Dos mineras con pasado oscuro buscan beneficios del RIGI en San Juan en la antesala del debate por la Ley de Glaciares

BHP y Lundin, propietarias del megaproyecto Vicuña, solicitaron el ingreso formal al RIGI. Una de las compañías fue declarada culpable del mayor desastre ambiental de Brasil. La otra, está acusada por complicidad en crímenes de guerra cometidos por el ejército de Sudán.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció en su cuenta de X que BHP y Lundin Mining solicitaron el ingreso formal al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Las multinacionales desarrollan en San Juan el megaproyecto Vicuña, que incluye los yacimientos de cobre, oro y plata Filo del Sol y Josemaría. Se trata de una potencial inversión de, al menos, 2.000 millones de dólares sólo en los primeros dos años desde su aprobación. En una década, se estiman entre 15 mil y 17 mil millones de dólares.

La solicitud de ambas corporaciones para ingresar el proyecto Vicuña al RIGI fue celebrada por el ministro de Economía. «[Vicuña es] la inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país», expresó Luis Caputo en su post. Los recursos combinados del proyecto lo posicionan como uno de los 10 yacimientos de oro, cobre y plata más grandes del mundo.

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La solicitud presentada por BHP y Lundin Mining se da en la víspera del debate legislativo por la aclaratoria a la Ley de Glaciares. Esta normativa prohíbe explícitamente la minería y la exploración de hidrocarburos en zonas glaciares y periglaciares, lo que compromete el desarrollo de proyectos como Vicuña y Los Azules. La aclaratoria permitirá que cada provincia delimite, a su criterio, qué zonas se consideran glaciares y cuáles no. Entonces, el objetivo de la presentación de las compañías mineras es presionar a los legisladores para garantizar el avance de la modificación de la ley.

La garantía jurídica es la última traba para el avance de estos proyectos, que ya cuentan con la seguridad económica y fiscal que proveen el RIGI y la eliminación de las retenciones mineras.

Más allá del peso que tiene en la balanza política la magnitud de las potenciales inversiones —especialmente en un contexto en el que el ingreso de divisas extranjeras es crucial—, hay alarmas encendidas. Es que la modificación de la Ley de Glaciares supone ceder el control sobre los estándares ambientales mínimos nacionales de protección de glaciares, a riesgo de entregar recursos estratégicos sin suficientes garantías de beneficios económicos sostenibles y a largo plazo para la provincia.

Más de 300 organizaciones ambientales se manifestaron el 4 de diciembre en todo el país contra la modificación a la Ley de Glaciares. Uno de los argumentos de la convocatoria fue que la aclaratoria viola el Acuerdo de Escuazú, al que Argentina adhiere desde 2020. Este tratado tiene como objetivo garantizar el acceso a tres derechos: al acceso a la información ambiental; a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; y al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

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Es en este panorama que BHP y Lundin Mining solicitaron el ingreso de Vicuña al RIGI. Específicamente, a la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Un PEELP es un proyecto que supera montos de inversión muy altos, requiere de extensos periodos de maduración, tiene capacidad demostrable de generar exportaciones y tiene potencial para ampliar divisas, empleo y encadenamiento productivo.

Al pertenecer a esa categoría, Vicuña gozaría de ventajas fiscales por 40 años —en lugar de 30, como el resto de categorías del RIGI—, la capacidad de repatriar ingresos y la posibilidad de acceder a exenciones de derechos de exportación en menos tiempos que otros esquemas de inversiones.

El pasado oscuro de Lundin y BHP

Las dos corporaciones cuentan con un historial oscuro. En noviembre de 2025, la Justicia británica declaró culpable a BHP del mayor desastre ambiental en la historia de Brasil. Se trata del colapso de una represa de desechos mineros en 2015, que desató una ola de lodo tóxico que causó la muerte de 19 personas, dejó a miles sin hogar, inundó bosques y contaminó todo el río Doce.

El 5 de noviembre de 2015, la represa Fundão colapsó en cerca de la localidad de Mariana, en Minas Gervais, Brasil. Este dique era propiedad conjunta de BHP y la compañía brasilera Vale. El aluvión se extendió por cientos de kilómetros y liberó arsénico y plomo en los cuerpos de agua. Afectó a más de 300 ciudades.

El desastre de Mariana en Brasil, del que BHP fue declarado culpable. Imagen: Cristoph Simon/AFP.

Por otro lado, el ex director ejecutivo y el ex presidente de Lundin Energy, que integra The Lundin Group, están en juicio en Suecia desde 2023 por complicidad en crímenes de guerra cometidos por el ejército de Sudán entre 1999 y 2003. Concretamente, están acusados de haberle pedido al gobierno de Sudán que asegurara un potencial campo petrolero para apoderarse del área por la fuerza.

Según la acusación, Lundin solicitó al ejército sudanés que realizase operaciones ofensivas en la zona bajo conocimiento de que implicarían «ataques sistemáticos contra civiles». Según organizaciones no gubernamentales, las acciones militares produjeron la muerte de miles de ciudadanos y el desplazamiento de más de 100 mil. El juicio, que se convirtió en el más largo en la historia de Suecia, finalizaría en febrero de 2026.

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