Juicio por YPF: qué implica el fallo de Estados Unidos que ordena a Argentina entregar el 51% de sus acciones
En junio de 2025, la jueza estadounidense Loretta Preska ordenó que Argentina entregue el 51% de las acciones que posee sobre YPF a Bulford Capital, que en 2015 adquirió los derechos de demanda de accionistas minoritarios afectados por la expropiación de 2012. La defensa de Argentina apeló al fallo y, entre tanto, solicitó que se posponga la transferencia accionaria. Es la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la entidad que debe decidir.
Burford Capital, el demandante, es un fondo de cobertura que compra los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo y luego inicia juicios por sumas mucho mayores. Un funcionamiento similar al de los llamados fondos buitre. Su estrategia en el litigio es demostrar que YPF y Argentina funcionan de manera interdependiente. Para ello, solicitó acceso a correos electrónicos y chats de Luis Caputo y Sergio Massa, últimos ministros de Economía.
La estrategia argentina consiste en apelar los distintos fallos hasta llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, apoyándose en la soberanía y el interés nacional. Esta línea ha sido mantenida por las distintas presidencias. La particularidad de la defensa bajo la gestión de Milei es que, más allá de que el mandatario haya posteado en redes sociales argumentos a favor de los acreedores, el Gobierno de Estados Unidos ha presentado escritos solicitando que se suspenda la ejecución de la orden.
En la previa del fallo, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, declaró a Radio Nacional que una sentencia adversa para el Estado nacional sería «impagable». Su principal argumento es que para vender una acción del Estado es necesario recurrir al Congreso.
¿Qué consecuencias podría tener para Argentina?
La Mecha entrevistó al licenciado en Economía Hugo Berozzi sobre lo que implicaría un fallo adverso para la economía argentina. En primer lugar, el economista señaló que las exportaciones petroleras de Argentina han logrado invertir la balanza económica: «La diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos ha quedado en un saldo positivo [para el país]». Por lo tanto, la primeras consecuencias serían: «Que se dañe la reputación de Argentina a nivel global, que ya viene bastante mal pero sería peor»; y que:
«Argentina perdería control sobre un recurso estratégico. […] Eso la dejaría en una situación de muchísima debilidad».
El economista también destacó el hecho de que el país de por sí enfrenta grandes dificultades para acumular reservas en dólares y que perder el control sobre YPF agravaría aun más la situación.
A nivel provincial, las consecuencias son más complejas. Berozzi señaló que las estaciones de servicio de YPF dejarían de negociar directamente con el Estado nacional y lo harían con «un fondo buitre de Estados Unidos».
«Eso dificulta muchísimo la provisión de petróleo a todo el país, especialmente a zonas menos desarrolladas donde YPF cumple un rol fundamental porque es la principal provisión de energía».
Una disputa de larga data
La puja judicial entre la justicia norteamericana y el Estado argentino se remonta a abril de 2015, cuando Burford Capital adquirió los derechos de demanda de accionistas minoritarios afectados por la expropiación de 2012.
La demanda se basa en que la Argentina no ofertó la compra de las acciones de YPF, es decir, estatizó la empresa sin dar una compensación a los accionistas. En primera instancia, la jueza Loretta Preska falló a favor de Burford Capital y condenó al Estado argentino a pagar 16.1 millones de dólares (más los intereses acumulados, la suma asciende a 18 millones). Es decir: la responsabilidad, para la jueza, pesa exclusivamente sobre Argentina, no sobre la empresa.
En junio de 2025, la jueza resolvió que, para saldar la deuda, Argentina debería transferir el 51% de las acciones de YPF que tiene en su poder al fondo de cobertura.
A pesar de las diferencias, la defensa por la causa YPF ha sido un punto en común de los distintos gobiernos nacionales. Además, una particularidad del último tiempo es que Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, presentó escritos solicitando que se suspenda la ejecución de la orden, argumentando que obligar la entrega de los activos soberanos de Argentina podría violar inmunidad soberana y afectar relaciones internacionales. Este posicionamiento fue mantenido tanto por la gestión de Joe Biden (en 2024) y la de Donald Trump (2025).