Quién es Eduardo Elsztain, el magnate amigo de Milei con minas en San Juan que se sumó a la pelea por la energía eléctrica y el conflicto con el ENRE

Para entender el conflicto entre las mineras por la energía de San Juan, primero hay que saber quién es Eduardo Elsztain. Se trata del dueño de las empresas más importantes de la Argentina y financista de la campaña de Javier Milei. En el último tiempo, invirtió en dos proyectos mineros en San Juan: Hualilán, en Ullum, y la mina Caspaso, en Calingasta. Ahora, el magnate se sumó a la pelea por la energía eléctrica que surgió luego de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) le otorgue a la minera Vicuña Corp. el 90% de la capacidad remanente de una línea eléctrica provincial.

El conflicto se desató en febrero de 2026 debido a que el ENRE publicó la Resolución N° 079/26 que le dio a Vicuña Corp.—el megaproyecto de cobre de BHP y Lundin, con una inversión proyectada de 7.100 millones de dólares— la prioridad deuso del 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo de 500 kV, por 25 años.

Para dimensionar lo que eso significa, hay que saber que San Juan consume en promedio 480 megavatios de potencia eléctrica, y Vicuña va a necesitar 260 megavatios solo para su primera etapa. El sistema ya está al límite. Y la línea provincial que conecta La Bebida con Rodeo—construida con fondos provinciales y con lo que los sanjuaninos pagaron en la factura de luz durante años— pasaría a funcionar, en la práctica, casi exclusivamente para un solo privado.

El primero en saltar fue el EPRE, el ente regulador provincial. Definió la jugada sin pelos en la lengua: «La pretensión de capturar el 90% de la capacidad remanente constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso que desnaturaliza la función social y estratégica del sistema de transporte, subordinando el interés general de la población de San Juan a un interés privado particular».

Detrás del EPRE se alinearon los intendentes de Calingasta, Jáchal e Iglesia, la Secretaría de Energía de La Rioja y varias mineras (Los Azules, y ahora Hualilán y Casposo) que operan en la provincia. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, fue concreto al señalar que desde diciembre los vecinos del departamento ya vienen sufriendo microcortes en el servicio eléctrico. Si la resolución del ENRE se hace efectiva, el panorama para las familias calingastinas podría empeorar.

Por su parte, Andes Corporación Minera S.A. (del proyecto Los Azules), denunció un «ejercicio arbitrario de la función administrativa» y una «aplicación selectiva» de las normas para beneficiar a Vicuña.

Fue en ese contexto que Elsztain tomó posición Según la Resolución 219/2026 del ENRE, publicada el 24 de abril en el Boletín Oficial de la Nación, Golden Mining (Hualilán) y Casposo Argentina LTD solicitaron acceso al expediente el 5 de marzo y luego presentaron su oposición técnica con pedido de suspensión de plazos.

Uno de los proyectos vinculados al magnate, Casposo, argumentó que tiene asignada por ley provincial una reserva de 20 megavatios en esa línea y que esa capacidad no puede quedar capturada por Vicuña.

También exigió que el proyecto de BHP y Lundin sea tratado como «beneficiario no iniciador», lo que los obligaría a pagar por el uso de la infraestructura que ya estaba construida con plata pública antes de recibir cualquier autorización. Es el mismo argumento que sostiene el EPRE, ente provincial, desde el comienzo.

Ante la cantidad de impugnaciones recibidas, el ENRE convocó a una audiencia pública prevista para el 3 de junio. La contradicción política del momento también es llamativa: Elsztain, uno de los financistas del proyecto libertario, está usando los mismos argumentos que el regulador provincial para frenar a una empresa que el gobierno nacional impulsa como bandera de su política minera.

¿Quién es Elzstain?

El empresario porteño es dueño de más de 3 shoppings distribuídos por todo el país, preside el Banco Hipotecario y controla Cresud, una de las mayores empresas agropecuarias de Argentina.

Su fortuna fue estimada por Forbes en 5.000 millones de dólares y su nombre apareció en los Panama Papers y los Paradise Papers por una red de sociedades en paraísos fiscales. En la campaña de 2023, fue uno de los empresarios más cercanos a Javier Milei. Le prestó su hotel, el Libertador, como base de operaciones de La Libertad Avanza y lo presentó ante inversores internacionales.

Elsztain es dueño de la desarrolladora inmobiliaria IRSA e IRSA Propiedades Comerciales, del Banco Hipotecario y de las agropecuarias Cresud y BrasilAgro. También es presidente de la compañía Austral Gold y de la Fundación IRSA; además de cofundador de Endeavor Argentina. En su hoja de ruta empresarial tiene una marca vinculada al escándalo de filtración de documentos conocido como Panamá Papers.

Elsztain también juega en San Juan. Es el principal accionista de la mina de oro Hualilán, en Ullum, a través de Golden Mining S.A., subsidiaria de la australiana Challenger Gold. Y también es el principal dueño y controlador de la mina Casposo, en Calingasta, operada por su empresa Austral Gold. El «ensamble» entre ambas es un negocio redondo. El mineral que se extrae en Hualilán viaja en camiones 165 kilómetros hasta la planta de procesamiento de Casposo, donde se convierte en lingotes de oro y plata para exportar.

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Ese circuito, sin embargo, ya tiene sus propias polémicas. La Declaración de Impacto Ambiental de Hualilán exigía que la empresa presentara dos alternativas de ruta para el transporte y no lo hizo. El cementerio indígena que hay en el terreno de la mina tampoco figura en los estudios presentados ante las autoridades provinciales.

Los motivos de la disputa

Para entender el conflicto, hay que imaginar el sistema eléctrico de San Juan como una gran autopista. La avenida principal es el corredor Mendoza–San Juan: la única entrada de electricidad a la provincia desde la red nacional. Y ya está al límite — el propio Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) advirtió que esa línea se encuentra estructuralmente comprometida.

La línea Nueva San Juan–Rodeo es la extensión de esa autopista hacia el norte: recorre 162 kilómetros desde La Bebida, en Rivadavia, hasta la estación transformadora de Rodeo, en el departamento de Iglesia, y abastece además a Jáchal, Calingasta y Valle Fértil. Esta es la línea en disputa.

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Su construcción costó alrededor de 100 millones de dólares, financiados al 50% por el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal y al 50% por la provincia, a través de una contribución que los sanjuaninos pagaron durante dos décadas en la boleta de la luz. Hoy opera a 132 kV, aunque fue diseñada para funcionar a 500 kV — una actualización cara que el Gobierno provincial todavía tiene pendiente.

Sin esa línea, Vicuña no puede operar. El proyecto minero necesita partir de la estación de Rodeo para construir desde allí su propia extensión hasta la mina, de unos 167 kilómetros. Ese dato era una de las cartas más valiosas que tenía el Gobierno provincial: a cambio de autorizar el acceso a la línea San Juan-Rodeo, podía exigirle a la empresa que co-financiara la actualización pendiente a 500 kV. La lógica era simple: si querés usar lo que construimos, ayudá a terminarlo. Pero el Ejecutivo nacional tenía otros planes.