Incertidumbre sobre el sostenimiento de la Universidad Pública en 2024

Las Universidades nacionales están en un estado de preocupación por los números que mostrará el presupuesto para el 2024 ya que este miércoles el Gobierno Nacional resolvió por el decreto 88/2023 prorrogar el presupuesto 2023 para el próximo año.

Durante este año las universidades funcionaron bajo números de octubre de 2022 (ya que el presupuesto también fue prorrogado) pero sujetos a actualizaciones periódicas. Sin embargo, la situación para el 2024 es más compleja porque el Poder Ejecutivo todavía no ha asignado un secretario de políticas universitarias que ejerza de interlocutor con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Este organismo, conformado por todos los rectores de universidades nacionales, ha manifestado su preocupación y afirmó que en estas condiciones el funcionamiento de las casas de altos estudios peligraría a partir de abril. 

Bajo esta situación, el CIN envió un presupuesto con 300% de aumento a la Secretaría de Educación bajo la premisa «Es el mínimo para abrir las puertas». 

Marcelo Lucero, decano de la Facultad de Ciencias Sociales explicó en diálogo con este medio: “Por ahora se ha tomado la decisión de reorganizar los recursos en torno a dos prioridades: pago de sueldos y gastos de funcionamiento. Todo el resto de actividades que venimos realizando no van a tener prioridad y van a estar sujetas a disponibilidad de recursos”.

Asimismo, Lucero explicó que hasta enero los salarios están garantizados pero febrero no porque no existe un interlocutor oficial con el CIN. Esto genera una gran incertidumbre y falta de información. A su vez, el secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca expresó en Radio Universidad: “Con ese presupuesto no se puede funcionar bien, apenas se puede funcionar hasta el mes de mayo quizás, haciendo grandes economías”.

A su vez, el decano de Sociales comentó que están trabajando un sistema de racionamiento del uso energético porque a partir de diciembre se eliminan los subsidios a servicios públicos, por lo cual los gastos de electricidad y gas natural de la Facultad prácticamente se van a duplicar. 

Además se le consultó a Marcelo acerca de la deserción estudiantil. “En Sociales, en momentos de crisis hay una tendencia de mayor demanda, hay mayor cantidad de ingresantes. Yo interpreto entre otras cosas que esto sucede fundamentalmente porque las familias no pueden sostener la educación privada. Sin embargo, la restricción de ingresos en las familias produce que los estudiantes inviertan mucho tiempo en búsqueda laboral y esto afecta el cursado, la regularidad de las materias. Estamos trabajando en un protocolo para estudiantes trabajadores”.

Lo cierto es que las políticas de ajuste son parte de un contrato electoral que por el momento pareciera tener legitimidad social. Aunque el discurso de “lo va a pagar la casta” empieza a esfumarse más temprano que tarde, la opinión pública pareciera adherir a la idea de un sacrificio necesario para lograr la luz al final del túnel. 

Sobre esta idea, el Doctor en Ciencias Sociales y decano de la Facultad opinó: “Hay que leer lo que se votó. Se votó en contra del proceso inflacionario, lo cual me hace acordar a los 90, el apoyo fuerte al menemismo se dio cuando logró disminuir la inflación durante la convertibilidad. Yo creo que difícilmente el modelo neoliberal pueda generar un derrame económico sobre el bienestar de la población”. Además concluyó: “En febrero o marzo se va a sentir la incidencia fuerte de las medidas. En ese momento se verá que opina el sector de la población que apoyó las medidas”.