Consecuencias de la reforma laboral: El Gobierno provincial evalúa sanciones por el paro y UDAP anticipó que irá a la Justicia
El Gobierno amenaza con sanciones a los gremios que no garanticen el 75% de la prestación educativa durante el paro nacional. UDAP, por su parte, rechazó la competencia de la Subsecretaría de Trabajo provincial y adelantó que presentará una acción de amparo.
El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que la Provincia evalúa sanciones para los gremios que no garanticen el 75% de la prestación del servicio educativo, según lo exige la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral también conocida como «reforma laboral». Esa normativa nacional declara a la educación «servicio esencial». Según Achem, el incumplimiento derivará en procedimientos administrativos y legales coordinados con el Ministerio de Capital Humano de la Nación.
El primero de agosto, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) presentó una respuesta formal en rechazo a la Resolución N.º 157-ST-2026 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia. El gremio sostiene que la autoridad laboral provincial no tiene competencia para intervenir en una medida de fuerza de alcance nacional convocada por CTERA. Calificó la intimación oficial como un acto de «nulidad absoluta e insanable».
UDAP dejó planteada la reserva de iniciar una acción judicial de amparo. Argumenta que la exigencia de guardias mínimas vulnera el derecho constitucional de huelga.
En marzo de 2026, San Juan registró el primer antecedente nacional de la aplicación de la reforma laboral para limitar una protesta docente. En esa oportunidad, la Subsecretaría de Trabajo intimó a los gremios UDAP, UDA y AMET a garantizar un 75% de presentismo durante un paro de 48 horas programado para los días 11 y 12 de marzo. Ante la dificultad práctica de cumplir con ese requisito en una provincia con 25.000 docentes y el riesgo de recibir sanciones legales o multas millonarias, los sindicatos optaron por levantar la huelga y trasladar el reclamo a una «marcha de antorchas» nocturna para visibilizar el malestar sin entrar en conflicto directo con la normativa. A diferencia de aquel episodio, en el conflicto actual el gremio UDAP ha decidido cambiar su estrategia, sosteniendo el paro y recurriendo a la Justicia para cuestionar la legalidad de la medida.
En el ámbito provincial, los gremios aceptaron recientemente un acuerdo que elevó el salario mínimo garantizado a $882.573 en julio. La adhesión al paro, sin embargo, responde a reclamos dirigidos al Gobierno Nacional: la restitución del FONID, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente —congelada en $500.000— y el rechazo a las reformas previsionales y a la Ley de Libertad Educativa.
La convocatoria al paro nacional de este lunes 3 de agosto se presenta como una medida de fuerza unificada que aglutina a todos los niveles del sistema educativo, abarcando desde la educación inicial hasta la universitaria. En San Juan, la protesta alcanza específicamente a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y a la Universidad Nacional de San Juan, gracias a la confluencia de diversos gremios
Mientras que UDAP y AMET representan a los docentes de la provincia, la adhesión en el ámbito universitario está garantizada por sindicatos como ADICUS y SIDUNSJ a nivel local, junto a federaciones nacionales como Conadu y Conadu Histórica, conformando así un frente común ante los reclamos salariales y presupuestarios que afectan a toda la comunidad docente.