La Comisión Nacional de Energía Atómica habilita la privatización de sus instalaciones
Conocé la trama detrás de la entrega de la autonomía nuclear argentina como parte del pacto Trump-Milei.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aprobó un procedimiento administrativo para «el acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas» el pasado 4 de mayo. El expediente abre la posibilidad de que empresas privadas pidan autorización para visitar las instalaciones de la CNEA como paso previo a la venta de estos activos.
La CNEA puso a disposición de los privados interesados «todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial» que se encuentre bajo administración de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

La política nuclear del gobierno nacional
El hecho coincidió con la visita de una delegación de siete funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a los Centros Atómicos Constituyentes, Ezeiza y Bariloche. La inspección se realizó bajo el silencio del gobierno nacional y fue el eslabón de una cadena mayor de eventos que, vistos en perspectiva, evidencian el plan de entrega del potencial nuclear argentino a Estados Unidos.
Entre los hechos recientes, destacan el decreto 695/2025 que habilitó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Además, el gobierno de La Libertad Avanza es responsable del congelamiento de las centrales Atucha III y Atucha IV, ambas construcciones financiadas por China. También paralizó la fabricación del reactor modular CAREM, un proyecto diseñado por el CNEA y de capitales nacionales que, de concretarse, posicionaría a la Argentina en la vanguardia del desarrollo nuclear en el mundo.

Vaciamiento, paralización de proyectos y privatización de activos estratégicos son los pilares de la política nuclear del actual gobierno. Esto fue parte del acuerdo por el salvataje financiero de la administración Trump -mediada por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent– para rescatar a La Libertad Avanza, que en septiembre de 2025 veía desmoronarse su plan económico. De esta manera, el Poder Ejecutivo vende años de desarrollo nuclear y soberanía científica-tecnológica a cambio de dólares rápidos para sostenerse.
A la caza del uranio argentino
Estados Unidos apunta también a los yacimientos de uranio, como señala el documento «Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos» firmado el pasado 4 de febrero. EE.UU. quiere asegurar el flujo del uranio argentino hacia el norte al mismo tiempo que suprime la influencia económica de China en la región.

En el último tiempo hubo una reactivación de los proyectos de uranio en el país. En total suman 18 en estado de exploración repartidos entre Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Salta y Mendoza. Este último posee las mayores reservas de uranio en la Argentina y promete dar el salto en minería en los próximos años.
Los reservas de uranio identificadas en la Argentina suman 38.740 toneladas. La CNEA todavía posee los yacimientos de Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Laguna Colorada (Chubut) y Don Otto (Salta). Entre las empresas privadas destacan las canadienses Jaguar Uranium Corp. y Blue Sky Uranium.
En el último mes, Jaguar Uranium Corp. anunció la exploración de uranio en el proyecto Huemul, en Malargüe y en Chubut, con inversiones que ascienden a 25 millones de dólares. Por su parte, Blue Sky Uranium lidera el proyecto Corcovo, también en Mendoza, y proyecto Amarillo Grande en Río Negro.
De esta manera, la Argentina renuncia a su autonomía nuclear y orienta su actividad minera en función de exportar materia prima para la seguridad de Estados Unidos.
