Ley de Glaciares: aclaratoria, resistencias y un movimiento estratégico en la relación de Nación y provincias
El proyecto de aclaratoria a la Ley de Glaciares podría llegar al Congreso en diciembre. Apuntes para comprender los pormenores de una reforma que se debate entre lo ambiental y lo productivo, con grandes inversiones mineras en stand by, resistencias e intereses de Nación y provincias en juego.
En el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, declarado por la ONU, Argentina se plantea modificar la ley que los preserva desde el año 2010. Se trata de un debate atravesado por cuestiones ambientales, productivas y económicas que podría redefinir el panorama de San Juan de cara al futuro.
Según trascendió en medios nacionales, un proyecto aclaratorio de la Ley de Glaciares llegaría al Congreso en el mes de diciembre elaborado entre gobernadores y Nación. La urgencia se debe a que la normativa actual interfiere en el desarrollo de proyectos mineros millonarios para Argentina. Varios de ellos localizados en San Juan, donde la explotación del cobre se ha vuelto una promesa ineludible.
// Leé nuestra nota: San Juan y la promesa lejana de un futuro labrado en cobre
En principio, el Ejecutivo pretende modificar la Ley 26.639 para transferir a las provincias la potestad de definir y regular sobre las áreas periglaciares. La búsqueda es clara: avalar el avance minero en ecosistemas glaciares y así apresurar la llegada de divisas.
Tanto el RIGI como la política económica del Gobierno garantizan a las empresas la seguridad fiscal que buscan para invertir en el país. Además, en agosto del 2025 Nación también eliminó las retenciones a la exportación minera. Sin embargo, es la garantía jurídica lo último que necesitan las empresas para avanzar en sus proyectos.
De concretarse la aclaratoria a la Ley, San Juan debería fijar los criterios para el desarrollo minero en las zonas periglaciares y ser garante de la protección del recurso hídrico. La pregunta que aparece es ¿cuáles serán los beneficios concretos de ceder nuestros ecosistemas glaciares? Con seguridad fiscal, respaldo jurídico y sin retenciones ¿qué garantías habrá de que la industria traiga desarrollo, empleo y crecimiento a la provincia?
San Juan, la promesa del cobre argentino
Sólo en San Juan, están emplazados 6 de los 10 principales proyectos de cobre del país. Uno de ellos, El Pachón, de la empresa suiza Glencore, presentó su RIGI en agosto por USD 9500 millones. Hasta el momento se trata, por lejos, del proyecto de mayor envergadura presentado en el régimen.
A pesar de la inversión millonaria que promete, el proyecto no ha sido aprobado todavía: la mina se encuentra en zona protegida por la Ley de Glaciares (N° 26.639) que fija los presupuestos mínimos para la preservación de estos ecosistemas.
Cámaras y empresas mineras plantean que esta ley es ambigua y poco clara. Es que, al igual que El Pachón, el desarrollo de otros proyectos cupríferos de gran magnitud como Vicuña, Los Azules y Altar, está atado al destino de la Ley.
El foco está puesto principalmente en los artículos 1, 2 y 6 que estipulan qué se define por glaciar y zona periglacial y cuáles son las actividades prohibidas. Entre ellas se mencionan explícitamente la minería y la exploración de hidrocarburos.
Sobre el asunto se expresó recientemente el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, y aseguró que el Gobierno provincial encargó un estudio técnico a la Universidad Nacional de San Juan. De acuerdo con ese estudio, el glaciar hallado en El Pachón no cumpliría funciones hídricas relevantes.
Sin embargo, el avance minero en zona protegida no sólo comprendería una gran inversión para Argentina si no también un precedente en materia medioambiental difícil de revertir. Esta es una de las principales disyuntivas del asunto: los costos y beneficios que puede tener ceder territorios y recursos estratégicos en pos de divisas necesarias para el país.
Una reforma anzuelo para Nación
En el tablero nacional, la modificación a la Ley es un asunto clave. Por un lado, otorgaría la seguridad jurídica que esperan las empresas mineras para concretar grandes inversiones. Por otro, es un gesto necesario en el vínculo entre Nación y provincias. Mandatarios de San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca y Santa Cruz presionan desde hace rato la intervención del Gobierno nacional sobre el asunto glaciares.
