Los tres puntos más cuestionados de la reforma de la Ley de Glaciares que Milei envió al Congreso
Consecuencias ambientales, delegación de poder a las provincias e incertidumbre sobre beneficios, están en la mira. Los debates en torno al proyecto.
Tal como se esperaba, el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (Ley N° 26.639) en la noche del lunes 15 de diciembre. El anuncio se formalizó a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente y el texto ingresó por el Senado.
La urgencia que le imprime el Ejecutivo está vinculada a la intención de tratar la iniciativa durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Según el Gobierno, el proyecto apunta a “ordenar el marco normativo”, poner fin a interpretaciones discrecionales y consolidar un esquema de “federalismo ambiental” compatible con la Constitución Nacional.
Tres puntos centrales bajo la lupa
Hay, sin embargo, una serie de objeciones a la propuesta de reforma de la Ley de Glaciares que se concentran en tres ejes centrales: las posibles consecuencias ambientales, la delegación de poder a las provincias y la incertidumbre respecto de los beneficios a largo plazo del desarrollo productivo en estas zonas.
Una de las disyuntivas centrales del proyecto es la preocupación por la cesión de territorios y recursos estratégicos —en particular el agua y los ecosistemas glaciares— a cambio de divisas para el país. Extractivismo puro. El avance de la minería en zonas actualmente protegidas podría sentar un precedente ambiental difícil de revertir.
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La ley vigente funciona hoy como una barrera legal para el desarrollo minero en áreas incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares. La reforma, al flexibilizar ese límite, abre la puerta para que proyectos mineros millonarios, hasta ahora en stand by, avancen sobre ecosistemas periglaciales.
Por otro lado, el proyecto de reforma otorga un rol central a las provincias para determinar qué glaciares o ambientes periglaciales quedan bajo protección. Los equipos técnicos provinciales tendrán la potestad de establecer si un glaciar o ambiente periglacial cumple —o no— la función de reserva estratégica de agua y, en consecuencia, solicitar su eliminación del Inventario Nacional de Glaciares.
Este cambio habilita que actividades productivas, como la minería, puedan avanzar en esas zonas. La iniciativa establece, además, que la omisión o demora del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en actualizar el inventario no afectará la validez de la autorización provincial para realizar una Evaluación de Impacto Ambiental.
De este modo, el Inventario Nacional pierde peso como barrera preventiva y se prioriza la decisión de las jurisdicciones locales. La prohibición de la exploración y explotación minera o hidrocarburífera en glaciares y ambientes periglaciales solo se aplicará si las provincias consideran que la actividad implica una “alteración relevante”, determinada a través de la Evaluación de Impacto Ambiental.
También persiste el interrogante sobre cuáles serán los beneficios concretos de ceder ecosistemas glaciares. Incluso con la seguridad fiscal y el respaldo jurídico que el Gobierno busca otorgar a las empresas mineras, se cuestiona qué garantías existirán de que la actividad genere efectivamente desarrollo, empleo y crecimiento económico en las provincias involucradas.
En defensa de la ley vigente, colectivos ambientalistas vienen convocando a movilizaciones en distintos puntos del país contra el proyecto de reforma. Organizaciones como Agüita Pura para San Juan y la Asamblea Jáchal No Se Toca, junto con otros espacios, encabezan los reclamos en resistencia al avance de la megaminería en zonas protegidas.
Mientras los defensores de la reforma —entre ellos la Cámara Minera de San Juan y el Poder Ejecutivo Nacional— reclaman aclaraciones técnicas para reducir la incertidumbre legal y diferenciar los glaciares con función hídrica efectiva, los sectores opositores advierten que los cambios podrían diluir la protección ambiental mínima y derivar en una liberalización de territorios estratégicos en favor de inversiones mineras.
El Gobierno avanza
El Gobierno nacional sostiene que el proyecto persigue varios objetivos, sintetizados en el concepto de “federalismo ambiental”. En ese marco, busca reafirmar los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen que los recursos naturales pertenecen a las provincias y que su explotación debe ser racional.
