Los diputados orreguistas rechazaron un proyecto para que víctimas de delitos con bajos recursos accedan a abogados sin pagar

Durante una sesión en la Legislatura Provincial, los diputados rechazaron un proyecto de ley presentado por Fernanda Paredes (Bloque Justicialista) que buscaba acompañar a las víctimas de delitos con abogados especializados y centros de asistencia. La iniciativa se fundamenta en la Ley Nacional Nº 27.372, cuyos puntos principales consisten en la creación de Defensores Públicos de Víctimas para representar a quienes no tienen recursos, el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos y un fondo especial para cubrir gastos de urgencia para víctimas sin recursos.

La diputada Fernanda Paredes presentó el proyecto originalmente en 2024 pero «perdió estado parlamentario por falta de tratamiento», lo que la obligó a plantearlo una vez más el 24 de septiembre. En diálogo con La Mecha, la legisladora contó que un mes atrás presentó una moción de preferencia para deliberar sobre el proyecto. La propuesta fue aprobada (con el apoyo del bloquismo), lo cual generó el compromiso de estudiarlo en comisiones. Sin embargo, durante la sesión, el bloquismo retiró su apoyo y la mayoría legislativa rechazó el proyecto.

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Según explicó Paredes, el argumento que esgrimió el oficialismo para rechazar la iniciativa fue que «no hace falta adherir [a la ley nacional] porque ya está vigente y es de cumplimiento obligatorio». Pero la diputada justicialista resaltó que «no escuchan que [la ley] no se aplica» y sentenció que el bloque orreguista «no quiere proteger a las víctimas».

Lo concreto es que, en la provincia, la normativa nacional sólo aplica para delitos federales (como trata de personas o narcotráfico). Esta situación genera que aquellos delitos tramitados bajo el sistema acusatorio local se rijan por el Código Procesal Penal de San Juan, que no incluye ni la estructura específica ni los defensores públicos que estipula la legislación nacional.

Según Dame Noticias, el vicegobernador Fabián Martín expresó que «es un proyecto muy interesante» y planteó que la discusión podría trasladarse a la normativa procesal de San Juan. «Queda en el tintero la posibilidad de poder cambiar algunas normas procesales que serían muy convenientes y seguramente se va a avanzar en ese tema”, señaló el también Presidente de la Cámara.

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Defensores públicos que «no dan abasto»

Según Paredes, aunque el sistema penal le dio protagonismo a la víctima en el papel, en la práctica cuesta que lo ejerza: el fiscal investiga y acusa, y la defensa se ocupa del imputado. La víctima queda «representada» por el fiscal, pero no tiene a alguien propio que defienda sus intereses, salvo que pueda pagar un abogado. «Si no tiene para pagarse un abogado, ¿a dónde va?», planteó Paredes.

Ahí aparecería el rol de los defensores públicos. Sin embargo, la diputada explicó que cuando se plantea la falta de asistencia para las víctimas, la respuesta habitual es que existe la defensa pública. Pero ese servicio «no da abasto» y, según su estimación, casi la totalidad de su trabajo consiste en representar a personas imputadas. Para las víctimas, entonces, el defensor público no siempre está disponible en la práctica.

La falta de ese acompañamiento, dijo Paredes, tiene consecuencias palpables: «Vos escuchás a familiares de víctimas de femicidio o accidentes de tránsito y te dicen que no saben qué es un juicio abreviado o se enteran de una libertad condicional cuando se encuentran al imputado en la calle».

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