Se debate la Ley de Glaciares en el Senado: el Justicialismo denuncia modificaciones de último momento no discutidas en comisión
Luego de aprobar casi por unanimidad el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el Senado comenzó a tratar la reforma de la Ley de Glaciares. El debate arrancó alrededor de las 15.30 y, casi de inmediato, los legisladores del Bloque Justicialista denunciaron modificaciones de último momento que no habían sido discutidas en comisión.
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El senador por La Pampa, Daniel Bensusán calificó de «vergüenza» y «joda» el hecho de que se distribuyera un «papel impreso» en las bancas apenas cinco minutos antes de comenzar el tratamiento, sin que los miembros informantes explicaran qué artículos se estaban cambiando.
Denunció que la ley se estaba modificando «entre cuatro paredes» y «entre gallos y medianoche», privando a la sociedad de un debate abierto en las comisiones.
El senador Fernando Salino señaló que este procedimiento está «fuera del reglamento» y que desmerece la calidad de la ley. Detalló que el proyecto se recibió a las 15:32, impidiendo que los legisladores supieran quién era el autor de los cambios o qué decían exactamente antes de discutirlos.
Ana Marks se sumó a esa crítica. Consideró una “falta de respeto absoluta” al reglamento que quienes debían votar desconocieran las modificaciones introducidas.
Marks advirtió sobre lo que consideró una incoherencia. Defender las economías regionales mientras, según dijo, se intenta “dinamitar la cordillera”. La senadora sostuvo que la reforma habilita a que cada provincia aplique sus propios criterios, lo que —a su entender— fragmenta la protección ambiental.
El único orador por San Juan fue Bruno Olivera, senador por La Libertad Avanza, quien defendió la reforma de la Ley argumentando que la iniciativa no busca desproteger el medio ambiente, sino armonizar el federalismo con el desarrollo económico al respetar el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
Olivera calificó la normativa vigente desde 2010 como «técnicamente deficiente» y «mal nacida«, sosteniendo que ha paralizado a las provincias cordilleranas durante quince años basándose en ambigüedades jurídicas y presunciones teóricas en lugar de realidades hidrológicas comprobables. Para el legislador, la modificación es esencial para pasar de un modelo de prohibiciones ciegas a uno basado en el conocimiento científico del territorio.
En su alocución, Olivera rechazó la «falsa dicotomía» entre el agua y la minería, subrayando que Argentina es el único país del mundo que utiliza el ambiente periglacial como categoría jurídica, lo que a su juicio carece de rigor técnico. Aseguró que la nueva ley protegerá específicamente las geoformas que cumplan una función hídrica efectiva, permitiendo el desarrollo de proyectos de cobre y litio fundamentales para la transición energética global.
«Si vamos a proteger un suelo congelado que no aporta absolutamente nada eso no es ambientalismo es burocracia que paraliza el desarrollo entero de de varias provincias del país»
Finalmente, concluyó que «sin seguridad jurídica ni un federalismo real basado en la ciencia, el país no tendrá futuro ni inversiones posibles».
En cuanto a lo que harán los senadores peronistas Sergio Uñac y Celeste Giménez, el dato es que el Consejo Provincial Justicialista de San Juan definió por unanimidad un posicionamiento prominero frente a la reforma de la Ley de Glaciares. Aún así, se espera que el ex Gobernador vote a favor de la reforma y que la dirigente de La Cámpora lo haga en contra. Ninguno de los dos aparece como oradores.
La reforma propone cambiar de raíz el régimen de protección vigente desde 2010. En concreto, el proyecto redefine qué debe protegerse. A diferencia de la ley actual —que prohíbe actividades en todas las zonas periglaciares— la nueva redacción plantea que solo queden bajo resguardo los cuerpos de hielo o geoformas que tengan un aporte hídrico relevante y comprobable a la cuenca. En otras palabras, quedarían afuera suelos congelados que no tengan incidencia significativa en el sistema de agua.
También se discute el fin de la prohibición absoluta por territorio. La idea es reemplazarla por un esquema apoyado en la Evaluación de Impacto Ambiental. Así, proyectos productivos, principalmente mineros, podrían avanzar si demuestran que no afectan la función hídrica del glaciar.
El texto, además, fortalece el rol de las provincias. Serán las jurisdicciones locales las encargadas de determinar técnicamente el aporte hídrico y decidir si una geoforma debe permanecer dentro o fuera del régimen específico de protección.
Detrás de la reforma aparece el argumento económico. El oficialismo y sectores productivos sostienen que la adecuación permitiría destrabar proyectos de gran escala, como Los Azules y El Pachón. Hablan de inversiones proyectadas por más de 15.000 millones de dólares y de entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo.
Por otro lado, ambientalistas advierten que la modificación podría vulnerar el principio de no regresión ambiental, es decir, retroceder en niveles de protección frente al cambio climático. También ponen en duda que la reforma respete los estándares mínimos fijados por el Congreso y ratificados por la Corte Suprema en 2019.
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