De la cocaína en Estados Unidos a la cordillera de San Juan: la historia de más de 110.000 hectáreas vinculadas al Cártel de Juárez
Mientras la extranjerización de tierras vuelve al centro del debate nacional, una historia de Calingasta conecta dinero del narcotráfico, campos de más de 110.000 hectáreas y la protección del agua cordillerana. Diez años después del decomiso, su futuro plantea dos caminos posibles: un remate o un proyecto público en San Juan. ¿Qué pasó con las gestiones para definir su destino?
Durante años, los vecinos de Tamberías llevaron sus animales a pastar a las planicies que se abren entre las montañas de la cordillera. Para llegar a La Alumbrera, atravesaban campos que formaban parte de su recorrido habitual. A fines de los noventa, esos campos quedaron bajo el control del Cártel de Juárez. El camino se cerró. Según recuerda Adolfo Medalla, politólogo nacido en el pueblo, los esbirros de la organización echaban a los vecinos que intentaban cruzar con su ganado. Las tierras por las que la comunidad había transitado durante años se habían convertido en una pieza del negocio financiero y del lavado de dinero de narcotraficantes mexicanos.
El dinero provenía de la venta de cocaína en ciudades de Estados Unidos, principalmente Chicago. Una parte de su recorrido terminó en la Argentina, donde integrantes del Cártel de Juárez se presentaron como inversores y lo transformaron en sociedades, inmuebles y otros bienes. Entre las propiedades vinculadas a esa trama aparecieron campos de la cordillera de San Juan. La conexión quedó reconstruida en una causa judicial que, en 2016, terminó con condenas y una orden de decomiso.
Hoy, la discusión por la venta de tierras a extranjeros atraviesa los tribunales y el Congreso. El 9 de octubre, la Corte Suprema suspendió provisoriamente la derogación de la Ley de Tierras y restableció sus restricciones mientras continúa el amparo en la Justicia Federal de Bariloche. La disputa también tiene un frente político: El Gobierno negocia con sus aliados nuevos límites a la compra de campos por extranjeros, mientras la oposición busca rechazar el DNU 70/2023. Ese debate devuelve actualidad a la historia de Calingasta. Fallo de la Corte Suprema y negociaciones en el Congreso.
El Observatorio de Tierras reflotó recientemente el histórico caso del Cártel de Juárez en Calingasta. En su noveno informe, «Extranjerización, fronteras y narcotráfico», publicado el 9 de octubre, retomó esa historia para advertir sobre los riesgos de la extranjerización en zonas de frontera y destacar el valor estratégico del agua y los glaciares.
En Calingasta, la discusión tiene nombres propios: Minitas, Totoras y Hornitos, al oeste de Tamberías. El fallo de 2016 describe un establecimiento de más de 110.000 hectáreas y detalla qué parcelas fueron decomisadas. Todavía falta reunir las superficies de esos lotes para establecer cuántas hectáreas quedaron alcanzadas por la medida.
La discusión sobre su destino también alcanza al agua y a los glaciares. El Inventario Nacional de Glaciares publicado en 2018 registró 62,87 kilómetros cuadrados de cuerpos de hielo en la subcuenca del río Calingasta.
Entre 1997 y 1999, la red transfirió a la Argentina más de 21 millones de dólares provenientes del negocio de la cocaína, según el Ministerio Público Fiscal. Nicolás Antonio Di Tullio intervenía en la distribución de los fondos para comprar bienes y financiar actividades.
Medalla lo describe como una «calesita de venta de tierras». La lógica de esa calesita financiera era sencilla: el dinero de la droga se usaba para comprar campos y empresas; luego los bienes pasaban de una sociedad a otra, algunas manejadas por las mismas personas. Los contratos, las escrituras y las ventas sucesivas ayudaban a dar apariencia legal al dinero. Cambiaban los nombres en los papeles, mientras detrás de las operaciones podían seguir los mismos intereses.
