AUMENTO DE 120% EN LA TARIFA ELÉCTRICA ¿A QUIÉNES AFECTA?

El aumento recaerá en el 30% de los usuarios, entre los que se verán afectados comercios, industrias, escuelas, hospitales y universidades. Además, se dispuso el congelamiento por tres meses para los hogares de ingresos medios y bajos.

El gobierno de Javier Milei aplicó un aumento de 120% en el precio mayorista de la energía eléctrica. El mismo comprende desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril y afectaría principalmente a los usuarios de altos ingresos, así como a empresas, industrias, comercios y residenciales que hayan renunciado o no hayan pedido el subsidio anteriormente. Además, se verán afectados los organismos públicos de salud y educación, como escuelas, hospitales y universidades nacionales.

La medida se conoció por medio de la Resolución 7/2024 dispuesta por la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirilo, y publicada en el Boletín Oficial. Según el texto de la resolución, la medida intenta “evitar impactos bruscos (…) hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor”.

Los usuarios de altos ingresos, segmentados en el Nivel 1, representan al 30% de los hogares y son los que abonan la totalidad de la tarifa. También se verán impactados por el incremento los usuarios de ingresos medios (Nivel 3) que superen el límite al consumo de 400KWh por mes (650KWh en provincias de Cuyo, NOA y NEA). Una vez superado ese valor, deberán pagar la tarifa al precio real. Por su parte, los usuarios de ingresos bajos (Nivel 2) continuarán abonando un mismo precio congelado hasta finalizar el mes de abril.

El gobierno libertario también decidió eliminar todo el subsidio que percibían los organismos públicos de salud y educación. Hasta el 31 de enero, esos usuarios abonaban 15.644 pesos por MWh y ahora tendrán que pagar 46.018 pesos por MWh, un aumento del 194%.

El secretario administrativo de la UNSJ, Ricardo Coca, declaró a Tiempo de San Juan que la Universidad necesita alrededor de $400 millones para funcionar por mes y, sin embargo, están recibiendo $150 millones, el mismo monto que percibían en 2023. “Lamentablemente es muy complejo el panorama. Hay que ver qué se puede priorizar y qué se puede cubrir, si los servicios serán sin subsidios será imposible pagar” cerró Coca.

Otro sector gravemente afectado será el de pymes y comercios, cuyos márgenes de rentabilidad van estrechándose con la suba de costos y la caída de casi el 30% en ventas minoristas. Según Roberto Ferrero, vicepresidente del Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE), en diálogo con Diario de Cuyo, los comercios e industrias tendrán subas que irán del 145% al 200%.

Mauro González, titular de la Confederación General Pyme, declaró a Ámbito Financiero que “el impacto en las tarifas va a ser tremendo. El traslado a precios se realizará, el problema va a ser sostener la actividad. Nosotros estimamos una caída abrupta, un cierre de 25 mil pymes, el mismo número que durante el macrismo”.

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La medida va de acuerdo con la séptima revisión del acuerdo que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el pago del préstamo de USD 55.000 millones que tomó la administración de Mauricio Macri. El gobierno de Javier Milei promete aumentos del 200% en tarifas de electricidad y 150% en las del gas, junto con el congelamiento de salarios estatales y la paralización de la obra pública, para llegar a un ajuste de 6% del PBI.

CANASTA BÁSICA ENERGÉTICA

Mientras tanto, el gobierno libertario prepara el nuevo esquema tarifario para el próximo trimestre y que impactará al 70% restante de las familias que componen los niveles 2 y 3: la implementación de una canasta básica energética.

¿Cómo funcionaría este nuevo sistema? La propuesta oficial es determinar los ingresos totales del grupo conviviente y el porcentaje de ese ingreso dedicado a pagar tarifas de energía para, finalmente, establecer el valor de una canasta básica energética.

De esta manera, el Estado sólo otorgará subsidios a aquellos hogares que dediquen más del 10% (5% electricidad y 5% gas) de los ingresos totales del grupo familiar (no del titular del servicio) a pagar la canasta básica energética.

El subsidio equivaldrá a la diferencia entre el valor de la canasta energética y ese 10% del ingreso total, reduciendo drásticamente la asistencia estatal a los usuarios de ingresos bajos y medios segmentados en los niveles 2 y 3.

Este nuevo esquema tarifario reemplazaría la actual segmentación por niveles que comenzó a regir en agosto de 2022 bajo la gestión del entonces Ministro de Economía, Sergio Massa.

TARIFAZOS Y CONGELAMIENTO: UNA DÉCADA DE POLÍTICA ENERGÉTICA

El vertiginoso aumento de tarifas que se da en este contexto no es novedoso: es la continuación de la política energética llevada a cabo por el anterior gobierno de Mauricio Macri.

Es inevitable recordar el “tarifazo” que impulsó en 2016 el gobierno de Cambiemos. En ese entonces, el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, dispuso la dolarización del precio de la energía, por lo cual las tarifas que debían abonar los usuarios de bajos y medios recursos subieron hasta alcanzar valores internacionales.

En agosto de 2016, la Corte Suprema de Justicia detuvo el aumento para el servicio de gas, considerando que no se habían realizado las audiencias públicas necesarias.

Entre 2015 y 2019 las tarifas eléctricas aumentaron en promedio entre 3.500% y 5.500% según la categoría y tipo de consumo, mientras que las de gas se incrementaron alrededor de 1.500%. En esos años, los sueldos de los trabajadores formales subieron 214% (RIPTE), la jubilación mínima aumentó 227%, el salario mínimo un 200% y la Asignación Universal por Hijo (AUH) un 230%, la inflación acumulada del gobierno de Cambiemos fue de 250%.

Esto causó que las tarifas de luz y gas fueran imposibles de pagar para cada vez más usuarios. Según el Observatorio de Servicios Públicos (OSP) de la Universidad Nacional de La Plata, durante el gobierno de Cambiemos casi tres millones de personas cayeron en situación de “pobreza energética”, perdiendo el acceso a servicios de electricidad y gas.

Al asumir el gobierno del Frente de Todos, en diciembre de 2019, se decretó el congelamiento en las tarifas de electricidad y gas hasta diciembre de 2020. En ese primer año de gobierno se logró desatar el precio de la energía de la evolución del dólar. Durante los siguientes años, los aumentos tarifarios nunca superarían el Índice de Variación Salarial (IVS) del INDEC, que contempla los ingresos de los trabajadores del sector público y privado, registrado y no registrado.

Insertos en un contexto de pandemia y crisis económica aparejada, el congelamiento del precio de la energía se extendió por un año más. Fue en el primer semestre de 2022 que el gobierno nacional aplicó sus primeros aumentos tarifarios, que promediaron el 40%.

En agosto de 2022 se anunció el esquema de segmentación de subsidios al consumo de energía eléctrica, que estableció tres niveles de usuarios en función de sus ingresos: el Nivel 1, que agrupa a usuarios de ingresos altos, equivalentes a 3,5 canastas básicas; el Nivel 3 para los usuarios de ingresos medios y el Nivel 2 para los de ingresos bajos.

Se resolvió, además, la quita de subsidios al Nivel 1 y un límite al consumo de 400KWh para el Nivel 3; en caso de superar ese límite, el Estado dejaría de subvencionar al usuario. En 2023, mientras que el Nivel 1 sufrió aumentos del 170%, el Nivel 2 no percibió subas en la factura de la luz.

Quedará ver cómo sigue esta historia que parece repetirse nuevamente: más aumentos y un nuevo sistema tarifario a conocerse en el segundo trimestre.

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