La madre de un joven de Las Chacritas denunció que a su hijo se lo llevó la Policía: lo golpearon y le quebraron una pierna

Eran las 23 del sábado 18 de julio. A 20 kilómetros de la Capital, un frío seco azotaba a 9 de Julio. Braian, de 29 años, lo sabía. Por eso se vistió con su conjunto Nike nuevo: un camperón con capucha para cortar el viento en la cara. Salió en bicicleta de la casa que comparte con su madre, camino a visitar a su padre que vive cerca. Pero nunca llegaría: a pocas cuadras de su casa, en la puerta “del 24” —un kiosco— la Policía de Las Chacritas lo interceptó, lo encarceló y lo dejó ir un día después, con una pierna quebrada y golpes en todo el cuerpo.

Esa noche los oficiales bajaron del patrullero sin identificación: Braian dice que el bordado con el nombre se lo habían sacado. Le pidieron DNI, no lo llevaba encima, y le dijeron que debían llevarlo a la Comisaría 31 por averiguación de antecedentes, bajo sospecha de que hubiera cometido un delito. Cabizbajo, tuvo que subirse al patrullero.

“Me fueron insultando todo el camino. Igual yo no dije nada”, cuenta. Un chasquido de lengua, agachar la cabeza, morder la bronca.

Al entrar a la comisaría, los policías le quisieron quitar la campera. “Un conjunto recién comprado. Dije que no. Ahí fue cuando me agarraron entre dos y otro me pateó, quebrándome la pierna”, relata Brian. El abuso no terminó ahí: un rato después, seis o siete entraron al calabozo y lo patearon entero. Tiene golpes hasta en la cabeza, cuenta su madre con rabia. “Por no querer sacarme la campera”, repite él, con un resquemor todavía en los ojos, mirando el yeso que ahora porta. Al lado suyo había otro detenido que podrá servirle de testigo, dice la mamá, algo aliviada.

“Yo pedí cámaras de todos lados, en el negocio hay cámaras, ahí se ve que no me resistí, que no les falté el respeto ni nada”, insiste.

Toda la noche quedó tirado en ese hueco pequeño y sucio, pidiendo que lo llevaran al médico y aguantando el dolor de la fractura. Recién al otro día, domingo 19, decidieron llevarlo al médico legista de la Central de Policía, que al verlo lo trasladó inmediatamente al Hospital Rawson. Ahí constataron la fractura, lo enyesaron y le dieron medicación. “Me dieron la libertad a las 15 horas”, dice. “No me podían retener tanto tiempo por no llevar documento. Yo conozco mis derechos, pero sé que ellos no funcionan así”.

La odisea, ahora, sigue del lado de Beatriz, su mamá: hizo la denuncia en la UFI Delitos Especiales, la de control de gestión en el Centro Cívico y se comunicó con varios medios para visibilizar el caso. Esa noche helada del 18 la pasó en vela. “Yo estaba esperando y esperando que volviera. Al otro día el padre lo buscó en bicicleta y lo trajo, apenas lo vi pensé que fue un accidente. Pero él me dijo ‘la policía me quebró’”, recuerda, entre la bronca y el cansancio.

Tuvo que contener las ganas de ir ella misma a la comisaría a buscar a los policías. Algo le dijo que debía quedarse y hacer todo por la vía legal, aunque ellos no lo hubieran hecho. Al denunciar, le dijeron que había hecho bien, que en casos así “es algo común” que la policía, a modo de represalia, invente cargos —que digan que el chico llevaba droga, o que estaba robando.

A la angustia por la salud de Braian se le suma otra urgencia que no la deja dormir: él trabaja como albañil, y ahora no se sabe por cuánto tiempo quedará incapacitado. Es un golpe doble, porque Beatriz dejó de trabajar como empleada doméstica cuando le diagnosticaron esclerosis y las manos empezaron a adormecérsele; desde entonces es Braian quien sostiene la casa. Sostenía.

Esa casa —“humilde”, dice ella, entre risas— la construyó él mismo hace dos años, cuando juntando los dos sueldos pudieron comprar el lote en Las Chacritas. “Él me dijo: ‘esto es provisorio, ma, hasta que construyamos una bien’”, cuenta.

Lo único que pide Beatriz ahora son los nombres de los seis policías que lo golpearon, para poder actuar contra ellos.

“Para mí, al Estado no le voy a hacer nada, el Estado nunca nos va a pagar. Pero por lo menos que a los que lo quebraron les den algo, porque él es quien me ayuda, yo no puedo trabajar”, cierra Beatriz.

El camino legal

Según la ley, la Policía puede retener a una persona por averiguación de antecedentes un máximo de 8 horas. Este no fue el caso. Por las lesiones, el Código Penal prevé de 1 a 5 años de prisión para los funcionarios que “apremien ilegalmente” a los detenidos, y penas más severas —con inhabilitación perpetua— si se constata tortura.

Llegar a una condena, sin embargo, es la excepción: “Por lo general nunca llegan a eso. Se aprovechan de la situación económica de las personas y con un acuerdo económico arreglan”, señala el abogado penalista Gabriel Rosales, que tuvo un caso similar —un detenido sin fundamentos al que la policía le quebró el brazo. Para definir la pena, o el acuerdo económico en caso de conciliación, agrega, la Justicia deberá sopesar la edad de la víctima, el tiempo sin trabajar, el proceso de curación y si quedarán secuelas o algún grado de incapacidad.

En paralelo a la causa penal, a los policías involucrados se les abre un sumario interno que puede terminar en suspensión o en la baja definitiva de la fuerza.