Milei modificó el RIGI y habilitó a más empresas de capital extranjero a competir dentro del cupo de proveedores locales

El Gobierno nacional eliminó el requisito de participación mayoritaria de capital argentino para ser considerado proveedor local. ASIJEMIN y cámaras mineras sanjuaninas advirtieron sobre las consecuencias para las PyMEs y el empleo.

El Gobierno de Javier Milei modificó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y habilitó a empresas de capital extranjero radicadas en Argentina a competir por el cupo mínimo del 20% de contratación de proveedores locales. La decisión generó el rechazo del Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN) y de distintas cámaras empresariales de San Juan, que advierten sobre el impacto que podría tener en las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad minera.

La modificación se oficializó el lunes 16 de noviembre mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial. Hasta ahora, para ser considerada proveedora local, una empresa debía estar constituida y domiciliada en Argentina y contar con al menos el 51% de su capital o control societario en manos de titulares con domicilio fiscal en el país.

Con la nueva reglamentación, ese último requisito desaparece. De esta manera, las filiales argentinas de grandes corporaciones extranjeras podrán competir en las mismas condiciones que las empresas nacionales por las contrataciones comprendidas en el cupo del RIGI.

El porcentaje obligatorio del 20% no fue modificado, pero sí se amplió el universo de empresas que pueden acceder a esas contrataciones. El compromiso se refiere a compras de bienes y obras, sujeto a la disponibilidad de oferta en condiciones de mercado. En el caso de los bienes, además, se mantienen los requisitos de origen nacional.

El Gobierno nacional justificó la decisión al señalar que busca aumentar la competencia e integrar a más empresas radicadas en Argentina en las cadenas productivas de los grandes proyectos de inversión.

El sindicato minero rechazó la modificación

Desde ASIJEMIN, el sindicato que conduce Marcelo Mena Muñoz, rechazaron la medida y reclamaron la derogación del decreto. Advirtieron que permitir a grandes corporaciones extranjeras competir dentro del cupo de proveedores locales debilita las oportunidades de las PyMEs, las empresas regionales y los trabajadores argentinos.

«No puede existir desarrollo minero genuino si las grandes inversiones no generan trabajo argentino, fortalecen la industria nacional y promueven el crecimiento de los proveedores locales», expresaron en un comunicado.

La organización aclaró que no se opone a las inversiones mineras, sino a un modelo que, según sostiene, concentra las oportunidades económicas y pone en riesgo el desarrollo productivo de las provincias.

Los proveedores sanjuaninos también cuestionaron la medida

El rechazo se extendió a distintas cámaras empresariales de San Juan. Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros (CAPRIMSA), advirtió que la ampliación de la competencia puede reducir las oportunidades para las empresas provinciales.

Godoy también cuestionó la demora del Gobierno de San Juan en reglamentar la Ley de Desarrollo Local Minero, aprobada en julio, que establece herramientas para promover la contratación de trabajadores y proveedores sanjuaninos.

Desde Calingasta, la Cámara de Servicios Mineros y Afines (CASEMICA) manifestó una preocupación similar. Su presidente, José Adolfo Ibaceta, advirtió que las pequeñas empresas del departamento tendrán dificultades para competir con grandes compañías internacionales cuando los proyectos mineros avancen hacia la explotación.

La entidad pidió derogar el decreto y reclamó que las contrataciones prioricen a las empresas de las comunidades cercanas a los proyectos, luego a las del resto de San Juan y finalmente a las demás jurisdicciones.

Desde la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (AITURIC), en cambio, plantearon que la discusión no debería limitarse al origen del capital, sino a cuánto empleo, inversión y actividad económica genera efectivamente cada empresa en las comunidades mineras.

El Gobierno provincial aseguró que la ley sanjuanina sigue vigente

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, buscó llevar tranquilidad a los proveedores y aseguró que la modificación nacional no altera la Ley 2827-M de Desarrollo Local Minero, que contempla metas progresivas del 80% de empleo sanjuanino y el 60% de contratación de proveedores locales.

«Este cambio no te saca nada. Es un ajuste administrativo en una norma nacional; no modifica ni un punto de la meta que San Juan se puso para que la minería deje trabajo y proveedores locales», afirmó el funcionario.

Sin embargo, la ley provincial todavía no cuenta con su reglamentación definitiva. Perea aseguró que se encuentra en su etapa final, mientras las cámaras empresariales reclaman reglas claras y mecanismos de control para garantizar la participación de proveedores sanjuaninos.

La discusión vuelve a poner en el centro uno de los principales interrogantes sobre el RIGI: cuánto de las inversiones millonarias anunciadas para la minería terminará efectivamente en la economía local. Mientras el Gobierno nacional amplía la competencia entre proveedores, sindicatos y empresarios reclaman garantías para que esas inversiones se traduzcan en empleo, producción y oportunidades para las empresas sanjuaninas.

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