatro por su gravedad y magnitud. La primera de ellas, denominada “Instructores”, involucra a una mayoría de ex militares y algunos ex policías que efectuaron sumarios a detenidos bajo torturas. Una segunda causa, “Policías”, incluye a ex integrantes del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de San Juan que realizaban detenciones ilegales y sumarios a detenidos también mediante tortura. La tercera es llamada “Enfrentamientos” e implica el asesinato de militantes políticos en enfrentamientos simulados por el Destacamento de Inteligencia del Ejército con las fuerzas conjuntas. Por último, “Fusilamientos”, que trata de seis ejecuciones de detenidos.

En su alegato, el fiscal Dante Vega declaró que “las estructuras y engranajes represores señalados, actuaban coordinados entre ellos y valiéndose de todo poder que le daba el aparato estatal”. Y aseguró que las personas acusadas en estas causas “han participado activamente en cada una de las instancias que conforman el terrorismo de Estado en San Juan, ya sea en los procedimientos de detención, en los centros clandestinos de detención, en los violentos interrogatorios que se llevaban a cabo, como así también en las actuaciones con las que se buscaba darle un marco de legalidad a muchas de las detenciones que se habían producido, con la intervención de personal policial y militar como instructores de esos sumarios, y luego con el apoyo del Poder Judicial de San Juan”.

Cabe aclarar que los hechos mencionados no se limitan al gobierno militar comprendido entre los años 1976 y 1983, sino que también ocurrieron anteriormente en democracia. Según Vega, estos hechos se relacionan por un mismo modus operandi, la actuación de los mismos imputados en ambos períodos de tiempo y la utilización de los mismos lugares al momento de cometer los delitos. El fiscal dijo que “se ha logrado probar el rol central que tuvieron las Fuerzas Armadas y las fuerzas bajo control operacional en los hechos investigados, hayan ocurrido antes o después del 24 de marzo de 1976”.

Antecedentes de las Megacausas I y II

En la primera Megacausa se investigaron los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita, en perjuicio de 60 víctimas. Los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña impusieron en forma unánime la pena de prisión perpetua a los acusados Horacio Julio Nieto, Orlando Martel y Jorge Antonio Olivera; y condenaron a 25 años de prisión a Juan Francisco Del Torchio, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Rolando Gómez. Alejandro Lazo tuvo un castigo de 10 años.

En la segunda Megacausa se confirmaron las condenas perpetuas por los mismos delitos contra Jorge Olivera, Gustavo De Marchi, Daniel Gómez, Francisco Del Torchio, Eduardo Cardozo, Juan Carlos Coronel y Juan Carlos Torres. Se condenó a seis años al ex policía federal Juan Alberto Aballay. Con la firma de los jueces Catucci, Geminiani y Riggi, Casación absolvió al ex militar Juan Carlos Méndez Casariego, quien anteriormente había sido sentenciado a 18 años. Su desvinculación se sumó a las que ya había efectuado el Tribunal Oral Federal sanjuanino a Elías Arancio (exmilitar), Nicolás Manrique (ex uniformado local) y Pedro Blanco.

Los delitos investigados en estos juicios se enmarcan dentro del terrorismo de Estado ejecutado en nuestra provincia, en el Área Militar 332, con jefatura en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), dependiente del III Cuerpo del Ejército. Bajo el control operacional del RIM 22 funcionaron centros clandestinos de detención en la Penitenciaría de Chimbas, el antiguo edificio de la Legislatura, la Central de Policía de la provincia, “La Marquesita” en las inmediaciones de dicha unidad militar y el propio RIM 22.

Los pedidos de penas

La fiscalía requirió las siguientes penas a 24 de los 35 acusados:

• Carlos Ángel Castro: quince años de prisión como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en un hecho, privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en cuatro hechos, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en cinco hechos, y por asociación ilícita en calidad de integrante.
• Horacio Antonio Estrada: diez años de prisión como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en tres hechos, y tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en tres hechos.
• Araldo Alfredo Medina: ocho años y seis meses de prisión como coautor de los delitos de prisión privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en dos hechos, y tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos.
• Eduardo Ernesto Traverso: nueve años de prisión como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en dos hechos, y tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos.
• Gustavo Adolfo Lafuente: ocho años de prisión como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en un hecho, y tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en un hecho.
• Ricardo Claudio Bernardo Kaliciñski: siete años y seis meses de prisión como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en un hecho, y tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en un hecho.

• Gustavo Ramón De Marchi: prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en dos hechos, privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en dos hechos, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en cuatro hechos y homicidio doblemente agravado en cinco hechos.
• Jorge Antonio Olivera: prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en dos hechos, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos y homicidio doblemente agravado en cinco hechos.
• Daniel Rolando Gómez: prisión perpetua como coautor de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en un hecho, privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en un hecho, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos y homicidio doblemente agravado en cinco hechos.
• Eduardo Daniel Cardozo: prisión perpetua como coautor de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en un hecho, privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en un hecho, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos y homicidio doblemente agravado en cinco hechos.
• Marcelo Edgardo López: diecisiete años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en un hecho, privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en cuatro hechos, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en cinco hechos, encubrimiento y asociación ilícita.
• Miguel Ángel Megías: prisión perpetua como autor de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en un hecho, privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en un hecho, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos y homicidio doblemente agravado en un hecho, y por asociación ilícita en calidad de integrante.
• Miguel Ángel Bergounian: nueve años de prisión como autor de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en dos hechos y tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos.
• Jorge Manuel Laiseca: siete años de prisión de prisión como autor de tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en un hecho.
• Juan Francisco Del Torchio: prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en un hecho, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en un hecho y homicidio doblemente agravado en cinco hechos.
• Eusebio Jurczyszyn: veinte años de prisión como coautor material de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en nueve hechos y tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en nueve hechos.
• Carlos Antonio Saavedra: siete años y seis meses como autor de tormentos agravados por la condición de perseguido político en un hecho.
• Juan Carlos Coronel: prisión perpetua como coautor mediato de homicidio doblemente agravado en cinco hechos, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en dos hechos y violación de domicilio en un hecho.
• Juan Carlos Turón: nueve años y seis meses de prisión como autor de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en un hecho, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en un hecho y como integrante de asociación ilícita.
• Andrés Walter Alderete: quince años de prisión como coautor funcional de los delitos de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en cinco hechos, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes en un hecho, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en cuatro hechos, y como miembro de asociación ilícita.
• Felipe Pedro Molina: nueve años de prisión como autor funcional de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes en un hecho, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en un hecho, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en un hecho y como miembro de asociación ilícita.
• Rubén José Mondaca: nueve años y seis meses de prisión como coautor de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en un hecho, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos y como miembro de asociación ilícita.
• Norberto José Trigo: once años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en un dos hechos, privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración en dos hechos, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en cuatro hechos y por asociación ilícita en calidad de integrante.
• Juan Carlos Yanello: prisión perpetua por homicidio doblemente agravado en trece hechos, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima y privación ilegítima de la libertad agravada por violencias y amenazas y por durar más de un mes en sesenta y dos hechos, privación ilegítima de la libetad agravada por mediar violencias y amenazas en tres hechos, violación agravada en tres hechos, abuso sexual agravado en un hecho, abuso sexual deshonesto en un hecho y robo en dos hechos.

Fuentes: www.lesahumanidadsanjuan.org; www.fiscales.org.ar; latinta.com.ar