Los DAI buscan firmas para presentar un proyecto de ley que regule la actividad en San Juan: “No podemos trabajar por tan poco”

En San Juan hay alrededor de 6.000 Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) que trabajan sin una ley que defina con precisión su rol. Estos profesionales acompañan a estudiantes con discapacidad o con trastornos del aprendizaje y muchas veces son la diferencia entre que un chico o una chica pueda sostener su escolaridad o no. Sin embargo, los DAI no forman parte del sistema educativo, sino que cobran a través de obras sociales o subsidios del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Un proyecto de ley presentado en octubre de 2025 busca resolver esta anomalía. Se trata del expediente presentado por los diputados Mario Herrero (San Juan Vuelve) y Cristina López Valverde (Bloque Justicialista). El objetivo principal de la propuesta es incorporar a los DAI al ámbito docente.

Estela Díaz es DAI y sale desde hace semanas a juntar firmas para que el proyecto se trate. Según su diagnóstico, el origen del problema está en la Ley Nacional Nª 26.206 de 2006 que creó un fondo económico para que las obras sociales afronten los costos de la actividad. «Este tipo de manejo nos hace depender de la Superintendencia de Salud. Entonces nuestro trabajo de DAI queda bajo el ámbito de la salud, no de educación. Quedamos como un agente de servicio”, explica la profesional.

De aprobarse el proyecto de ley, el Ministerio de Educación quedaría a cargo de proveer los recursos técnicos, tecnológicos y pedagógicos necesarios para garantizar la inclusión. Este punto es importante porque, según explicó Díaz, actualmente a esos recursos los cubre la obra social y son los padres del estudiante quienes deben tramitarlos. Ahí aparece la primera grieta del sistema actual: «Se resuelve el tema de la inclusión, pero se resuelve para aquella persona que tiene un buen ingreso, porque tiene una obra social y puede acceder a pagarla».

«Los DAI entran en este tema con los padres y les tienen que decir: no podemos trabajar por tan poco, necesitamos que nos den más plata», relata Díaz. Además, la profesional señala que a diferencia del resto de los docentes los DAI no acceden al boleto gratuito de colectivo.

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“Es indigno y hasta humillante”

Díaz cuenta su propio recorrido para graficar el «vacío legal» que hoy rige la actividad. Cuando trabajaba a través de una institución sin fines de lucro que contrataba DAI para una obra social, cobraba con 60 días de atraso y le descontaban el 25%. De ahí tenía que hacer sus aportes de monotributo. «Y ya con lo que uno se queda es mínimo», contó. 

«Es indigno y hasta humillante el tema de recibir los ingresos», resume Díaz sobre la situación actual. «Un DAI termina trabajando con dos o tres niños a veces en diferentes turnos, está todo el día trabajando y no cobra casi absolutamente nada. Y uno también tiene familia». A ese cuadro se sumó en los últimos años el recorte de recursos nacionales para políticas de inclusión a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Una firma a la vez

Para que el proyecto se trate en la Cámara de Diputados, explica Díaz, hace falta demostrar que existe interés social en el tema. Eso se traduce en avales. La iniciativa ya cuenta con resoluciones de los Concejos Deliberantes de Ullúm, Rawson y Albardón, de la CTA y del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Pero además de esos avales institucionales, Díaz sale a juntar firmas de los ciudadanos. En ese marco, la profesional participará del 3º Encuentro Nacional de Educación Superior y Derechos Humanos  que se realizará el 17 y 18 de septiembre en el Complejo Universitario Islas Malvinas de la UNSJ. Díaz contará con una mesa en la que los asistentes al foro podrán firmar el aval para que la ley pueda tratarse en la Legislatura.