Branka Motors ante una multa histórica: Defensa al Consumidor cierra la instancia administrativa y traslada el caso a la Justicia
El conflicto legal que rodea a la empresa Branka Motors en San Juan ha alcanzado un punto crítico tras la incomparecencia de su representante legal en la audiencia conciliatoria programada. Ante la falta de propuestas para resolver el conflicto, la Dirección de Defensa al Consumidor decidió dar por cerrada la instancia administrativa y aplicar una multa récord que superaría los 270 millones de pesos.
En este marco, decenas de personas se manifestaron durante la mañana del viernes 6 de febrero en las inmediaciones del Centro Cívico. El clima fue de tensión y bronca por parte de los ciudadanos estafados, quienes pidieron respuestas concretas.
La directora del organismo, Fabiana Carrizo, confirmó que se aplicará la sanción máxima permitida por la ley vigente, equivalente a 210 canastas básicas.Tomando como referencia el valor actual de la Canasta Básica Total informado por el Indec (1.308.713),la multa contra la firma podría ascender a un total de $274.829.730.
Carrizo calificó la situación como «triste», señalando que la empresa tuvo la oportunidad de solucionar los incumplimientos y optó por no presentar alternativas de devolución de dinero o entrega de vehículos.
Hasta la fecha, el organismo ha contabilizado un total de 287 denuncias, una cifra que continúa en aumento. Los reclamos de los consumidores se dividen principalmente en tres categorías:
- Personas que pagaron por motocicletas pero no recibieron el vehículo.
- Usuarios que no han obtenido la devolución de su dinero ante el incumplimiento.
- Casos de compradores que poseen la moto pero carecen de la documentación necesaria para patentarla.
Respecto a este último grupo, Defensa al Consumidor informó que se encuentra trabajando directamente con las agencias proveedoras que vendieron los rodados a Branka Motors para que los usuarios puedan regularizar su situación dominial.
Tras el cierre de la vía administrativa, el expediente será remitido formalmente a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI). Con esta medida, será la Justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal de la empresa ante las acusaciones de estafa. Según las autoridades, la gravedad del caso trasciende el mero incumplimiento comercial, convirtiéndose en un asunto de mayor escala legal.