El orreguismo se encamina a aprobar el acuerdo con Vicuña gracias al apoyo de aliados y algunos peronistas

El orreguismo se encamina a aprobar este miércoles en la Legislatura el acuerdo con Vicuña. El oficialismo cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo de sus propios legisladores, sectores aliados y un grupo de diputados peronistas díscolos. Necesita 19 votos afirmativos. Los tiene y, según los cálculos previos, de sobra.

En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego necesita sellar el acuerdo para inyectar recursos en obras de cara a las elecciones de 2027. Para conseguirlo vuelve a apoyarse en una de sus principales cartas políticas, la Legislatura. Allí ya logró aprobar, a principios de junio, el proyecto que habilita a la Provincia a tomar deuda con organismos internacionales para financiar infraestructura. La relación con la gestión de Javier Milei es buena, pero la Nación se desentiende de la obra pública que le corresponde en San Juan. Orrego, entonces, necesita buscar recursos por otras vías. Y esta es una de las pocas que le quedan.

De cara a la sesión especial de este miércoles, la Legislatura discute dos iniciativas centrales impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial. El temario estará concentrado exclusivamente en esos dos proyectos, considerados estratégicos para la gestión de Marcelo Orrego.

Por un lado está el acuerdo con la minera Vicuña, eje principal del debate. El convenio contempla un aporte extraordinario y anticipado de hasta 250 millones de dólares por parte de la empresa. Los principales reparos apuntan a la transparencia del proceso, los riesgos económicos, la soberanía jurídica y el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Los cuestionamientos de la oposición

El primer cuestionamiento apunta a la falta de transparencia y de documentación técnica. Diputados opositores denunciaron que las explicaciones de los funcionarios son insuficientes y aseguran que no contaron con documentación de base, como las actualizaciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), para evaluar si el convenio resulta beneficioso para la provincia. También cuestionan un tratamiento que consideran apresurado y la velocidad con la que se pretende aprobar un acuerdo de esta envergadura. Según advierten, se intenta que los legisladores voten «a ojos cerrados».

Otro punto clave son los riesgos económicos y financieros. La oposición advierte sobre una posible pérdida de ingresos. El aporte de USD 250 millones busca cancelar los pagos correspondientes al 1,5% de la facturación (Aporte DIA) durante los primeros cinco años de producción. Sin embargo, estimaciones basadas en informes de la propia compañía indican que, dependiendo del precio del cobre, ese 1,5% podría representar entre USD 308 y USD 443 millones. La diferencia supondría una pérdida potencial para la provincia de hasta USD 193 millones.

El tope de las regalías es otro de los puntos cuestionados. El convenio las limita al 3% durante toda la vida útil del proyecto, que podría extenderse por 70 años. De ese modo, San Juan renunciaría a la posibilidad de elevarlas en el futuro al 5%, el límite permitido por la ley nacional.

En la misma línea aparece otro reclamo, vinculado a la limitación de futuros aportes. La provincia se compromete por escrito a no exigir nuevas contribuciones económicas ante futuras actualizaciones o nuevas DIA durante el desarrollo del proyecto.

Otro eje de controversia es la soberanía jurídica y el arbitraje internacional. Los diputados opositores cuestionan que el acta establezca que cualquier disputa o conflicto impositivo, ambiental o minero deberá resolverse mediante un arbitraje internacional bajo el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en lugar de recurrir a la Justicia argentina.

Los diputados también cuestionan la imposibilidad de modificar el acuerdo. Como se trata de convenios que ya llegan firmados por el Ejecutivo, la Legislatura no tiene margen para cambiar el articulado. Solo puede aprobarlos o rechazarlos en su totalidad.

Otro punto que genera preocupación son los cambios en las responsabilidades ambientales e hídricas. Según los cuestionamientos opositores, el convenio contempla una eximición de responsabilidad directa. Con el pago del aporte fijo, la empresa queda eximida de ejecutar por sí misma las obras de infraestructura y ambientales previstas en la DIA, como tareas de forestación u obras hídricas. La responsabilidad sobre la ejecución y sus resultados pasa al Estado provincial a través del fideicomiso.

¿Cuál es el riesgo en las obras hídricas? En departamentos como Iglesia y Jáchal, la empresa ya no sería responsable de demostrar que el caudal de agua se recuperó efectivamente, sino de transferir los fondos. Si ese dinero resulta insuficiente para concretar las obras hídricas prometidas, el costo final debería ser absorbido por la provincia.

También existe una disputa por el destino de los fondos. Las obras hídricas locales deberán competir por financiamiento, dentro del mismo fondo de USD 250 millones, con proyectos de mayor escala, como la Ruta 40.

En la misma sesión también se tratará el convenio por las Rutas Nacionales. La oposición sanjuanina advierte que esos gastos corresponden a la Nación y cuestiona que San Juan asuma durante 20 años el financiamiento y mantenimiento de esas trazas sin una garantía clara de que el Gobierno nacional restituirá los recursos. Algunos sectores sostienen que la provincia debería priorizar la inversión en agua potable y energía eléctrica antes de hacerse cargo de obligaciones nacionales.

