El presidente del Concejo de Angaco denunció al fiscal Nicolía y al concejal orreguista Olivera por presunta coacción y abuso de autoridad
La presentación judicial también alcanza al titular de la UFI de Delitos Especiales y sostiene que ambos habrían ejercido presiones indebidas para obtener actas del Concejo Deliberante. La Justicia deberá determinar si el pedido respondió a un requerimiento legítimo o si configuró una conducta delictiva.
Un pedido de documentación interna terminó convirtiéndose en un conflicto judicial entre las máximas autoridades del Concejo Deliberante de Angaco. Lo que comenzó como una solicitud de actas de sesiones derivó en una denuncia penal que involucra al vicepresidente del cuerpo, Andrés Olivera, y al fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existió una actuación legítima o si, como sostiene el presidente del Concejo, hubo presiones indebidas para obtener esa documentación.
El enfrentamiento tiene como protagonistas al vicepresidente del Concejo Deliberante, Andrés Olivera, identificado con el orreguismo, y al presidente del cuerpo, Alberto de los Ríos, del peronismo y alineado al intendente José Castro. La disputa gira en torno al acceso a documentación oficial, aunque el trasfondo ya excede el plano administrativo y pasó al terreno penal.
Todo comenzó el 7 de agosto de 2026. Ese día Olivera envió una nota en la que solicitó la entrega inmediata de las Actas N.º 2013 o 2014, correspondientes a la primera sesión extraordinaria de febrero de 2026. En el escrito sostuvo que el pedido respondía a un requerimiento realizado por el fiscal Francisco Nicolía para incorporarlas a una audiencia judicial y recordó que el reglamento interno del Concejo le reconoce acceso a esa documentación sin necesidad de autorización previa.
En la misma nota, el vicepresidente advirtió que, si no recibía las actas, pondría en conocimiento de la Justicia que las autoridades del Concejo se habían negado a entregarlas pese a las facultades que, según afirmó, le otorga el reglamento interno.
Cuatro días después, el 11 de agosto, la respuesta llegó por otra vía. Alberto de los Ríos, junto con la secretaria administrativa Valeria Olivera, presentó una denuncia penal contra el vicepresidente y también contra el fiscal Nicolía.
Según la presentación judicial, las expresiones utilizadas por Olivera podrían encuadrar en el delito de coacción, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal. Incluso solicita que se analice la posible aplicación de la figura agravada contemplada en el artículo 149 ter, inciso 2, apartado a. Además, le atribuye el presunto delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tipificado en el artículo 248 del Código Penal.
La denuncia también alcanza al fiscal Francisco Nicolía. El argumento es que Olivera fundamentó su pedido urgente en un supuesto requerimiento formulado por el propio funcionario judicial, por lo que el presidente del Concejo considera necesario determinar cuál fue el verdadero alcance de esa intervención.
En ese sentido, solicita que el Ministerio Público Fiscal informe el contenido del legajo MPF-SJ-04919-2026. El objetivo es establecer si existió efectivamente un requerimiento para obtener las actas, quién era su destinatario, cuál era su finalidad y qué plazo tenía para cumplirse.
Ese será uno de los puntos centrales de la investigación. La Justicia deberá determinar si la advertencia formulada por Olivera constituyó el ejercicio de una facultad reglamentaria o si, por el contrario, representó una presión indebida para obtener la documentación en forma inmediata. También deberá establecer cuál fue la participación del fiscal Nicolía y si el procedimiento seguido se ajustó a derecho.
Si la denuncia prospera y se comprueba la existencia de los delitos denunciados, el vicepresidente del Concejo podría enfrentar las consecuencias penales previstas para las figuras de coacción y abuso de autoridad, además del impacto institucional que una resolución de ese tipo tendría sobre su desempeño como funcionario.
Así, un desacuerdo por la entrega de unas actas legislativas terminó escalando hasta convertirse en una causa judicial que enfrenta a las principales autoridades del Concejo Deliberante de Angaco y que ahora quedará bajo análisis de los tribunales.
Un conflicto que suma nuevos capítulos
La denuncia presentada por el presidente del Concejo Deliberante de Angaco se suma a otro frente judicial que mantiene enfrentado al cuerpo legislativo con uno de sus integrantes. Días atrás, la jueza del fuero Contencioso Administrativo Adriana Tettamanti declaró la nulidad de la resolución mediante la cual el Concejo había suspendido sin goce de haberes al concejal Andrés Olivera, al considerar que durante el procedimiento no se respetó su derecho de defensa. Sin embargo, el cuerpo deliberativo apeló esa decisión y sostiene que la sanción fue válida.
La disputa refleja la profunda fractura política que atraviesa al Concejo de Angaco. Olivera, alineado con el orreguismo y enfrentado al intendente José Castro, ya había quedado en el centro de otros conflictos institucionales, entre ellos su oposición al acuerdo impulsado por la mayoría del cuerpo para favorecer al jefe comunal en otra causa judicial. Ese enfrentamiento también derivó en denuncias cruzadas y en otros expedientes penales que aún siguen abiertos.
Con la nueva denuncia contra Olivera y el fiscal Francisco Nicolía, el escenario institucional de Angaco suma otro capítulo a una escalada de conflictos que ya involucra causas administrativas, contenciosas y penales, y que mantiene bajo la lupa judicial tanto al Concejo Deliberante como a distintos funcionarios del departamento.