Uno de los mayores propietarios extranjeros de la Argentina cobra a Los Azules por usar sus tierras en la cordillera
La operadora canadiense del proyecto de cobre paga una servidumbre minera a Estomonte A.G.S.A. para utilizar parte de las 404.000 hectáreas que la sociedad de origen suizo posee en Calingasta. El acuerdo permite el uso de terrenos para caminos e infraestructura vinculada al desarrollo de Los Azules.
En Calingasta, la empresa que opera el proyecto de cobre Los Azules, Andes Corporación Minera S.A., paga una servidumbre minera a Estomonte A.G.S.A., una sociedad de origen suizo propietaria de unas 404.000 hectáreas en la cordillera sanjuanina. Ese pago le permite a la minera utilizar parte de esos terrenos para acceder al yacimiento, construir sus caminos, desarrollar la infraestructura necesaria para el proyecto y en un futuro próximo explotar el mineral.
La particularidad es que se trata de una relación entre dos compañías de capitales extranjeros sobre una extensa superficie de la cordillera de San Juan. Los Azules, de capitales canadienses, necesita utilizar terrenos que pertenecen a Estomonte, una firma vinculada a Suiza y estructurada a través de sociedades offshore. Para hacerlo debe compensar económicamente al propietario de la superficie.
La explicación está en una figura prevista por la legislación minera argentina. El Código de Minería diferencia la propiedad del suelo de los derechos sobre los recursos minerales del subsuelo. Por eso, cuando una empresa minera necesita atravesar u ocupar una propiedad privada para desarrollar un proyecto, puede constituirse una servidumbre minera.
En términos simples, la servidumbre permite que la empresa utilice una parte de un terreno que no le pertenece para construir caminos, instalar infraestructura o acceder al yacimiento. A cambio, debe indemnizar al propietario de la superficie por esa ocupación y por los perjuicios que pueda ocasionar.
Eso ocurre en Los Azules. Para llegar al proyecto, ubicado en la alta cordillera de Calingasta, la operadora construyó y utiliza un camino privado que atraviesa tierras atribuidas a Estomonte A.G.S.A. La traza recorre la cordillera durante kilómetros y en distintos sectores bordea y convive con el cauce del Río Calingasta.
De esta manera, una empresa minera de capitales canadienses paga por el uso de tierras cordilleranas sanjuaninas que se encuentran en manos de una sociedad de origen suizo. Sobre un mismo territorio se superponen así la propiedad privada de grandes extensiones de tierra y el desarrollo de un proyecto minero operado por capitales extranjeros.
El dato adquiere otra dimensión por la extensión y las características de la propiedad. Estomonte posee alrededor de 404.000 hectáreas en Calingasta, una superficie que incluye sectores cordilleranos, reservas hídricas, glaciares y nacientes vinculadas al Río Castaño.
Estomonte y sus 404.000 hectáreas en la cordillera
Estomonte A.G.S.A. es una sociedad anónima de matriz suiza identificada en investigaciones periodísticas y registros inmobiliarios como propietaria de aproximadamente 404.000 hectáreas en la cordillera sanjuanina. Por la extensión de esas tierras, la firma se encuentra entre los mayores propietarios privados del país.
El perímetro registrado bajo su titularidad comprende áreas de particular importancia ambiental. Dentro de sus límites se encuentran campos de nieve permanentes, glaciares de alta montaña y las nacientes del Río Castaño, un recurso hídrico relevante para los valles sanjuaninos. También abarca extensiones continuas sobre la cordillera frontal de los Andes con potencial para la exploración minera.
La propiedad, además, arrastra un largo historial de controversias judiciales por la delimitación de los campos. A la estructura corporativa offshore utilizada por la sociedad se sumaron disputas por la superposición de títulos históricos con la firma National Lead Co. S.A.
La quiebra de National Lead derivó en un intento de remate judicial, impulsado desde tribunales comerciales de Buenos Aires, sobre casi 400.000 hectáreas ubicadas en Calingasta. La medida provocó la intervención de la Fiscalía de Estado de San Juan y de autoridades provinciales en el año 2012.
El cuestionamiento se centró en la falta de un plano de mensura oficial aprobado que permitiera establecer con precisión los límites de los campos. Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo de que dentro de la superficie incluida en el remate quedaran comprendidos bienes de dominio público indisponible, entre ellos ríos y glaciares.
Ante esa incertidumbre catastral, el Estado sanjuanino inició una acción de deslinde en el ámbito judicial para precisar las fronteras de la propiedad y resguardar los recursos naturales de dominio público.
La situación de Estomonte cobra especial relevancia en el nuevo escenario abierto por la Corte Suprema, que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU 70/2023 de Javier Milei. El fallo eliminó, en los hechos, los límites que regían para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, en un país donde grandes extensiones de territorio y recursos estratégicos ya se encuentran bajo titularidad foránea.
Cómo se determina cuánto paga Los Azules
El valor de una servidumbre minera no depende del mineral existente debajo de la propiedad. Su cálculo está regulado por el Código de Minería de la Nación y por el Código de Procedimientos Mineros de San Juan, establecido mediante la Ley Provincial LP-688-M-2014.
Uno de los componentes es el valor de ocupación de la superficie. Para determinarlo se considera la extensión de terreno que necesita la empresa para caminos, campamentos y huellas de exploración, tomando como referencia el valor comercial del suelo y sin incorporar el valor del mineral que pueda existir en el subsuelo.
La legislación también contempla una indemnización por los perjuicios ocasionados y por el uso de materiales. Esto implica compensar los daños directos sobre el campo y el aprovechamiento de elementos del propio suelo, como los áridos utilizados para consolidar los caminos.
Si la empresa minera y el propietario de la tierra no llegan a un acuerdo sobre el monto, existe además un mecanismo de fianza provisoria. El Código de Minería permite que la Autoridad Minera provincial establezca una suma previa que debe ser depositada por la compañía.
Ese depósito permite ocupar la traza y continuar con las obras mientras se determina el monto definitivo de la servidumbre mediante los peritajes técnicos correspondientes. De esta manera, la falta de un acuerdo económico entre el propietario de la superficie y la empresa minera no necesariamente paraliza el desarrollo de la infraestructura.
En el caso de Los Azules, este régimen adquiere una característica particular por quiénes se encuentran a ambos lados de la relación: la empresa canadiense necesita utilizar parte de una extensa propiedad de una sociedad suiza para acceder y desarrollar infraestructura vinculada a uno de los principales proyectos de cobre de San Juan.