En ese sentido, Marcelo Orrego fue uno de los primeros mandatarios en aterrizar en Buenos Aires luego de las elecciones de octubre. Después de su encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el nuevo jefe de Gabinetes, Manuel Adorni, el gobernador declaró: “Es necesario concluir con este circuito y esto tiene que ver con la reglamentación a la Ley: que sean las provincias la autoridad de aplicación para establecer qué es un glaciar y un periglacial”.
Y, al parecer, la demanda conjunta de los gobernadores se hizo oír. Según se dio a conocer en los últimos días, la voluntad del Ejecutivo nacional, es que el proyecto de aclaratoria a la Ley ingrese en las sesiones extraordinarias del Congreso previstas entre el 10 y el 31 de diciembre.
Este gesto, además, sería estratégico para el oficialismo a la hora de negociar con los mandatarios provinciales el voto de sus legisladores para las reformas que tiene pendiente. Entre ellos, los dos diputados de Producción y Trabajo bajo el ala de Orrego.
Recursos naturales ¿provinciales?
Según el Atlas de Glaciares de la Argentina, elaborado en el año 2019 por la Secretaría de Ambiente y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), San Juan cuenta con 4.572 glaciares y geoformas periglaciares en la zonas denominadas Andes Centrales y Andes Desérticos.
En Argentina, las provincias tienen la potestad sobre los recursos naturales de su territorio, tal y como indica el artículo 124 de la Constitución Nacional. Sin embargo, en el caso de los glaciares existe una doble legislación implicada.
Esa potestad de las provincias no es ilimitada: cualquier proyecto debe respetar los estándares ambientales fijados por el Estado nacional bajo la Ley General de Ambiente, sancionada en 2002. Esta última normativa fija los estándares mínimos para una gestión ambiental adecuada y sustentable en todo el territorio nacional.
Es decir, si la provincia autoriza un proyecto sin respetar estos estándares, estaría sujeto a posibles impugnaciones, controles, demandas y regulación nacional. Por eso, la intervención de Nación en materia normativa es crucial en este caso para destrabar y que las provincias puedan decidir sobre sus recursos estratégicos.
La defensa de una ley con los días contados
En defensa de la ley, colectivos medioambientales convocaron el jueves 4 de diciembre a una movilización nacional. En San Juan, la convocatoria es a las 19:30hs en la Plaza 25 de Mayo.
Aún así, actualmente en la provincia la licencia social es un hecho. A diferencia de Mendoza, las expresiones de resistencia a la megaminería no alcanzan masividad. Agrupaciones como Agüita Pura para San Juan o la Asamblea Jáchal No Se Toca, en conjunto con organizaciones de izquierda, colectivos y autoconvocados, son quienes movilizan los reclamos medioambientales.
Pero, ¿hasta dónde pueden influir frente a la voluntad del Gobierno nacional, gobiernos provinciales y empresas mineras de avanzar sobre los glaciares?
En el Congreso, las cartas estarían echadas. Si bien la actitud de los legisladores peronistas (dos senadores y dos diputados) no resulta del todo certera aún, está previsto —y lo manifestaron recientemente—, que la mayoría de los diputados sanjuaninos den el visto bueno. Los votos más inciertos serían el de Sergio Uñac, quien no se ha expresado hasta el momento, y Celeste Giménez, de La Cámpora, ambos senadores electos en el 2023.
A pesar de la duda, es conocida la posición prominera tanto del oficialismo local como de las gestiones peronistas anteriores. Restará ver cómo se articulan las alianzas en el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre.
Por el momento, con seguridad fiscal y sin retenciones para las mineras, la aclaratoria a la Ley de Glaciares es el último eslabón para las empresas. Su aprobación daría luz verde, tanto a la inversión millonaria de proyectos mineros en stand by, como al avance sobre ecosistemas periglaciares situados en la cordillera argentina.