Para Calingasta, la sentencia identifica un aporte de 1,64 millones de dólares a Petrolera Mar del Plata, destinado principalmente a cancelar una hipoteca con YPF. El acuerdo contemplaba que los inversores mexicanos se quedaran con los campos. La operación combinaba financiamiento, sociedades y control de inmuebles.
Para los vecinos, el límite estaba en el camino que ya no podían cruzar. Para reconstruir cómo se había llegado hasta allí, la Justicia siguió otro recorrido: el de las transferencias, las sociedades y los cambios de titularidad.
El 29 de agosto de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 6 ordenó el decomiso de parcelas de los campos y su registración a la orden de la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición de la Ley 23.737. El fallo individualizó lotes y matrículas; conocer cómo se ejecutó esa orden es parte de la historia pendiente.
La Comisión había sido prevista en un convenio entre la Corte y SEDRONAR, ratificado en 2001. Su conformación incluía representantes de ambas instituciones y sus funciones comprendían recibir, administrar y disponer de bienes decomisados. Ese marco explica por qué el destino de los campos lleva a organismos nacionales.
En 2018 se anunció una gestión para que San Juan se hiciera cargo de las tierras. Según Diario de Cuyo, Ricardo Lorenzetti había hablado con el gobernador Sergio Uñac y que se preparaba una reunión para acordar el traspaso. Aunque el título de aquella publicación daba por recuperados los campos, el cuerpo describía trámites todavía por realizar.
En 2023, la idea de darles otro destino a esos campos tomó forma en una nota municipal. El 25 de abril, la Municipalidad de Calingasta propuso trabajar con SEDRONAR en un proyecto integral para las tierras. Medalla participó de esa presentación como secretario de Administración y Hacienda. El documento ingresó al sistema administrativo nacional el 9 de mayo.
La iniciativa proponía espacios de prevención, atención y acompañamiento para personas con consumos problemáticos; vivienda social, energía solar y actividades deportivas, agrícolas, turísticas y terapéuticas. También planteaba preservar glaciares y humedales. Había una idea de reparación: que bienes vinculados al dinero de la droga pudieran servir para atender sus consecuencias y ampliar oportunidades en Calingasta.
En junio de 2026 aparecieron nuevas constancias de la gestión iniciada tres años antes. El día 18, un informe elevó el expediente municipal a la Dirección Nacional de Enlace, Planificación y Control de Gestión de SEDRONAR para su consideración. El 19, una providencia registró otro pase, con el motivo «Para su intervención».
Esas actuaciones permiten seguir el expediente, aunque todavía no conocer su resultado. No contienen una decisión sobre la propuesta municipal. Tampoco permiten reconstruir todos los movimientos anteriores o posteriores: las piezas aportadas son parte del trámite, no su historia completa.
El remate es uno de los destinos posibles. El marco normativo al que remite el fallo contempla la venta de bienes decomisados mediante una subasta pública. Medalla advierte que esa salida podría dejar los campos nuevamente en manos privadas y reclama un destino al servicio de la comunidad.
Otro camino sería que San Juan o Calingasta recibieran el uso de las tierras para un proyecto público. El mismo decreto contempla entregar bienes en uso a organismos provinciales o municipales que trabajen en prevención, rehabilitación o lucha contra el narcotráfico. La propuesta municipal de 2023 busca articular ese objetivo con vivienda, producción y preservación ambiental. Una cesión de uso permitiría desarrollar esas actividades sin que la Provincia o el municipio se convirtieran necesariamente en propietarios. La transferencia anunciada en 2018 y el trámite municipal posterior son dos antecedentes cuyo resultado todavía falta reconstruir.
Los campos que entraron en una trama de lavado podrían terminar otra vez en manos privadas o quedar bajo una gestión pública en San Juan. Entre el remate y esa recuperación para la provincia está el capítulo que falta contar: ¿qué pasó con las gestiones para que San Juan se hiciera cargo de las tierras y qué falta resolver para definir su destino?