Los Eskenazi están cada vez más lejos de cobrar por el juicio de YPF
Una nueva resolución de la jueza Loretta Preska deja sin efecto la condena contra la Argentina y profundiza el revés para quienes buscaban cobrar una indemnización multimillonaria. El caso mantiene una conexión con San Juan: la familia vinculada al Grupo Petersen es propietaria del banco que opera como agente financiero provincial.
La posibilidad de cobrar una indemnización por el juicio de YPF se aleja para los intereses vinculados a la familia Eskenazi. La jueza estadounidense Loretta Preska dictó una resolución que incorpora al expediente la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la condena contra la Argentina por más de US$16.000 millones.
Según informó La Nación este 20 de octubre, la medida deja sin efecto la sentencia que la propia magistrada había emitido en 2023 y formaliza el resultado favorable al país en primera instancia. No constituye una nueva revisión del fondo del litigio: Preska acata lo resuelto por el tribunal superior.
El proceso todavía conserva una instancia abierta. De acuerdo con esa publicación, Burford Capital presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá decidir si toma el caso. Por eso, el nuevo paso no permite afirmar que toda posibilidad de cobro haya desaparecido, pero sí que los demandantes acumulan obstáculos para recuperar la indemnización.
El interés económico detrás del reclamo
Como publicó La Mecha en abril, el litigio involucra a las sociedades Petersen, históricamente vinculadas a la familia Eskenazi, y a Burford Capita , una firma especializada en financiar demandas a cambio de participar de sus resultados – un fondo buitre-.
En aquella nota se recogieron declaraciones del exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías sobre el reparto de una eventual indemnización: el 70% quedaría para Burford y el 30% restante correspondería a la familia Eskenazi a través del proceso concursal de sus sociedades.
Bajo ese esquema, el retroceso judicial también aleja la expectativa económica atribuida a los Eskenazi. El porcentaje dependía de que existiera una indemnización para distribuir, y la condena que sustentaba esa posibilidad fue revocada.
La conexión sanjuanina
La disputa tiene una dimensión particular en San Juan. La familia Eskenazi es propietaria del Banco San Juan, que actúa como agente financiero del Estado provincial, gestiona el pago de salarios públicos y concentra operaciones del Gobierno.
Mientras el banco mantiene un lugar central en las finanzas provinciales, las sociedades vinculadas a sus propietarios aparecen asociadas a un reclamo que, de prosperar, habría supuesto un desembolso multimillonario para el Estado nacional.
La coexistencia de ambos intereses plantea una tensión política y económica. No supone, por sí misma, una incompatibilidad legal, pero vuelve relevante conocer quiénes participarían de los beneficios del litigio y bajo qué condiciones.
Una expectativa de cobro que retrocede
La resolución de Preska consolida en primera instancia el escenario abierto por la Cámara de Apelaciones. La sentencia favorable a los demandantes dejó de sostener la expectativa de cobro y cualquier intento de revertir ese resultado depende ahora de la vía extraordinaria ante la Corte Suprema estadounidense.
El juicio no puede darse por definitivamente terminado. Pero la indemnización que alimentó durante años las expectativas de Burford y de los intereses vinculados al Grupo Petersen está hoy más lejos de concretarse. Para los Eskenazi, el nuevo paso judicial representa otro retroceso en la posibilidad de cobrar.