Discapacidad en crisis: «Mi hijo recibe una pensión de 300 mil pesos, con eso no cubrimos nada»
Centros en crisis, trámites interminables y pensiones insuficientes. Tras la propuesta del Gobierno nacional de modificar la ley de emergencia, Prestadores Autoconvocados de San Juan convocó a manifestarse frente a la sede de Obra Social Provincia.

El 22 de abril, Prestadores Autoconvocados de San Juan realizó una manifestación frente a la sede de la Obra Social Provincia. Los motivos fueron las «demoras inadmisibles» en los pagos del programaIncluir Salud y el riesgo de corte de la prestación y el cierre de las instituciones. Es que el Gobierno nacional envió al Congreso una modificación a la vigente ley de emergencia en discapacidad. El proyecto busca eliminar el nomenclador nacional de aranceles, que fija los valores de referencia que obras sociales y prepagas deben pagar a los prestadores e instituciones por cada servicio, lo que garantiza un piso mínimo de financiamiento en todo el país.
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Además, el proyecto del oficialismo (titulado «Contra el fraude de las pensiones por invalidez») propone que los actuales titulares de pensiones acrediten nuevamente su discapacidad y situación socioeconómica. «Eso ya se realizó el año pasado y trajo muchas dificultades», señala Mariela Agüero, representante legal de los centros educativos terapéuticos y centros de día Nuestra Señora de la Paz, Pertenecer y Lazos. Estos espacios atraviesan una crisis financiera. «El último pago que recibimos fue en diciembre. Es muy indignante. Para las personas con discapacidad, la institución es como una familia», señala la abogada.
«Los trabajadores [de los centros] están muy amargados, muy tristes porque van a perder su fuente de trabajo y los chicos van a quedar en la calle. Desde el 1 de mayo vamos a tener que cerrar las puertas».
mariela agüero
El oficialismo nacional justifica la iniciativa en que la ley debe adaptarse a la política del equilibrio fiscal, según comunicó el Ministerio de Salud. La postura del Ejecutivo es que el sistema actual es financieramente inviable y propenso al fraude.

Víctimas del vaciamiento
Jesús Pizarro perdió los dedos del pie hace más de un año y tiene una hija con discapacidad. Actualmente está desempleado. «Este gobierno no sirve para nada, ya nos vendió», lamenta.
Nosotros ya hicimos la auditoria el año pasado. Hice todos esos tramites. Ahora, otra vez hay que hacerlo, no sé con qué motivo» — Jesús Pizarro, hace más de un año perdió los dedos del pie y tiene una hija con discapacidad.

Marisa tiene un hijo con epilepsia y esquizofrenia que asiste al centro de día Lazos. «El año pasado, cuando hicieron las auditorías, nos pidieron diez mil papeles. Tuvimos que andar por todos lados», dice la madre y ama de casa. Esos trámites fueron especialmente difíciles porque las personas con esquizofrenia «no pueden estar encerrados en lugares mucho tiempo ni con gente que no conocen, porque se ponen nerviosos»
Mi hijo recibe una pensión por discapacidad de 300 mil pesos. Con eso no cubrimos absolutamente nada». — Marisa, madre de un joven con epilepsia y esquizofrenia.
Lorena Ruíz es madre de un joven con discapacidad. Para ella, el principal problema con las auditorías que deben volver a hacer está en la movilidad. Además, señala que el monto de las pensiones no alcanza para cubrir los gastos. «Lo que nos está haciendo este presidente está muy mal. Lo votamos para un cambio, no para destruir la Argentina. No ha hecho nada bueno», dice Lorena.
Yo le hice campaña. Yo pensaba que traería algo bueno para la Argentina. Es más, él no es argentino. Creímos en él y nos falló». — Lorena Ruíz, madre de un joven con discapacidad.

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Fotos: Leandro Porcel.