La respuesta del oficialismo

Ante los cuestionamientos de la oposición, el oficialismo sanjuanino sostiene que el acuerdo con la minera Vicuña es «superador» a cualquier antecedente y fundamental para el desarrollo y el empleo de la provincia.

Frente a las dudas sobre el monto, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, destacó que Vicuña aportará los 250 millones de dólares en el «minuto menos 10», es decir, antes de producir e incluso antes de iniciar la construcción principal. Desde el orreguismo remarcan, además, que se trata de un pago único y no reembolsable. Y recuerdan que, si el proyecto se paraliza, como ocurrió con Pascua-Lama, San Juan se queda con el dinero.

El oficialismo también argumenta que el convenio mejorará la recaudación por regalías. Sostiene que, aunque el tope sea del 3%, el cambio en la base de cálculo resulta beneficioso. Al calcularse sobre el valor bruto de facturación —y no a «boca mina» con deducciones—, ese 3% equivaldría, según la interpretación oficial, a un 4,2% o 4,5% del esquema tradicional.

Por otro lado, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, niega categóricamente que exista una flexibilización de los controles. Explicó que las obligaciones de la DIA se mantienen sin cambios, aunque sí se modifica la gestión. Ahora la Provincia decide cuándo y cómo se ejecutan las obras, como las de forestación o infraestructura hidráulica, a través del fideicomiso y con fondos aportados por la empresa.

Ante las quejas por falta de información, el Ejecutivo afirma que el acuerdo «no tiene letra chica» y asegura que entregó a los diputados la documentación técnica (DIA) en formato digital para agilizar su estudio. También sostiene que el convenio no resigna facultades, sino que reconoce límites legales ya existentes, como la estabilidad fiscal prevista en la Ley de Inversiones Mineras y el RIGI, con el objetivo de evitar litigios futuros y asegurar los fondos.

Los porotos los tiene el orreguismo

La sesión especial del miércoles comenzará con la votación del traspaso de las rutas a la órbita provincial. Después llegará el turno del acuerdo con Vicuña. San Juan se haría cargo del financiamiento, la conservación, el mantenimiento y la ejecución de obras en las Rutas Nacionales 40, 20, 150, 153 y 149. El convenio establece que la provincia asumirá esas tareas durante 20 años. Una de las intervenciones más importantes previstas en el plan es la de la Ruta 40 Norte, en el tramo que une Albardón con Jáchal.

Los proyectos son analizados en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación, Hacienda, Minería y Obras. Como se trata de convenios ya firmados por el Ejecutivo, la Cámara solo puede aprobarlos o rechazarlos en su totalidad, sin margen para modificar el articulado.

Para aprobar los dos acuerdos, el oficialismo contaría con el respaldo suficiente para alcanzar la mayoría simple de 19 votos requerida en la Legislatura. El primer núcleo de apoyo está compuesto por el bloque oficialista y sus aliados. Allí se encuentran los legisladores alineados con el gobernador Marcelo Orrego, junto con el bloquismo y otros sectores que acompañan a la gestión.

A ese respaldo se sumarían diputados peronistas departamentales y «díscolos» del bloque del PJ, en buena medida porque las obras de infraestructura contempladas benefician directamente a sus distritos o sectores. Entre ellos aparece Eduardo Cabello, secretario general de la CGT, quien acompañaría la iniciativa ante la expectativa de generar más de 4.000 puestos de trabajo en la construcción. También Pedro Albagli, de Albardón, cuyo voto se inclinaría a favor porque un tramo central de la nueva obra de la Ruta 40 Norte pasará por su departamento.

Otro de los nombres es Jorge Castañeda, de Calingasta, de quien se espera un voto favorable porque en su departamento está prevista la construcción de un camino que unirá Calingasta con Iglesia. Además, ya acompañó anteriormente iniciativas similares impulsadas por el orreguismo. Leopoldo Soler, de Ullum, es otro de los exintendentes que se encaminaría a dar su aprobación. Omar Ortiz, de Valle Fértil, también aparece en la lista de peronistas que acompañarían los proyectos. En el caso de Miguel Vega, de Jáchal, la situación tiene otro matiz. Aunque fue uno de los más activos a la hora de plantear consultas críticas en las comisiones, el oficialismo interpreta que le resultará difícil justificar un voto negativo a obras, como las de las rutas 40 y 150, que él mismo reclamó para su departamento.

A la lista se suma Franco Aranda, legislador del Frente Renovador, que también se perfila para acompañar al orreguismo. Otro de los nombres que circulan es el de Gabriel Sánchez, de Chimbas, quien podría despegarse de la postura mayoritaria del bloque del PJ y votar a favor del convenio.

Así, aunque el bloque del PJ tiene previsto definir una postura unificada este martes, dentro del propio peronismo reconocen que el oficialismo ya tejió los acuerdos necesarios para obtener el «OK» en la sesión especial del miércoles.