Protesta de más de veinte gremios, fondos retenidos y una renuncia que expuso la crisis de Vialidad Nacional en San Juan
La Intersindical San Juan marchó a la sede de Vialidad con la ausencia de la CGT. Dos días antes renunció Carlos Ordoñez, jefe de administración del organismo. El Gobierno nacional retiene fondos y por decreto delega el mantenimiento de las rutas a las provincias.
El miércoles 15 de julio, La Intersindical San Juan se concentró frente a la sede de Vialidad Nacional en San Juan. El espacio nuclea a 24 organizaciones gremiales que representan a trabajadores estatales, del ámbito privado, docentes universitarios y de la economía popular. Está integrado por gremios como la UOM, ATE, ASIJEMIN, UTEP, la Asociación Bancaria, viales, químicos y ferroviarios. Faltó un actor: la CGT San Juan no participó.
Graciela Aleñá, secretaria general nacional del Sindicato de Trabajadores Viales, lideró la protesta y denunció que el Gobierno nacional busca reducir a Vialidad a un «ente netamente administrativo». La ausencia de la CGT no pasó inadvertida. «Nadie puede quedarse al margen cuando le están pegando en la cabeza todos los días», dijo Aleñá. Germán Jaime, del gremio Químico, profundizó: sugirió que la propia Intersindical nació para representar a quienes no se sienten contenidos por las centrales tradicionales.
Dos días antes de la marcha, el lunes 13 de julio, Carlos José Ordóñez, con 24 años de trayectoria como jefe de la División Administración, renunció a ese cargo jerárquico. No fue un movimiento administrativo: Ordóñez habló de «diferencias profundas» con las directivas nacionales y explicó que no quería que su función fuera interpretada como un aval, por acción u omisión, al desmantelamiento de la institución.
El Distrito San Juan pasó de 220 agentes a 160, una caída de 60 puestos producto de despidos y 25 retiros voluntarios. El desguace en el país no es gratuito, pero Milei pretende que las provincias asuman los costos. El 16 de abril, el Gobierno nacional publicó el Decreto 253/2026, que delega en San Juan y otras ocho provincias la facultad de mantener rutas nacionales y otorgar concesiones con peaje.
Para los trabajadores viales, se transfieren responsabilidades sin transferir los fondos que, según denuncian, siguen retenidos en Nación. Ordóñez calificó el traspaso como una cesión «sin fondos y sin planificación» y definió como «sumisa» la actitud de las provincias que aceptaron las nuevas competencias sin reclamar los recursos correspondientes. El gremio anticipa un mapa vial dividido: rutas «de primera» donde los peajes resulten rentables, y rutas «destruidas» en las zonas de menor tránsito, las mismas que hoy ya empiezan a mostrar las consecuencias del ajuste.
Los fondos retenidos
Detrás de la protesta y de la renuncia hay una cifra que las explica: el desfinanciamiento del SISVIAL, el fideicomiso que se nutre del impuesto a los combustibles de la Ley 23.966 y que financia el mantenimiento de rutas.
A julio, Vialidad Nacional había recibido apenas el 25% de su presupuesto anual, cuando el calendario de ejecución debería ubicarlo por encima del 50%. Sin ese dinero no se pagan certificados de obra, no se compran materiales para bacheo y se resienten hasta los servicios operativos básicos. Según las estimaciones citadas por las fuentes gremiales, con los fondos retenidos podrían haberse construido o mantenido 662 kilómetros de rutas en todo el país.