El balance a dos años de la gestión Milei: estabilización económica, ajuste profundo y tensión social
El gobierno de Javier Milei llega a su segundo aniversario con inflación en baja y mejora en algunos indicadores, pero con fuertes costos sociales. Entre reformas resistidas y movilizaciones masivas, el país cierra 2025 en un equilibrio frágil entre orden macroeconómico y conflictividad en las calles.
Los diciembres argentinos suelen ser puntos de alta tensión social y económica y el de 2025 no es la excepción. Comparado con los cierres de ciclo previos —como el 2019 atravesado por el final del gobierno de Mauricio Macri, o el 2022 castigado por la inflación récord que empujó la pobreza por encima del 39%—, el país llega a este segundo aniversario del gobierno de Javier Milei con un paisaje económico distinto.
La inflación, que en 2023 había superado el 200% anual, se desaceleró de manera sostenida y las estimaciones privadas proyectan una variación interanual en torno al 30%. En paralelo, los indicadores oficiales muestran una reducción de la pobreza respecto a los picos de la transición de mandato: del más del 40 %, descendió al 38 % en 2024.
Dos años después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada con la promesa de “terminar con el cáncer de la inflación” y “achicar el Estado”, el mapa argentino es un territorio en transformación: más ordenado en sus números macroeconómicos, pero también más áspero para quienes dependen de servicios públicos o de ingresos que siguen detrás del costo de vida.
El cuadro económico que el Gobierno reivindica como prueba de “orden” y “normalización” convive con un proceso de ajuste que dejó huellas profundas en la vida cotidiana. La reducción del gasto público en materia de salud, educación, obra pública, jubilaciones y programas sociales produjo un deterioro del acceso a ciertos servicios básicos y un retroceso en la protección del ingreso.
Aunque las cifras económicas reflejan cierta estabilidad, la indigencia continúa en niveles altos y la recomposición salarial sigue muy lejos de recuperar lo perdido en los últimos años. En los barrios, el impacto del recorte es visible: comedores desbordados, familias que no logran cubrir la canasta básica y trabajadores formales que cayeron en la pobreza pese a conservar sus empleos.
En ese contexto, el balance de los dos años de gestión muestra una doble lectura. Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria y la caída de la pobreza promedio, amplios sectores señalan que esa mejora convive con un Estado reducido, derechos laborales en revisión, servicios debilitados y un entramado social más frágil que antes.
Los diciembres anteriores retrataban un país al borde del desborde; el de 2025, en cambio, exhibe estabilidad, pero asentada sobre recortes profundos y una tensión social persistente. La pregunta que queda abierta es si el próximo año encontrará al país consolidando ese orden o revisando el costo que implicó alcanzarlo.
Según los datos oficiales, la inflación —que en diciembre de 2023 cerraba en una marca superior al 200% anual— transitó durante 2025 una baja sostenida, con variaciones mensuales mucho más suaves y una inflación interanual que, hacia fin de año, se ubicaba alrededor de la franja del 30%. Para el gobierno, ese indicador es la prueba de que el ajuste fiscal, el recorte del gasto y la estabilidad cambiaria funcionaron. También se observa una recuperación de la actividad económica: las proyecciones de crecimiento para 2025 rondan entre el 4% y el 4,6% anual, una curva positiva después del desplome del primer año.
La otra cara de este avance está en las tensiones sociales. La baja de la inflación no implicó, automáticamente, una mejora pareja del poder adquisitivo. Sectores asalariados, trabajadores informales y familias vulnerables siguieron lidiando con ingresos que se recomponen más lento que los precios.
El ajuste fiscal, celebrado por el gobierno como un logro central, implicó recortes significativos en salud pública, infraestructura, servicios sociales y programas educativos, muchas veces en áreas sensibles como la Ley de Emergencia Pediátrica, La ley de Financiamiento Universitario o los recortes en discapacidad, generando multitudinarias manifestaciones para exigir financiamiento.
Las cifras de pobreza muestran un descenso desde los picos de 2023: del 52,9% en el primer semestre de 2024 al 38,1% en el segundo, según mediciones oficiales, con estimaciones oficiales que la ubican cerca del 31% en 2025. Pero esa mejora —que refleja la desinflación y una incipiente reactivación— no es uniforme. En territorios donde la precariedad laboral es más alta o donde los recortes se sintieron con mayor fuerza, los indicadores sociales aún muestran fragilidad. La pobreza infantil, en particular, se mantiene como un problema estructural que no cede al ritmo de los números económicos.
En materia de promesas de campaña, el balance también es parcial. El seguimiento de Chequeado muestra que de veinte compromisos centrales, apenas dos pueden considerarse cumplidos: la reducción del gasto público y el proceso de “achicamiento” del Estado. Varias medidas emblemáticas —la dolarización, la eliminación total de regulaciones, el cierre del Banco Central— quedaron diluidas, pospuestas o redefinidas. Esa distancia entre la retórica inicial y la gestión efectiva habla de un gobierno que, pese a su discurso de ruptura, terminó administrando con un grado mayor de pragmatismo.
El contraste entre avances macroeconómicos y costos sociales atraviesa todo el balance. Por un lado, diciembre de 2025 encuentra un país con una inflación estabilizada en niveles más manejables, con señales de crecimiento y con un Estado que recuperó cierto orden fiscal. Por el otro, esa estabilización se sostiene sobre un ajuste que redujo capacidades estatales clave y que dejó a amplios sectores con menor protección frente a los vaivenes de la economía. La recuperación existe, pero no alcanza por igual: es más visible en las estadísticas que en la vida cotidiana de quienes dependen del salario, de la escuela, del hospital o de las redes de acompañamiento social.
El desafío hacia adelante será resolver esa brecha. Si la desaceleración inflacionaria y la mejora del gasto permiten recomponer ingresos, reforzar servicios y atender desigualdades que se profundizaron en estos dos años, el gobierno podrá exhibir un ciclo más equilibrado. Si, en cambio, la apuesta se sostiene solo en la disciplina fiscal sin reconstruir lo que se recortó, el alivio económico podría convertirse en un espejismo para buena parte de la población.
Las reformas estructurales impulsadas por Milei profundizaron el contrapunto entre estabilidad macro y malestar social. La reforma laboral propuesta por el Ejecutivo —que baja aportes patronales, reduce indemnizaciones, flexibiliza convenios y limita la huelga— encontró un rechazo amplio de sindicatos y organizaciones, que advierten una mayor precarización y ya registran pérdida de empleo formal e informalidad creciente.
A eso se sumaron movilizaciones masivas contra el DNU inicial que reorganizó el rol del Estado, protestas por los recortes a las universidades y paros nacionales contra la caída del salario real. La conflictividad callejera fue una constante: diciembre llega con “orden” en los números, pero sin tregua en las calles.