Celeste Giménez cuestionó la reforma de la Ley de Tierras y advirtió que abriría la puerta a una mayor extranjerización en San Juan
En una entrevista con La Mecha, la senadora nacional analizó el proyecto que debatirá el Senado, cuestionó los cambios a la Ley de Tierras y vinculó la iniciativa con las exigencias del FMI.
De cara a la sesión de este jueves 6 de agosto en el Senado, que definió como una «cita con la historia«, la senadora nacional por San Juan, Celeste Giménez, aseguró en una entrevista con La Mecha que el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» representa mucho más que una modificación de la Ley de Tierras Rurales. Según sostuvo, la iniciativa abre la puerta a una mayor extranjerización de tierras y recursos estratégicos y forma parte de un paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional que, a su entender, responde a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La iniciativa propone modificar la Ley de Tierras Rurales (26.737), sancionada en 2011, que establece límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Para Giménez, esos cambios debilitan el espíritu de la norma y favorecen la compra de zonas estratégicas, especialmente en áreas de frontera y territorios con recursos naturales.
«Este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada es una ley ómnibus en la cual en un solo texto modifican el régimen de expropiaciones, la ley de manejo de fuegos, el mercado y las tierras rurales en nuestro país, acelerando desalojos de quienes no piensa cuando gobierna», argumentó la senadora.
La legisladora advirtió que, de avanzar la reforma, departamentos sanjuaninos como Iglesia y Calingasta podrían quedar aún más expuestos a la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros. En ese punto, sostuvo que la discusión excede la propiedad rural y alcanza también a glaciares, ríos y minerales críticos.
Según Giménez, San Juan ya es una de las provincias más afectadas por este fenómeno. Como ejemplo, mencionó el caso de Iglesia.
«Nuestra provincia está muy afectada por la extranjerización de tierras. En Iglesia, un municipio de frontera, el 25% de las tierras están extranjerizadas y el 11% pertenecen a áreas glaciares y ambientes periglaciares. Lo veo con muchísima preocupación siendo legisladora sanjuanina», argumentó.
Uno de los principales cuestionamientos de la senadora apunta al cambio de criterio que impulsa el oficialismo para medir el límite de extranjerización. A su juicio, establecer un tope del 25% a nivel provincial desvirtúa el espíritu de la ley, ya que el problema —afirma— se concentra en determinados municipios y en el valor estratégico de los territorios involucrados.
«Quieren poner un 25% en el tope de extranjerización provincial. Esto es una mentira absoluta y sigue borrando el espíritu de la ley que era proteccionista, porque nos damos cuenta que el problema no es la cantidad provincial, sino que hay municipios que han superado los topes».
«Ellos pueden lavarse la cara diciendo que establecieron el 25% al nivel provincial, pero la discusión se da en niveles municipales y en la calidad del territorio que quieren comprar: nuestras zonas de frontera, nuestros glaciares, nuestros ríos y nuestros minerales críticos», insistió.
Para Giménez, esta reforma forma parte de una estrategia más amplia vinculada a las condiciones que, según afirma, exige el Fondo Monetario Internacional. En ese marco, habló de una «triple flexibilización« —laboral, ambiental e impositiva—, que, en su opinión, acompaña el Gobierno nacional y cuenta con el respaldo de la gestión provincial.
Además, Giménez advirtió que «el Gobierno nacional nos convoca para intentar tratar este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que lo que quiere hacer es rematar nuestras tierras y nuestros bienes comunes. Es parte de lo que les pide el Fondo Monetario Internacional y nos preocupa muchísimo».
La senadora también vinculó ese debate con la realidad económica que atraviesa San Juan. Aseguró que, pese al potencial minero de la provincia, ese desarrollo no se traduce en mejores condiciones de vida para la población.
«En San Juan tenemos la reserva de cobre más grande del país; sin embargo, los beneficios se los están llevando los capitales extranjeros con la complicidad del gobierno provincial. Los sanjuaninos tienen salarios de miseria y una calidad de vida que va siempre en detrimento», sostuvo.
En esa línea, afirmó que el deterioro social se profundizó tras las reformas económicas impulsadas por el Gobierno nacional. Según planteó, ni el DNU 70, ni la Ley Bases, ni el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ni la reforma laboral generaron mejoras para la población. Por el contrario, sostuvo que provocaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo y un creciente endeudamiento de las familias.
«Hoy tres de cada cuatro sanjuaninos se endeudan para comer y lideramos el ranking de morosidad en pagos de créditos. Es el síntoma de que la capacidad de pago llegó a un límite y las familias no ven ningún beneficio de la Ley Bases, el RIGI ni de ninguna otra reforma de Milei», dijo.
Para la legisladora, detrás de la discusión parlamentaria no solo está en juego el régimen de propiedad de la tierra, sino también el control de los recursos estratégicos del país y el modelo de desarrollo que propone el Gobierno nacional.
«Estamos en un mundo donde se disputan los recursos naturales y somos el séptimo país en extensión territorial. Tenemos petróleo, gas, cobre y oro; ¿por qué deberíamos regalarnos? Javier Milei viene a rematar nuestras tierras defendiendo intereses que no son de los argentinos», cerró.