El feminismo, esa mancha venenosa
El 8 de marzo del 2022 marcó un antes y un después para los feminismos locales. Desde la denuncia hacia activistas por «daños a un patrimonio cultural» hasta la construcción de una defensa feminista denunciando al Estado por violencia pública política, reconstruimos el relato de una causa a través del testimonio de quienes la atravesaron. ¿Cómo se construye una mancha venenosa? ¿Es posible una Justicia feminista?
Nota colaborativa por Oriana Godoy y Paloma García.
Este mes de noviembre del 2023 se habrán cumplido 20 meses desde el 8 de marzo del 2022. Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, movimientos feministas y transfeministas a lo largo y ancho de todo el país se congregan en plazas, parques, legislaturas y tiñen las calles con carteles, colores, cantos y banderas.
El 8 de marzo del 2022, a dos años del inicio de la pandemia, la calle fue el escenario de reencuentro para los feminismos de la provincia. Esa marcha terminaría como tantas otras: leerán el documento con las consignas de ese año, la desconcentración comenzará con timidez entre abrazos y saludos, habrá un partido de fútbol callejero, “nos veamos este finde”, “avisame cuando llegues”. La calle quedará vacía mientras anochece y de a poco el tránsito se reanudará en avenida Libertador.
A dos días de la concentración, el 10 de marzo, Diario de Cuyo titulaba: “Hay indignación por los nuevos daños que la marcha del 8M dejó en la escuela Sarmiento”. En la bajada anticipaban: “hoy harán una denuncia por vandalismo”. Y así fue.
Semanas después, cuatro activistas recibieron en sus casas la notificación de una denuncia penal. Según llegaron a saber, la directora de la Escuela Normal Sarmiento, Karla Anahí Almonacid, y el director de Patrimonio Cultural de la Provincia, Jorge Martín, habían presentado denuncias por el delito de daño grave contra un monumento público: la emblemática escuela Normal Domingo Faustino Sarmiento. Un mes y medio más tarde, el fiscal de Estado, Enrique Sánchez Pombo, se presentaría también como querellante de la causa. A las 4 mujeres se las acusaba de haber dañado el patrimonio con pintadas realizadas durante la marcha.
Desde entonces, dos de las principales organizaciones feministas de la provincia, la Asamblea Ni Unx Menos (NUM) y Las Hilarias (Socorristas en Red), comenzaron un extenuante proceso judicial contra el Estado de San Juan que continúa hasta el día de hoy.
Sin embargo, ese proceso no sólo ha consistido en la defensa de las indagadas frente a la causa. Las feministas se propusieron construir una defensa política que sentara precedente, que protegiera a otras de pasar por lo mismo. Pero, ¿cómo se construye una defensa feminista?
Contradenuncia en red
El 31 de agosto del 2022 un grupo de 24 activistas se organizaron y decidieron denunciar al Estado de San Juan por Violencia Pública Política por motivos de género, tipificación contemplada en la ley 26.845 de Protección Integral a las Mujeres. Luego de mucho debate, las feministas entendieron que, al individualizar e investigar referentes de los feminismos locales, el Estado estaba criminalizando la protesta. Esta causa cayó en manos de la jueza Adriana Tettamanti del Contencioso Administrativo quien aún está a cargo del caso. Así, tanto la denuncia a las activistas por supuesto daño a un patrimonio provincial, como la denuncia al Estado por violencia pública política, han avanzado en paralelo a lo largo de todo este tiempo.
Durante los primeros meses de indagación de la causa por supuesto daño al patrimonio, las 4 feministas fueron investigadas en un proceso que llevó al Estado provincial a realizar operaciones de inteligencia. Indagaron sus lugares de trabajo, sus publicaciones académicas, sus redes sociales y sus vínculos con otras feministas que, sin siquiera estar judicializadas, también fueron identificadas a través de cámaras del CISEM. Además, la identidad de las denunciadas fue expuesta en medios locales.
“Todo el material con que construyen el expediente tiene que ver con investigación en redes sociales. No tiene nada que ver con pruebas que demuestren que cometimos un delito, que aparte sostenemos que tampoco es delito. Mientras tanto les sirvió para seguir construyendo esa figura: la de las vandálicas; el enemigo público”. Así lo explicó Dolores Córdoba, integrante de NUM, militante por los derechos humanos y denunciante contra el Estado junto a sus compañeras.
Sobre la defensa, Dolores expresó:
Nosotras creíamos que debía ser una defensa feminista de la causa que tuviera que ver con sostener que las pintadas en contexto de protesta no son delito. Decidimos defender el contexto de protesta, defender las pintadas como herramienta de protesta y de expresión. Más cuando los medios de comunicación hegemónicos no son nuestros medios de expresión, entonces algún medio de expresión tenemos que tener».
