El Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan (S.C.D.T.S.J.) rechazó la Ley de Transporte del oficialismo y confirmó la presentación de un recurso de amparo contra la norma. En una conferencia de prensa realizada en la Sala Pucará, el secretario general Walter Ferri y la abogada Eliana Ramírez cuestionaron el contenido de la legislación y afirmaron que afecta los derechos de los trabajadores del sector. El amparo fue rechazado en primera instancia por cuestiones de admisibilidad, aunque el sindicato informó que ya apeló esa decisión.

Ferreri sostuvo que el gremio no fue convocado durante la elaboración del proyecto, pese a haber presentado propuestas ante la Cámara de Diputados. «No nos atendían, no abrían las puertas», afirmó. Según el dirigente, la ley fue aprobada sin considerar los informes técnicos elaborados por el sindicato.

El gremio también planteó que la norma es inconstitucional por entender que contradice la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Nacional de Tránsito 24.449. A su vez, denuncian un «trato desigual» e injusto, ya que la nueva normativa mantiene exigencias estrictas para los taxistas (como dos revisiones técnicas al año, desinfección mensual y carnets profesionales específicos), mientras que para el transporte no regular (aplicaciones), las exigencias del Artículo 43 son considerablemente menores

Ramírez explicó que el recurso de amparo busca preservar el sustento de las familias vinculadas a la actividad frente a lo que definió como una «liberación del mercado». Indicó que la acción judicial procura discutir la falta de criterios de proporcionalidad en la cantidad de licencias habilitadas por habitante.

Durante la conferencia, Ferri advirtió sobre una «uberización de la economía», concepto con el que describió un modelo que, según afirmó, precariza las condiciones laborales y reemplaza empleos formales por esquemas en los que el trabajador asume los costos de la actividad.

Accidentes y pérdidas económicas

Walter Ferri también cuestionó el impacto de las plataformas sobre la seguridad vial. Según sostuvo, desde 2023 se registraron 240 muertes y 12 heridos graves vinculados a estos servicios en San Juan. Dentro de ese total, afirmó que hubo 22 fallecidos en accidentes de tránsito y 18 homicidios ocurridos en el marco de la actividad en menos de tres años.

El dirigente aseguró que esas cifras fueron relevadas por un perito judicial y forman parte de la documentación presentada ante la Justicia. Como contraste, indicó que entre 2009 y 2023 el servicio de taxis registró un solo fallecido. Atribuyó esa diferencia a que los taxistas deben cumplir con requisitos como carnet profesional, capacitación en defensa civil y seguros específicos, controles que —según denunció— no se exigen con el mismo rigor a los conductores de plataformas.

Ferreri también aseguró que las plataformas generan una salida de recursos de la provincia. Según afirmó, alrededor de 10.000 millones de pesos mensuales dejan el país porque el 30% de la recaudación es transferida a empresas extranjeras que, sostuvo, «no pagan nada» de impuestos locales. El dirigente agregó que la situación repercute sobre otros sectores vinculados a la actividad. Mencionó, entre ellos, a concesionarias de vehículos, talleres mecánicos y comercios dedicados a la venta de cubiertas.

El reclamo de los taxistas contó con el apoyo de la Intersindical, un espacio de unidad lanzado en junio de 2026 que nuclea a más de 20 organizaciones gremiales, sociales y políticas de la provincia de San Juan.