Los sanjuaninos pagaron el impuesto para las rutas nacionales, pero San Juan deberá financiarlas otra vez
Mientras el Gobierno nacional mantuvo más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SisVial) invertido en instrumentos financieros para sostener el equilibrio fiscal, la Provincia asumió con recursos propios y un aporte del acuerdo con la minera Vicuña obras sobre rutas nacionales que, por ley, debía ejecutar la Nación.
El dinero para reparar las rutas nacionales estaba. Mientras el Gobierno nacional mantenía más de $1 billón recaudado para obras viales invertido en instrumentos financieros con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal, provincias como San Juan comenzaron a financiar con recursos propios obras que, por ley, correspondían a la Nación. La decisión de la gestión de Javier Milei dejó sin ejecutar buena parte de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) y abrió una paradoja: los sanjuaninos siguieron pagando el impuesto a los combustibles destinado al mantenimiento de las rutas, pero la provincia terminó buscando otras fuentes de financiamiento para hacerse cargo de esas mismas obras.
Según publicó el medio La Nación, el Gobierno nacional, a través del fideicomiso Sistema Vial Integrado (SisVial), financiado con el impuesto a los combustibles, recaudó $1,5 billones (exactamente $1.503.252 millones) que, por ley, debían destinarse exclusivamente a la construcción y el mantenimiento de rutas. Sin embargo, el Ministerio de Economía utilizó esos recursos para «lograr el equilibrio fiscal».
La denominada «Mesa de Dinero» explica el destino de esos recursos. Del total recaudado, el Gobierno nacional ejecutó apenas una cuarta parte. Al cierre de mayo de 2026, mantenía más de $1 billón invertido en instrumentos financieros, como plazos fijos y títulos públicos (LECAPs y BONCAPs), en lugar de destinarlo a obras viales.
Mientras tanto, los sanjuaninos, al igual que el resto de los argentinos, siguieron pagando el impuesto a los combustibles que alimenta el SisVial con la expectativa de financiar la construcción y el mantenimiento de rutas nacionales. Sin embargo, una parte sustancial de esos recursos nunca llegó a las obras, ya que el Gobierno nacional decidió mantenerlos invertidos en instrumentos financieros para contribuir al equilibrio fiscal.
Con los fondos retenidos en inversiones financieras se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas, una extensión equivalente a casi dos tercios de la red vial nacional.
El contexto político ayuda a explicar cómo el Gobierno nacional pudo administrar esos recursos con mayor discrecionalidad. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, apoyó la Ley Bases, cuyo artículo 5 otorgó al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de «modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos».
Es decir, mientras el Gobierno nacional retenía recursos financiados, entre otros, por los propios sanjuaninos, la gestión de Marcelo Orrego no solo acompañó las herramientas legislativas que ampliaron ese margen de maniobra, sino que además aceptó hacerse cargo de obras nacionales con fondos provinciales.
La falta de un presupuesto aprobado para 2024 y 2025, que obligó a prorrogar el correspondiente a 2023, generó una importante disponibilidad de recursos en los fideicomisos. Ese escenario amplió el margen de discrecionalidad administrativa del ministro Luis Caputo sobre esos fondos.
Las consecuencias de esa política también se hicieron sentir en San Juan. La falta de transferencias y la paralización de la obra pública nacional provocaron un marcado deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.
El deterioro llegó a un punto que el propio Marcelo Orrego calificó como «destruido» al tramo de la Ruta Nacional 40 Norte que une Albardón con Jáchal. La reparación de esa vía debía ser financiada originalmente por la Nación. Sin embargo, ante la falta de intervención del Gobierno nacional, San Juan terminó asumiendo un rol que no le correspondía.
Frente a ese escenario, Orrego firmó un convenio con el Gobierno nacional para que San Juan asuma durante los próximos 20 años el financiamiento, la conservación y la ejecución de obras en tramos estratégicos de las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además del nudo vial entre las rutas 40 y A014.
Aunque las obras pasarán al patrimonio de Vialidad Nacional una vez finalizadas, la provincia deberá afrontar los costos de ejecución, ya que sin ese convenio no tenía facultades legales para intervenir sobre rutas nacionales.
En ese contexto apareció el acuerdo con la minera Vicuña como alternativa de financiamiento.
Como la provincia no disponía de recursos suficientes para afrontar obligaciones que originalmente correspondían a la Nación, el Gobierno provincial recurrió a un acuerdo con Vicuña, la empresa minera que opera los proyectos Josemaría y Filo del Sol.
El acuerdo contempla un aporte inicial de USD 250 millones por parte de Vicuña, denominado Aporte DIA Fijo.
La naturaleza jurídica de ese aporte merece una aclaración. Aunque el Gobierno provincial lo presenta como un desembolso que permitirá acelerar la ejecución de obras estratégicas, el acuerdo establece que el Aporte DIA Fijo no constituye un adelanto de regalías mineras. Se trata de una obligación administrativa derivada de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), destinada a financiar infraestructura, fortalecimiento institucional, gestión ambiental y desarrollo territorial vinculados al Proyecto Vicuña.
Ese aporte no podrá descontarse de las regalías mineras futuras. En cambio, los USD 250 millones se imputarán al pago del propio Aporte DIA que la empresa deba realizar durante los primeros cinco años de producción. En otras palabras, se trata de un pago anticipado de esa obligación administrativa, pero no de las regalías que deberá abonar por la extracción de minerales.
Ese mecanismo también responde a una necesidad operativa de la empresa. La infraestructura que financiará el Aporte DIA Fijo —en particular la Ruta Nacional 40 Norte y la línea eléctrica Nueva San Juan-Rodeo— resulta clave para el desarrollo del Proyecto Vicuña. El desembolso inicial permite acelerar esas obras antes del inicio de la etapa de producción.
Con ese desembolso, que estará disponible desde diciembre de 2026, San Juan podrá financiar la transformación de 143 kilómetros de la Ruta Nacional 40 Norte. Las obras incluyen la construcción de una doble calzada hasta Villicum y terceras trochas hasta Talacasto, utilizando recursos provenientes del acuerdo firmado con Vicuña.
La secuencia deja una paradoja difícil de soslayar. Mientras los sanjuaninos continuaron pagando el impuesto a los combustibles que financia el Sistema Vial Integrado (SisVial) con el objetivo de sostener la construcción y el mantenimiento de rutas nacionales, más de $1 billón permaneció invertido en instrumentos financieros para contribuir al equilibrio fiscal del Gobierno nacional. En paralelo, San Juan terminó asumiendo con recursos propios obras que, por ley, correspondían a la Nación.
En ese escenario también aparece una discusión política. Marcelo Orrego acompañó la Ley Bases, que amplió las facultades del Poder Ejecutivo para reorganizar los fondos fiduciarios públicos. Meses después, su gestión firmó un convenio para hacerse cargo durante dos décadas del mantenimiento y la ejecución de obras sobre rutas nacionales dentro de la provincia. La combinación de ambas decisiones abrió cuestionamientos sobre la estrategia elegida por el Gobierno provincial frente al retiro de la Nación de la obra pública.
El acuerdo con Vicuña también plantea un debate sobre el destino de los recursos provinciales. Los USD 250 millones permitirán avanzar con obras estratégicas para el desarrollo minero y para la conectividad de San Juan. Sin embargo, al destinarse a infraestructura que originalmente debía financiar la Nación, esos fondos dejarán de estar disponibles para otras prioridades provinciales. En definitiva, mientras el Gobierno nacional preservó recursos recaudados para las rutas, San Juan optó por cubrir ese vacío con dinero que podría haberse orientado a otras inversiones.