Vicuña: aprobaron el fideicomiso y la oposición denunció condiciones impuestas por la minera
El oficialismo reunió 22 votos. El PJ se abstuvo y San Juan Vuelve votó en contra. Los cuestionamientos apuntaron a las condiciones aceptadas por el Gobierno, el papel del Banco San Juan y el destino de las obras.

La Cámara de Diputados aprobó este martes 17 de noviembre el fideicomiso que administrará los US$250 millones comprometidos por Vicuña. El Gobierno de Marcelo Orrego consiguió 22 votos afirmativos, frente a siete abstenciones del Justicialismo y dos votos negativos de San Juan Vuelve. La oposición cuestionó cuánto margen conserva la Provincia para decidir frente a la minera y qué participación tendrán las comunidades en el uso de esos recursos.
Mario Herrero, de San Juan Vuelve, sostuvo que el contrato refleja condiciones impuestas por la empresa y aceptadas por la Provincia.
“Estas decisiones políticas en orden a las grandes explotaciones mineras no pasan por aquí, se toman afuera y se nos imponen”, afirmó al fundamentar el rechazo de su bloque.
Uno de sus principales cuestionamientos fue la elección del administrador. Herrero señaló que la exigencia de contratar una entidad financiera autorizada por el Banco Central provino de Vicuña y dejó afuera a Fiduciaria San Juan, una sociedad con participación estatal mayoritaria.

El lugar quedó en manos del Banco San Juan, que cobrará el 0,45% de cada transferencia de la minera, con IVA incluido. Si se desembolsan los US$250 millones completos, esa remuneración equivaldrá a US$1.125.000.
Herrero también cuestionó diferencias entre el contrato y el modelo aprobado en agosto, y advirtió sobre los compromisos que asume el Estado para llevar adelante las obras.
Las comunidades, sin un lugar garantizado
Marisa López concentró sus críticas en el destino de los fondos, la transparencia y la participación territorial. La diputada justicialista sostuvo que el esquema favorece la infraestructura necesaria para el emprendimiento minero.
“Estamos aportando al desarrollo de la empresa privada en este caso y no al beneficio directo o indirecto de todos los sanjuaninos”, expresó.

La Provincia podrá elegir las obras, pero dentro de los destinos acordados con Vicuña: deberán guardar una relación directa o indirecta con el proyecto. Aunque esas intervenciones también pueden beneficiar a la población, el dinero no estará disponible para atender cualquier necesidad provincial.
López cuestionó que los municipios y sus representantes no tengan un lugar garantizado en el comité que tomará esas decisiones. El contrato prevé al menos dos integrantes, designados por el gobernador y el ministro de Minería, y permite al Ejecutivo ampliar su composición.
También objetó que la publicación de información quede sujeta a una opción. El contrato exige auditorías anuales, pero permite elegir entre entregar una copia a Vicuña o hacerla pública. Establece una alternativa similar para informar sobre obras, montos y certificados.
“No hay opción, debe ser obligación de publicar”, sostuvo López. El cuestionamiento no supone que desaparezcan todos los controles: apunta a que esas cláusulas permiten cumplir informando a la minera sin exigir simultáneamente la publicación para la ciudadanía.
Los compromisos asumidos en agosto
La discusión retoma las advertencias sobre el Acta Compromiso aprobada en agosto. En diálogo con La Mecha, el abogado Conrado Suárez había cuestionado las restricciones para exigir nuevos aportes de naturaleza análoga al Aporte DIA durante la vida del proyecto y el mecanismo de arbitraje internacional previsto para determinadas controversias.
Su planteo era cuánto puede comprometer un gobierno las decisiones futuras del Estado si aparecen nuevas necesidades o impactos ambientales.
Los US$250 millones forman parte de ese entendimiento: cancelan el Aporte DIA correspondiente a los primeros cinco años de producción y comercialización. Desde el sexto año comienza la contribución porcentual prevista en el acuerdo.
Con el fideicomiso aprobado, Orrego consiguió avanzar en su ejecución. Las críticas de López y Herrero dejaron planteada una disputa sobre quién fija las condiciones, quién decide las prioridades y cuánto de la infraestructura financiada responderá a las necesidades de las comunidades sanjuaninas.
