El Gobierno nacional busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad
El 18 de abril, el oficialismo presentó un proyecto de ley titulado “Contra el fraude de las pensiones por invalidez”. La iniciativa estipula la incompatibilidad del empleo formal con las pensiones por discapacidad, así como la eliminación del nomenclador nacional de aranceles. Los detalles, en la nota.
El Gobierno nacional envió al Congreso una nueva ley de discapacidad bajo el título “Contra el fraude de las pensiones por invalidez”. De aprobarse la iniciativa, los actuales titulares de pensiones deberán acreditar nuevamente su discapacidad y situación socioeconómica. Esta iniciativa exige un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios y establece que las asignaciones económicas serán incompatibles con cualquier empleo formal.
Esa incompatibilidad implicaría un cambio drástico en las condiciones de vida y en la autonomía de las personas con discapacidad. La ley actual permite que un beneficiario mantenga su pensión siempre que acceda a un empleo formal cuya remuneración no supere los dos salarios mínimos, vitales y móviles. De aprobarse la modificación, cualquier acceso a trabajo registrado implicaría la pérdida automática de la pensión por discapacidad.
Otro punto sensible del proyecto oficialista es que elimina el nomenclador nacional de aranceles. Actualmente, este ítem funciona como una herramienta que fija los valores de referencia que obras sociales y prepagas deben pagar a los prestadores e instituciones por cada servicio, lo que garantiza un piso mínimo de financiamiento en todo el país.
El oficialismo justifica la iniciativa en que la ley debe adaptarse a la política del equilibrio fiscal, según comunicó el Ministerio de Salud. La postura del Ejecutivo es que el sistema actual es financieramente inviable y propenso al fraude.
El proyecto modificaría la actual ley de emergencia, que fue vetada por el presidente Javier Milei pero ratificada con amplia mayoría en ambas cámaras.
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Conflicto de larga data
La Ley Nº 27.793 de Emergencia en Discapacidad fue vetada por Javier Milei y luego ratificada por Diputados y Senadores. A través del decreto 681/2025, el Gobierno nacional promulgó pero suspendió la aplicación de la ley hasta que «el Congreso determine las fuentes de su financiamiento». Finalmente, la Justicia obligó al Ejecutivo a cumplir con la ley.
El oficialismo presentó el proyecto días después de proponer una modificación a la vigente Ley de Salud Mental. Concretamente, la propuesta quiere cambiar los criterios de internación involuntaria. Desde el Foro de Salud Mental y Derechos Humanos, indicaron a La Mecha que la iniciativa atenta contra la autonomía de las personas afectadas y aumenta la discrecionalidad del sistema.