La ONU declaró la bancarrota hídrica global: ¿Qué pasa en San Juan?
El 70% de las reservas de agua del mundo presenta un descenso persistente en sus niveles. ¿y el acuífero de Tulúm?
La Organización de Naciones Unidas alertó que nuestro planeta entró en bancarrota hídrica. Sencillamente, se define como un estado sistémico en el que la extracción de agua excede permanentemente la recarga natural. El dato es alarmante: el 70% de los principales acuíferos del mundo presenta un descenso persistente en sus niveles.
San Juan presenta coincidencias llamativas con el estado de bancarrota que plantea la ONU. El acuífero del Valle de Tulúm se encuentra actualmente en un estado de sobreexplotación. Según especialistas, las reservas han sufrido un deterioro drástico en la última década. En promedio, calculan bajas de dos metros e incluso en algunas zonas del acuífero libre, el descenso alcanza hasta cuatro metros anuales.
Según diversos informes de la Universidad Católica de Cuyo y especialistas del INA-CRAS, existe un pronóstico que advierte que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años si se mantienen las tendencias actuales de consumo y gestión. Este plazo se basa en el hecho de que el acuífero no ha recibido recarga natural en la última década debido a la falta de escurrimiento por el viejo cauce del río San Juan.
Actualmente, el 50% del agua que distribuye OSSE para el consumo de la población de San Juan proviene del acuífero. Por otro lado, la baja eficiencia de la gestión de agua superficial para cultivos, obliga a los productores a regar con agua de pozo. En este sentido, se estima que el 44% de la superficie cultivada de la provincia se riega con agua subterránea.
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Según las advertencias de la ONU, las causas principales de la bancarrota hídrica incluyen la sobreexplotación, la contaminación, el cambio climático, la expansión agrícola y políticas de gestión inadecuadas. En San Juan, especialistas del ámbito académico vienen alertando sobre la necesidad de modificar la normativa vigente por su rigidez e ineficiencia.
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El informe de la ONU concluye asegurando que posponer decisiones difíciles solo profundizará la emergencia. La organización mundial reclama a los estados pasar de una gestión reactiva a una administración adaptada a la realidad de la bancarrota, lo que implica redefinir derechos de uso según la capacidad real de los sistemas.