El conflicto docente podría destrabarse este miércoles, aunque los gremios impugnaron resoluciones de la Subsecretaría de Trabajo
Tras ocho reuniones, el Gobierno mejoró la oferta salarial mientras crece el desgaste docente; los gremios definen y avanzan por la vía judicial.
En medio de un conflicto cargado de tensión, los tres gremios docentes de la provincia —UDAP, UDA y AMET— mantuvieron su octava reunión paritaria con el Gobierno. Rechazaron la propuesta oficial, lo que obligó al Ejecutivo a mejorar las condiciones anteriores, con una serie de beneficios específicos orientados a destrabar la negociación.
El martes de la semana pasada, la Subsecretaría de Trabajo, a través de su titular Franco Marchese, había presionado a los gremios para que levantaran el paro. La reacción fue una multitudinaria marcha de antorchas, con repercusiones tanto en la provincia como a nivel nacional.
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La reunión paritaria terminó tarde. Fuentes que siguen el conflicto desde adentro reconocieron a La Mecha que la docencia está muy cansada. No hubo convocatoria a una vigilia durante la negociación y, aunque el rechazo a las propuestas anteriores fue contundente, empieza a percibirse un posible acuerdo. No tanto por consenso, sino por desgaste.
En cuanto a la nueva propuesta, uno de los ejes es el escalonamiento de incrementos en el valor índice: 5% en marzo (base diciembre de 2025), 2% en mayo (base marzo) y 3% en junio (base mayo). Además, se incrementa el código A01 en 6 puntos en marzo y 4 en mayo, y el código E60 suma 6 puntos en marzo.
Se establece una suma mensual de $100.000, no remunerativa ni bonificable, para una amplia lista de cargos docentes, y de $50.000 para el Maestro de Grado de Jornada Extendida, a partir de marzo. Además, se incluye un bono por única vez de $120.000, a pagarse el 15 de abril, proporcional a las horas cátedra.
Un punto clave es la implementación de una cláusula gatillo en junio, condicionada a la evolución económica y la situación fiscal de la provincia. También se proponen mejoras en el ítem Radio: se incrementan en 5 puntos porcentuales las bonificaciones para los radios 4, 5, 6 y 7.
Aunque la propuesta es más robusta, los gremios plantearon que las sumas de $100.000 y $50.000 deberían ser remunerativas. También cuestionaron que la cláusula gatillo esté condicionada y reclamaron que se ajuste a la inflación de 2026 sin restricciones.
La respuesta de los gremios se conocerá este miércoles 18, tras la consulta con las bases. En la docencia se percibe un clima de resignación que podría inclinar la balanza hacia la aceptación.
Por otro lado, los abogados de los gremios —Roberto Correa Esbry, Marcelo Arancibia y Pascual Persichella— presentaron un recurso jerárquico para solicitar la nulidad de las resoluciones N° 039-ST-2026, 040-ST-2026 y 041-ST-2026 de la Subsecretaría de Trabajo. Estas normas intimaban a los sindicatos a garantizar un 75% de prestación del servicio educativo durante las medidas de fuerza y a presentar un plan de acción detallado bajo apercibimiento de ley.
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Los gremios sostienen que el procedimiento es ilegal y denuncian que la Subsecretaría impuso estas condiciones de manera unilateral, sin respetar las instancias obligatorias de negociación previa ni la intervención de la Comisión de Garantías.
También cuestionan la competencia de la autoridad provincial, al considerar que se atribuyó facultades propias del régimen laboral nacional. En esa línea, advierten una violación del derecho de huelga. Sostienen que calificar a la educación como “servicio esencial” contradice la Constitución Nacional y convenios de la OIT, ya que su interrupción no pone en riesgo la vida ni la salud de la población.
En ese marco, acusan al subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, de actuar con parcialidad a favor de la patronal estatal y de abandonar su rol de mediador neutral.
El recurso solicita que se declare la nulidad absoluta de las resoluciones mencionadas. También pide la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución N° 040-ST-2026 —como medida cautelar— para evitar daños irreparables al derecho de huelga, y plantea la inconstitucionalidad del régimen aplicado.