Universidades de todo el país exigen reabrir paritarias y cumplir la ley de financiamiento

Las universidades nacionales volvieron a poner en agenda la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema público. A través de un comunicado oficial, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió al Poder Ejecutivo el cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso de la Nación hace cuatro meses, que establece la convocatoria inmediata a paritarias para docentes y no docentes.

Desde el organismo que nuclea a los rectores de todo el país remarcaron que la apertura de la negociación salarial es urgente para recomponer el poder adquisitivo de trabajadores universitarios, en un contexto que describen como delicado y con fuerte deterioro de ingresos.

El planteo no se limita a la cuestión salarial. El CIN advirtió que la normativa también dispone la actualización de los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, el sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la adecuación de los montos destinados a becas estudiantiles. Según expresaron, estas partidas resultan indispensables para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas y de investigación.

En el comunicado, difundido bajo la consigna de defensa de la universidad pública, el organismo sostuvo que si bien existe disposición al diálogo para encontrar soluciones, cualquier iniciativa debe partir del cumplimiento de la ley vigente.

En ese sentido, insistieron en que la convocatoria a paritarias 2026 debe concretarse de manera inmediata.

El CIN planteó además que no se trata únicamente de una discusión presupuestaria, sino de asegurar las condiciones mínimas para el funcionamiento del sistema universitario público nacional, al que definieron como estratégico y vital para el desarrollo del país.

El reclamo se da en un escenario de creciente tensión en distintas universidades, con advertencias de medidas de fuerza y dificultades operativas derivadas del ajuste presupuestario, situación que también impacta en instituciones como la Universidad Nacional de San Juan, donde ya se registraron conflictos vinculados a infraestructura y financiamiento.

Mientras tanto, el sistema universitario espera una definición oficial que permita encauzar la negociación y dar previsibilidad a un año académico que comienza con incertidumbre.

Presupuesto 2026: un aumento que no recompone

En su anuncio del presupuesto 2026, el presidente Javier Milei anunció un aumento para universidades de $4,8 billones para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales. En el 2025 el presupuesto era de $3,8 billones. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declaró que el sistema educativo necesita alrededor de $7,32 billones para 2026 para cubrir salarios, gastos operativos, funcionamiento, programas universitarios, ciencia, investigación, infraestructura, becas, etc. Esa cifra, según el CIN, es la mínima para que las universidades “funcionen normalmente”.

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A eso también se le suma que los salarios de docentes universitarios cayeron casi un 30% real en la gestión de Javier Milei. Es decir, según el sector universitario, el aumento propuesto por el Ejecutivo no recompone la pérdida de poder adquisitivo que los trabajadores vienen acumulando durante esta gestión.

En la misma línea que con los vetos, luego de la presentación del presupuesto 2026, Orrego sostuvo que el equilibrio fiscal es importante, pero insistió en que no debe lograrse a costa de reducir derechos fundamentales como las prestaciones a jubilados y personas con discapacidad y el financiamiento a universidades. Por último, afirmó que sus legisladores seguirán defendiendo estas prestaciones en los próximos debates por el Presupuesto 2026.

Una acción de amparo que salvó el financiamiento universitario

Luego de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo nacional realizó un nuevo intento por derogarla vía decreto en diciembre de 2025. Fue necesaria una acción de amparo colectivo a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para frenar el embate. El juez federal Martín Cormick quien dejó sin efecto el Decreto 759/2025 que suspendía la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente.

Según el magistrado, la ordenanza presentaba rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta». De esta manera, el Ejecutivo nacional está obligado a actualizar los fondos destinados al pago de salarios docentes y de becas estudiantiles.

La Ley de Financiamiento Universitario fue, en un primer momento, vetada por el presidente Javier Milei. Tras la insistencia de las dos cámaras, este veto fue rechazado. Sin embargo, a la hora de promulgar la norma, el Gobierno nacional suspendió su aplicación «hasta que el Congreso determine las fuentes de su financiamiento». Lo mismo hizo con las leyes de Emergencia Pediátrica y Emergencia en Discapacidad.

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El camino de la Ley de Financiamiento Universitario

En agosto de 2025, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario con 158 votos afirmativos. La iniciativa pasó por el Senado y también fue aprobada por una amplia mayoría. Sin embargo, en septiembre de 2025 el presidente Javier Milei vetó totalmente la ley argumentando que «incrementa el gasto público sin respaldo financiero».

Así, el texto volvió al Congreso de la Nación. Los legisladores insistieron y Diputados rechazó el veto del Presidente. Todos diputados sanjuaninos votaron a favor de rechazar el veto, es decir de mantener con vigencia la ley, excepto el libertario José Peluc. El Senado, entonces, insistió con la ley y con 58 votos a favor aprobó la iniciativa dejando sin efecto el veto y convirtiendo la ley en una norma definitiva.

Sin embargo, el oficialismo insistió en la derogación: la incluyó en el capítulo 11 del Presupuesto 2026. Los diputados orreguistas Nancy Picón y Carlos Jaime Quiroga, del espacio Producción y Trabajo, votaron a favor de la derogación de esta ley, pese a que Picón había estado a favor de la iniciativa en agosto pasado.

Distintos sectores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) expresaron su repudio contra los legisladores sanjuaninos que votaron en contra del financiamiento universitario durante la última votación. Tanto el sector docente como el estudiantil utilizaron las redes sociales para expresar su molestia con los diputados orreguistas Nancy Picón y Carlos Jaime Quiroga, de Producción y Trabajo y los libertarios José Peluc y Abel Chiconi. Estos legisladores votaron a favor de derogar el capítulo 11 del Presupuesto 2026. En ese apartado se incluye tanto Ley de Financiamiento Universitario como la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La molestia, en particular, fue contra la diputada Picón, que votó a favor de derogar ambas iniciativas, pese a haber votado a favor de las mismas unos meses atrás.