“Nosotras obligamos al estado a leer en términos políticos nuestras pintadas. Ha sido todo una construcción colectiva”, afirma Y.O. (por sus iniciales). Ella es una de las 4 feministas a las que el Estado investigó. A su propia versión de los hechos la contaron tantas veces otros. En entrevista, Y.O. nos explica: “Yo sabía que en algún momento iban a encontrar algo para ir contra nuestras luchas y la verdad que nuestra estrategia fue la violencia al Estado porque lo necesitábamos y porque sabíamos que era por ahí por donde teníamos que ir y tuvimos mucho apoyo de las redes que supimos conseguir como siempre decimos”.
En el mes de noviembre del 2022, la jueza Mabel Moya, quien llevaba la causa de la denuncia por daños a la Normal Sarmiento, definió el sobreseimiento para tres de las cuatro indagadas y el procesamiento para una de ellas debido a que se habría probado su participación en las pintadas. Finalmente, el pasado agosto, la Cámara de Apelaciones en lo Penal definió anular el procesamiento solicitado por la jueza Moya debido a la falta de descripción del delito cometido: un error de base en lo que respecta al derecho, puesto que la descripción del acto delictivo es un elemento ineludible. Este accionar insólito por parte de la jueza la llevó a ser desligada de la causa que, por sorteo, quedó en manos del juez penal Guillermo Adarvez.
Por su parte, Conrado Juarez Jofré se constituyó como el abogado defensor de las activistas y fue quien solicitó el sobreseimiento para todas ellas, además de ser quien las representa en la causa de violencia pública política. Sin embargo, la colectiva Ni Unx Menos también cuenta con un asesor legal que acompaña y orienta a las denunciantes en el proceso contra el Estado: Federico Godoy, abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires.
La mancha venenosa
Y.O. es la única de las 4 feministas indagadas que no fue sobreseída en primera instancia.
Yo siempre decía que la Justicia les llegaba a las pobres, las negras y las putas, pero en contra. La Justicia nos llega, pero nunca en nuestro favor”.
Y.O.
Como necesidad de un medio de expresión propio, las feministas también crearon un perfil de Instagram llamado Libre Protesta donde publican avances de las respectivas causas. La última publicación manifiesta el estado procesal actual y reclaman dilaciones en la sentencia.
Para el abogado Federico Godoy: “el punto de haber utilizado el derecho penal, que es una herramienta extraordinaria en el uso, claramente muestra que lo que se intentó, junto con el poder mediático, fue generar una especie de mancha venenosa donde no pudieras empatizar con los feminismos y transfeminismos sino que, al contrario, les quitaras apoyo. Y esto fue efectivo”.
Entonces, tanto Godoy como las activistas se preguntan: ¿Quién va a generar las garantías de protección necesarias para que esto no vuelva a ocurrir?
La respuesta a esa pregunta aún está en camino. Se espera que llegue con una sentencia ejemplar dictaminada por la jueza Tettamanti, a cargo de la causa de violencia pública política. “Ahí es donde la otra causa de violencia pública política se hace muy necesaria, porque se demuestran un montón de violencias. La única que no entra en este caso es la violencia policial”, explica Godoy.
El lo recorrido de las activistas hasta el momento ha estado marcado por la constante exposición a distintos tipos de violencias. La violencia es de género por su condición de mujeres. La violencia es política porque, además de mujeres, son activistas que desde hace años luchan por los derechos de mujeres y disidencias de la provincia. La violencia es pública porque la ejercen los aparatos del Estado como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. La violencia es mediática porque los medios de comunicación las representan como el enemigo público. Así, a partir de todos estos mecanismos, se construye a las feministas y, por extensión a los feminismos, en una mancha venenosa, en un enemigo público.
A lo largo de este proceso, son vastos los recursos del Estado que se han puesto en función de perseguir y criminalizar a las feministas: jueces, fiscales, equipos de investigación, expedientes; en definitiva, tiempo y dinero. Mientras tanto, causas de abuso sexual infantil, de violencia de género, de revinculación forzada, entre muchas otras, aguardan en papeleras durante meses.
lo que se intentó, junto con el poder mediático, fue generar una especie de mancha venenosa donde no pudieras empatizar con los feminismos y transfeminismos»
Federico godoy
Desde aquel 8 de marzo del 2022, las consignas de los feminismos locales apuntan a resistir y denunciar la violencia política. En repetidas ocasiones las feministas han manifestado : “formamos redes para resistir”. Son las redes que exigen, con firmeza y esperanza que, después de tanto, la Justicia enmiende el daño provocado.
