El Sindicato de Empleados Públicos denunció penalmente al ministro de Economía Gutiérrez por falsificar expedientes, abuso de autoridad y hostigamiento
El Sindicato de Empleados Públicos acusó al jefe de Economía por irregularidades administrativas, la suspensión arbitraria del gremio y por desalojarlos con la policía.
Desde mayo, el Gobierno sostiene un conflicto abierto contra el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que en las últimas semanas pasó del ámbito únicamente sindical al judicial. A fines de septiembre, el SEP presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de instrumento público y hostigamiento.
Todo comenzó cuando el Gobierno provincial dictó la Resolución N° 156, que suspendió durante 180 días los códigos de descuento del SEP. La ordenanza buscó interrumpir los aportes de los afiliados para limitar la operatividad del sindicato.
El SEP argumenta que la notificación fue presentada en un domicilio incorrecto perteneciente a otro sindicato, el de los Obreros de la Industria Maderera de San Juan. Contrario a lo ocurrido, la escribana adscripta Florencia Menenchelli habría certificado en un documento oficial que notificó personalmente al secretario general del SEP, José Alberto Díaz.
También, por este hecho, la denuncia menciona a la escribana mayor Maira María Manzini, por delegar funciones de manera irregular.
Al conocer la noticia, el SEP se puso en acción: organizó manifestaciones en la vía pública e inició una acción de amparo con el objetivo de frenar la aplicación de la resolución y restablecer los derechos vinculados a los descuentos sindicales.
En diálogo con La Mecha, José Alberto Díaz, argumentó que el motivo detrás del accionar del Gobierno es debilitar el salario de los trabajadores públicos en función de un discurso de austeridad. Díaz declaró: «las familias cesanteadas, el conflicto del CISEM, con la policía de San Juan, con el Servicio Penitenciaro Provincial, sectores que están bajo el régimen policial y que no pueden actuar gremialmente, el que los defendió fue el sindicato (SEP)».
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El juez dictó una cautelar favorable al sindicato. José Alberto Díaz explicó a La Mecha lo ocurrido a partir de entonces: «nosotros ingresamos el expediente 6/17 con la cautelar, el Gobierno tomó un expediente posterior, el 6/18, y cambió la fecha un día anterior a la cautelar, diciendo ya no que suspenden los descuentos sino que da por caído el convenio».
La denuncia sostiene que esta duplicación de expedientes fue realizada para eludir una orden judicial. Con esta maniobra, el Gobierno argumentaría ante la Justicia que la cautelar sobre la Resolución 156 queda abstracta, es decir, que quedaría sin efecto.
Una delegación del SEP se presentó en el ministerio de Economía para revisar los expedientes, pero se hallaron con el subsecretario, Sergio Benavídez (también implicado en la denuncia), quien se negó a darles información. Luego, los sindicalistas fueron desalojados por la policía.
Finalmente, el SEP decidió acusar penalmente al ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, así como al subsecretario, Sergio Benavídez. La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales.
La entidad sindical solicitó el secuestro de los libros de Mesa de Entradas, la obtención de copias de los registros del sistema SIGED y la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad del ministerio.
Los abogados del gremio requirieron la apertura de una investigación penal preparatoria, la producción urgente de pruebas y la declaración de empleados de Mesa de Entradas. También solicitaron la intervención del Ministerio de Gobierno para la remisión de los expedientes y los informes del sistema SIGED.
Ahora, la fiscalía debe decidir si los hechos denunciados constituyen delitos e iniciar una investigación para determinar responsabilidades.