La Justicia obligó al Gobierno Provincial a reincorporar a miles de empleados públicos despedidos por Orrego
Según el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, José Díaz, se trataría de unos 5 mil trabajadores.
Diciembre de 2023 fue un baldazo de agua helada para miles de trabajadores públicos sanjuaninos que habían ingresado a planta permanente en los últimos seis meses de la gestión de Uñac y que por medio de un decreto del nuevo gobernador Orrego quedaron sin trabajo. Casi 50 días después, una medida cautelar obliga al Gobierno de la Provincia a reincorporar a estos trabajadores hasta tanto se dirima la cuestión judicial de fondo.
El amparo fue presentado por el abogado del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Daniel Lisandrello, quien afirmó a La Mecha que adujeron a la Justicia que “es un acto administrativo nulo, de nulidad absoluta por inobservancia de la forma en algunos casos y también del fondo del derecho en otros casos”.
Así, el juez Walter Otiñano del Octavo Juzgado Civil, tomó como válido el amparo y dictó la cautelar que salió al efecto indicando que se deben reincorporar a los trabajadores nombrados por Sergio Uñac durante su último tramo de gestión y que habían sido dados de baja por Marcelo Orrego en la órbita de los decretos 62/23 y el 2701/23. Además, el amparo fue presentado por otros trabajadores no afiliados al SEP. Según el propio José Díaz, secretario general del SEP, se trataría de unos 5000 trabajadores.
“El amparo es un remedio jurídico mediante el cual uno busca que se brinde la solución a un problema urgente, siempre que no exista otro medio idóneo para llegar a un objetivo. Cuando se ven afectados derechos urgentes de los trabajadores, como en este caso, se propone un amparo colectivo porque se trata de cientos de trabajadores”, indicó Lisandrello.
Además, el letrado resaltó que “el acto administrativo que hizo Orrego mediante estos decretos es un acto administrativo nulo, de nulidad absoluta, porque no se le dio intervención a Asesoría Letrada que siempre tiene que emitir un dictamen acerca de la validez legal del acto administrativo ni se escuchó a Contaduría General de la Provincia, que es la que justamente evalúa la legalidad económica de estos decretos”.
En esa línea, agregó: “Las designaciones que se han hecho han sido dentro de marco de ilegalidad por toda una cuestión de designación de puntos y una serie más de argumentaciones jurídicas legales que lo hemos puesto en el amparo”.
La medida judicial establece «la suspensión de los efectos jurídicos de los actos administrativos atacados, los decretos 62/23 y 2701/23, en relación a los actores, disponiendo su restitución inmediata al cargo en el que fueron designados, con la retribución que corresponde al mismo, mientras se sustancia el presente proceso y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa«.
La primera resolución del Juez ordena a correr traslados (es decir poner en conocimiento a la otra parte procesal de un escrito judicial contrario), aunque Lisandrello afirmó que van a ampliar la demanda e incorporar una prueba más.
La Provincia aún no ha sido notificada de las medidas, se espera que este viernes el Juez mande a correr traslados al representante legal del SEP, quien deberá mandar cédulas a Casa de Gobierno y a la Fiscalía para que se publiquen los edictos. “Recién la semana que viene estarán corriendo los plazos para contestar y ejercer, por supuesto, su derecho de defensa y decir por qué para ellos sí está bien”, sostuvo el abogado.
En definitiva, una vez que las partes sean notificadas, el Gobierno tiene dos días para publicarlo en el diario de mayor tirada de la provincia y después los empleados tendrán cinco días para presentarse en sus lugares de trabajo.
Oficialmente, el Gobierno se enteró por la rueda de prensa de este jueves y no por la vía judicial, en primera instancia.
De igual modo, el camino normal es que esta situación legal siga escalando. La Justicia lo tiene ahora en primera instancia y seguramente si el dictamen es favorable a los trabajadores, apelarán la Provincia y la Cámara; y si no, serán los abogados del sindicato quienes apelen. Finalmente, esto podría terminar en la Corte de Justicia de la Provincia. Por lo pronto, será con los trabajadores adentro.
La cautelar:
El revés judicial a una de las primeras medidas de Orrego
Apenas comenzado su mandato y a tono con la demanda de los votantes, el gobernador Marcelo Orrego tomó prestada la motosierra mileísta y aplicó el ajuste en las áreas del Estado. De hecho, apareció en varios medios nacionales siendo apuntado como uno de los primeros gobernadores en aplicar el tan aclamado ajuste.
Mandó a dar de baja los nombramientos a planta permanente del personal que no había cumplido los seis meses de antigüedad y la no renovación de los contratos de colaboración de servicios de los trabajadores temporarios. También decidió dar de baja a todos los teléfonos corporativos de los funcionarios, alrededor de 200 líneas telefónicas. Y anunció el achicamiento del 30% de la planta política del Poder Ejecutivo.
Las medidas concretas fueron: la anulación de nombramientos recientes (se revocaron los actos administrativos que resultaron en nombramientos en planta permanente de la administración pública en los seis meses previos); la revisión de la continuidad del servicio (se invalidaron los nombramientos de aquellos agentes que, aunque designados en los últimos nueve meses, no cumplieron con un mínimo de seis meses de servicio efectivo y continuo), cese de funciones de los empleados afectados por estas disposiciones en sus cargos de forma inmediata; anulación de extensiones de contrato (se dio de baja la extensión de contratos administrativos de servicio de colaboración del año 2023, realizadas por el gobierno anterior) y evaluaciones puntuales (se constituyó una Comisión Evaluadora, para casos puntuales que puedan cumplir con los requisitos de contratación, a fin de garantizar los derechos de los mismos).