Otro de los ejes centrales es destrabar inversiones productivas. Según el oficialismo, la reforma intenta ordenar el marco normativo y poner fin a interpretaciones discrecionales y a una “parálisis regulatoria” que habría generado inseguridad jurídica y frenado proyectos de inversión. Desde esta mirada, la nueva ley aportaría definiciones técnicas para distinguir qué glaciares y ambientes periglaciales cumplen un rol estratégico en la provisión de agua y cuáles podrían quedar fuera de la protección más estricta.
Está claro que el proyecto emerge de un conflicto de larga data entre la legislación ambiental y los intereses productivos, en particular los de la industria minera. A 15 años de la sanción de la Ley N° 26.639, empresas y provincias vienen señalando que la norma resulta ambigua, especialmente en la definición de ambiente periglacial y glaciares de roca.
La ley vigente, al prohibir actividades como la minería en zonas incluidas en el inventario, frenó el desarrollo de proyectos cupríferos millonarios, especialmente en San Juan. Iniciativas como El Pachón, Vicuña, Altar y Los Azules quedaron condicionadas por la presencia de glaciares de roca o ambientes periglaciales dentro de sus áreas de influencia.
La reforma responde, en buena medida, a los reclamos de provincias como San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca y Santa Cruz, que integran las Mesas del Litio y el Cobre. Estos distritos venían demandando que la autoridad de aplicación para definir y delimitar las zonas protegidas sea transferida a las jurisdicciones locales.
Desde la perspectiva del Gobierno nacional, el objetivo fue otorgar la seguridad jurídica que las empresas mineras reclamaban para concretar inversiones de gran escala.
El proyecto fue enviado al Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias previstas antes del 31 de diciembre. La iniciativa cuenta con un fuerte respaldo de los sectores provinciales promineros y del Gobierno nacional. La Cámara Minera de San Juan valoró positivamente el texto, y el oficialismo sanjuanino tuvo un rol protagónico en su redacción.
La aprobación de la ley aparece, además, como una jugada estratégica del oficialismo nacional para negociar con los gobernadores y asegurar el acompañamiento legislativo a otras reformas pendientes.
En el Congreso, se prevé que la mayoría de los diputados sanjuaninos acompañen la iniciativa, aunque todavía no está claro qué harán los peronistas Cristian Andino y Jorge Chica ni los senadores Sergio Uñac y Celeste Giménez. De aprobarse, el cambio central será que las provincias podrán desafectar áreas del inventario nacional si determinan que no cumplen una función hídrica estratégica, habilitando así el avance de proyectos mineros sobre ecosistemas periglaciales, siempre que la Evaluación de Impacto Ambiental provincial no los clasifique como una alteración relevante.
Proyectos afectados
La reforma de la Ley de Glaciares resulta determinante para al menos cuatro grandes proyectos cupríferos en San Juan, cuyo desarrollo se encuentra paralizado o condicionado por la normativa vigente.
El caso más emblemático es El Pachón. El proyecto de la empresa suiza Glencore, con una inversión estimada en US$ 9.500 millones, no ha podido avanzar con su Informe de Impacto Ambiental debido a la presencia de un glaciar de roca en su área de influencia.
También se encuentra Vicuña. Operado por la alianza entre BHP y Lundin, prevé una inversión de US$ 15.000 millones y enfrenta incertidumbre legal en su etapa de expansión, donde existe un glaciar de roca inventariado cuya función hídrica es objeto de debate.
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Altar, de Aldebarán Resources, se encuentra en etapas preliminares, con una inversión proyectada de US$ 1.590 millones. Su desarrollo futuro está condicionado por la presencia de un glaciar de roca en zonas previstas para ampliaciones.
Por último, Los Azules, de McEwen Copper, es uno de los proyectos más avanzados, con una inversión total estimada en US$ 3.170 millones. Sin embargo, su expansión también depende de contar con reglas claras a nivel nacional debido a la presencia de un glaciar de roca en su área de influencia.