Endeudamiento, discapacidad y tierras: qué diputados sanjuaninos pegaron el faltazo y frenaron leyes claves
El arco opositor buscaba debatir en el recinto proyectos claves. Pero las ausencias estratégicas provocaron que la sesión se cayera. Entre ellas, las de los sanjuaninos alineados con Marcelo Orrego que jugaron a favor de Milei y no bajaron al recinto.

El Congreso fue este jueves un tablero de ajedrez. La oposición había convocado a una sesión especial con tres proyectos: la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionar medidas de alivio para las familias endeudadas y el rechazo del DNU fundacional del Gobierno de Javier Milei, el 70/23, que derogó decenas de leyes, entre ellas la Ley de Tierras. Los diputados que se necesitaban para alcanzar el quórum eran 129. Los diputados sanjuaninos libertarios y orreguistas José Peluc, Abel Chiconi, Nancy Picón y Carlos Jaime no asistieron al recinto, en un guiño a Casa Rosada. Los peronistas Cristian Andino y Jorge Chica sí acudieron. La voluntad legislativa no alcanzó y los proyectos seguirán esperando.
Los bloques convocantes —Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas, la Izquierda, la Coalición Cívica y Encuentro Federal— necesitaban 129 bancas ocupadas para arrancar. La cuenta se congeló en un puñado de legisladores que no superó los 120. ¿El motivo? Una mezcla de presión de la Casa Rosada, negociación de obras para las provincias y ausencias insólitas, como las de Nancy Picón y Carlos Jaime, diputados orreguistas, que se encontraban en Buenos Aires desarrollando tareas legislativas pero que no acudieron a la sesión convocada.


La jornada legislativa coincidió con un fuerte clima de protesta frente al Congreso, marcado por la 5ª Marcha Federal Universitaria (en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario), un paro nacional de 24 horas convocado por ATE, y movilizaciones de organizaciones del sector de discapacidad.
Los proyectos que quedaron a la espera incluían la refinanciación en cuotas accesibles y límites a las tasas, cargos y punitorios abusivos para los millones de hogares que no pueden pagar sus deudas y la prórroga de la ley 27.793 para que las personas con discapacidad, sus familias y sus prestadores no se queden sin cobertura. Por la falta de quórum y la especulación política, ambas iniciativas continuarán esperando.
Los orreguistas pegaron el faltazo
En ese punteo fino de bancas, la mirada estuvo puesta en la negociación del Gobierno nacional con las provincias. Y ahí la sintonía entre el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y la gestión de Javier Milei volvió a quedar al desnudo.
A la hora de la verdad, los diputados orreguistas decidieron no bajar a dar quórum, jugando en tándem con La Libertad Avanza y el PRO. Esta postura de «neutralidad colaborativa» no es casualidad: refleja el hilo de negociación que mantiene San Juan con Nación por fondos, obras e incentivos clave para la minería. Sin el apoyo de estos sectores provinciales, la oposición quedó sin oxígeno antes de arrancar.

La contraestrategia de la Rosada
Pero la rosca política no se jugó solo en el pasillo de las ausencias. El oficialismo desplegó una gambeta legislativa audaz para desarmar los argumentos opositores. El eje de conflicto principal era la desregulación de la venta de tierras a extranjeros, permitida por el DNU 70/23, pero frenada en seco por la Corte Suprema tras un amparo ambiental. Viendo el descontento social y político que esto generaba, La Libertad Avanza aceptó restituir el tope del 15% a la extranjerización mediante un proyecto propio sobre «Inviolabilidad de la Propiedad Privada».
Con esa ficha sobre la mesa, el oficialismo convocó a su propia sesión paralela para el 21 de octubre. Fue la salida elegante que necesitaban varios gobernadores para pedirle a sus diputados que no den quórum el 15 sin quedar expuestos ante la opinión pública.

Un decreto monumental que sigue en pie
A pesar de las protestas que coparon las afueras del Congreso —con marchas universitarias, un paro de ATE y reclamos del sector de discapacidad—, el DNU 70/2023 seguirá vigente. Con un solo plumazo, esta norma derogó de manera directa 35 leyes completas (desde la Ley de Alquileres y Góndolas hasta la Ley de Tierras y el Estatuto del Viajante) y modificó decenas de marcos regulatorios. Para el Gobierno, es la columna vertebral de su programa de desregulación económica.

Por ahora, la pulseada de poder la ganó el oficialismo. La oposición recalcula su estrategia mientras el Gobierno festeja haber blindado, una vez más, el decreto más ambicioso de la era Milei.
.
