La complejidad del conflicto de intereses entre Los Azules, Hidráulica, productores y la cámara minera de Calingasta
Aparece una puja por recursos mineros y consumo hídrico en medio de desconfianzas institucionales históricas al Departamento de Hidráulica.
El Departamento de Hidráulica (DH) está involucrado en una puja por recursos que involucra diferentes actores. Recientemente trascendió en medios locales que el presidente de CASEMICA (Cámara de Servicios Mineros de Calingasta) “apuró” al organismo para que dé el visto bueno al expediente por la concesión de agua del proyecto minero calingastino Los Azules.
Este documento busca asegurar un caudal de 244,2 l/s para la etapa de producción de la mina en 2030. 244, 2 litros segundos es el uso máximo. No solo está el permiso técnico, sino una suma de 5 millones de dólares (unos 8.000 millones de pesos) en concepto de canon único, una cifra que los proveedores locales reclaman con desesperación para mitigar el abandono de la infraestructura hídrica. Según Los Azules, el recurso será extraído de 5 pozos y el consumo equivale al riego de una finca de 250 hectáreas con riego convencional.
José Adolfo Ibazeta, presidente de CASEMICA, lidera el reclamo y pide velocidad, argumentando que Calingasta cuenta con 200 kilómetros de canales de los cuales solo uno está impermeabilizado. «Con esos fondos se podrían comprar maquinarias y solucionar problemas que tenemos desde hace muchos años con la monda», sostiene Ibazeta, quien además vincula la demora del permiso con la incertidumbre laboral que dejó la reciente suspensión de actividades en la mina Hualilán.
Lo cierto es que aunque los proveedores locales esperan que los US$ 5 millones costeen obras en Calingasta, los fondos ingresarán directamente a las arcas del Departamento de Hidráulica. El organismo tiene la potestad final de decidir si invierte esos recursos en el departamento o en otras zonas de la provincia
En otra arista del conflicto, la Junta de Riego de Calingasta emitió un comunicado donde expresó: «Ninguna persona o grupo puede hablar en nombre de los regantes sin participación formal de su órgano representativo», advirtieron y negaron haber avalado la entrega de agua al proyecto minero. Además expresaron que la Junta no se opone al desarrollo pero hicieron hincapié en tomar decisiones con control institucional.
La palabra final la tendrá el Consejo de Hidráulica, el órgano responsable de las concesiones que integran seis miembros: tres representantes de los regantes y tres del Poder Ejecutivo. Actualmente, el expediente se encuentra bajo la lupa del área técnica de la repartición, que evalúa si el proyecto minero cumple con los 95 requerimientos técnicos y ambientales que surgieron de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
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No obstante, es oportuno mencionar que este medio publicó al menos un antecedente polémico respecto a los permisos de agua porque existen ciertas arbitrariedades en el cobro de cánones. Un caso reciente que sacudió a la repartición fue el de los empresarios Manuel González Eztala y Andrés Icazati, dueños de Café América, quienes obtuvieron un descuento discrecional del 90% en el pago de derechos de riego por dos perforaciones. En concreto el Consejo “perdonó” una deuda de $300 millones a apenas $30 millones bajo la ambigua justificación de «criterio de este Consejo», privando al Estado de fondos que, paradójicamente, hoy se reclaman a la minería para reparar compuertas rotas y limpiar cauces.
Las demoras de Hidráulica en Calingasta
La tensión social en Calingasta ya tuvo un capítulo reciente de confrontación. En una reunión de trabajo encabezada por el intendente Sebastián Carbajal y el director de Hidráulica, Juan José Ginestar, los productores locales manifestaron su malestar por las demoras críticas en las obras de monda y mantenimiento de canales. Aunque Carbajal destacó la importancia de la producción como identidad departamental, el clima del encuentro estuvo marcado por la necesidad de garantizar agua «en tiempo y forma» para la próxima temporada, un compromiso que hoy choca con la falta de equipamiento que el pago del canon de la minera podría resolver.
