Caso Lucía Rubiño: la familia apelará a la Corte de Justicia tras el sobreseimiento de Echegaray
La querella denuncia arbitrariedad en la valoración de pruebas y sostiene que el caso expone vínculos judiciales que generan sospechas de parcialidad.
Un nuevo revés judicial golpea a la familia de Lucía Rubiño. El juez Eduardo Raed ratificó la resolución del juez de Garantías Javier Figuerola, quien en mayo pasado había dispuesto el sobreseimiento definitivo de Juan Pablo Echegaray por el delito de homicidio culposo.
La decisión implica que, según el análisis de Raed, no existían pruebas suficientes para sostener la acusación contra el hijo del juez federal Hugo Carlos Echegaray.
Raed analizó el recurso presentado por la querella —representada por la familia de Rubiño—, que buscaba revocar el sobreseimiento. La parte acusadora alegó arbitrariedad en la valoración de la prueba, falta de imparcialidad y violación al debido proceso, al sostener que la Fiscalía descartó testimonios clave y se apoyó en una interpretación sesgada de las pericias.
//Leé también nuestra nota: Caso Lucía Rubiño: la verdadera familia judicial de Juan Pablo Echegaray
Con su resolución, Raed rechazó los planteos de la querella y dejó firme el fallo en esa instancia judicial, eximiendo a Echegaray de responsabilidad penal en este tramo de la causa.
A pesar del sobreseimiento por homicidio culposo, Echegaray continúa siendo investigado por su presunta participación en la organización de picadas ilegales. Según la Fiscalía, estas habrían ocurrido horas antes del hecho que le costó la vida a Rubiño. En este expediente, la familia de la joven no podrá presentarse como querellante, ya que se trata de un delito contra la seguridad pública y no contra una persona en particular. La acusación recae únicamente en el Ministerio Público Fiscal.
Tras la confirmación del sobreseimiento, el abogado querellante, Marcelo Fernández, confirmó que la familia de Lucía apelará el fallo ante la Corte de Justicia de San Juan mediante un recurso de casación. Será la Corte la que defina si deja firme la decisión o la revierte.
En diálogo con La Mecha, Fernández sostuvo:
“Nosotros entendemos que ellos han valorado, sobrevalorado e infravalorado algunos elementos cognitivos sobre otros; elementos de cognición que en un juicio cobran mayor relevancia, por ejemplo, los testimonios. Ellos los han infravalorado y han puesto por encima de ellos una prueba pericial. Han hecho un conjunto entre las tres pericias que hay y han sacado lo que les ha convenido para su teoría del caso.
Con eso han fundamentado diciendo que las declaraciones testimoniales de todos los chicos que estuvieron en el lugar son contradictorias, lo cual es falso. No es así, no son contradictorias, sino que dicen claramente por dónde venía cada uno de los partícipes y, en su caso, también son personas que han estado a escasos dos metros del hecho, que han visto cómo se han dado las circunstancias.
Entonces, ellos dijeron que no, que por haber estado allí, por haber presenciado, y si eran algunos amigos de Lucía y otros en su caso estar en contra de Manzur o de Echegaray, su opinión no era concluyente. Circunstancias que en un juicio oral y público, ante la inmediación de la producción de la prueba y con un juez que es quien debe valorar y encontrar certeza, cambiarían notoriamente”.
La familia judicial detrás del expediente
Hasta que el caso llegó al despacho de Eduardo Raed, cinco jueces del Tribunal de Impugnación se inhibieron. Lo hicieron por distintas razones: algunos habían emitido opiniones previas en causas relacionadas; otros eran vecinos del barrio donde ocurrió el siniestro o tenían hijas amigas de la víctima y testigos de los hechos.
Los jueces que se excusaron fueron: Daniel Guillén, por haber emitido una opinión previa en la causa contra Manzur; Maximiliano Blejman, cuya hija era amiga de Rubiño y además vecino del barrio; Juan Carlos Caballero Vidal, porque su hija estuvo presente la noche del hecho y es una de las testigos; Benedicto Correa, debido a que su hija era amiga de la víctima; y Ana Lía Larrea, quien se apartó por haber intervenido en una causa paralela contra Manzur cuando era menor.
Finalmente, Raed fue el juez de Impugnación que ratificó el sobreseimiento de Echegaray. El magistrado es hermano de Susana Raed de Rago Gallo, presidenta de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, y cuñado de Leopoldo Rago Gallo, juez federal con una extensa trayectoria junto a Hugo Carlos Echegaray, padre del imputado, en el fuero federal de San Juan.
La red de vínculos familiares en el Poder Judicial es extensa. La madre de Juan Pablo Echegaray, María Teresa Collado, es directora en la Oficina de Auditoría Financiero Contable del Poder Judicial de San Juan. Ssu hermana Valentina es jefa de despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. La otra hermana de Juan Pablo, Candelaria, es oficial del Juzgado Federal N.º 2.
Su tío materno Alfredo Collado de Belaustegui es prosecretario administrativo del Tribunal Oral Federal; su tía política Gema Bustos, esposa de Alfredo, es secretaria del Fiscal General; y otra tía política, Belén Pacheco, casada con Lisandro Collado, hermano de María Teresa, también cumple funciones en el Tribunal Oral Federal.
El entramado llega incluso al equipo de defensa. El abogado Joaquín Moine es hijo del juez de Flagrancia Ricardo Moine, casado con Nancy Picón, diputada nacional del oficialismo provincial alineada con el gobernador Marcelo Orrego.
Para la familia de Lucía Rubiño, todo esto configura un “manto de impunidad” que condiciona el expediente y erosiona la confianza en la imparcialidad judicial.
La noche del siniestro y las acusaciones cruzadas
Juan Pablo Echegaray, de 19 años, fue uno de los dos adolescentes acusados por el hecho. Conducía una Toyota Hilux y, según testigos, participaba en un “desafío” automovilístico con otro joven, Nahim Manzur, al mando de un Renault Sandero. El “juego” consistía en enfrentar ambos vehículos a gran velocidad y ver quién volanteaba primero para evitar el choque.
Según la querella, Echegaray invadió el carril contrario o desvió su marcha de forma deliberada, obligando a Manzur a realizar una maniobra brusca que terminó con el atropello de Lucía. Afirman contar con más de 50 testimonios, de los cuales 17 coinciden en esa versión.
Para la Fiscalía, en cambio, los relatos resultan contradictorios. El fiscal Grassi sostuvo que Echegaray redujo la velocidad, detuvo la marcha y apenas invadió el carril opuesto, responsabilizando principalmente a Manzur. Pericias realizadas por el Ministerio Público de Mendoza, la Justicia de Menores, la querella y la defensa coincidieron en que fue el Renault Sandero el que cruzó de carril.
Nahim Manzur estuvo 60 días institucionalizado y continúa imputado por homicidio simple con dolo eventual. Días después del accidente se le realizaron pericias toxicológicas, según la información oficial.
Echegaray, en cambio, fue imputado por homicidio culposo. El fiscal Grassi solicitó su sobreseimiento y el juez de Garantías, Javier Figuerola, lo concedió el 13 de mayo de 2025. Bajo el nuevo Sistema Acusatorio del Poder Judicial de San Juan, el juez debe respetar el pedido del Ministerio Público Fiscal, que es quien ostenta la acción pública.
Actualmente, Echegaray solo enfrenta una imputación menor por conducción imprudente previa al hecho. Nunca fue detenido, no se le practicaron pericias toxicológicas y la Justicia de San Juan lo autorizó a mudarse a Mendoza para estudiar, sin asistir a audiencias.